BUENOS AIRES (Sputnik) — La expansión de la soja en Argentina, que se da desde hace tres décadas con el aliento de Gobiernos y grandes conglomerados, ha provocado enormes costos económicos, ambientales y de salud que explican, en parte, las últimas inundaciones que sufre el país, señalaron expertos consultados por Sputnik.
"Estamos en una verdadera emergencia ambiental como consecuencia del modelo sojero implantado", señaló el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.
El país sudamericano tiene actualmente 23 millones de hectáreas dedicadas al monocultivo de soja transgénica, casi tres veces el territorio de Irlanda.
"En los últimos 25 años se desmontaron 8 millones de hectáreas de bosques nativos y se destruyeron humedales, cuando son superficies necesarias para soportar los fenómenos extremos que se viven como consecuencia del cambio climático", explicó Viale.
Provincias como Buenos Aires, La Rioja (oeste), La Pampa (centro), Chaco (norte) y Tucumán (noroeste) han sufrido fuertes precipitaciones en las últimas semanas, lo que provocó la evacuación de miles de personas y la pérdida de infraestructura en varias localidades sumergidas por el agua.
El monocultivo de soja absorbe cada año 500.000 nuevas hectáreas, sin que ningún Gobierno haya intentado contener su avance.
El actual Ejecutivo de Mauricio Macri tiene a varios funcionarios vinculados al agronegocio, como el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, también exgerente de Monsanto, y además, "ha bajado las retenciones a la exportación de la soja al tiempo que flexibiliza la legislación ambiental que habíamos logrado, como la Ley de Bosques, hoy desfinanciada", señaló el abogado.
Argentina se ha convertido en "un gran experimento masivo", aseguró Viale, pues es uno de los países con mayor superficie cultivada de soja transgénica y eso que requiere del uso de más agroquímicos, "lo que está provocando una situación desconocida en el mundo".
Existen zonas en el país como la localidad cordobesa de Monte Maíz (centro) donde los casos de cáncer se triplican con respecto a la media nacional, ejemplificó Viale.
Fases de la expansión
Por su parte, el ingeniero agrónomo Walter Pengue, doctor en agroecología y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, explicó a esta agencia que existen tres fases en el avance de la soja.
La primera es la denominada "cabecera de playa", etapa que transcurre entre 1996 y 2002, cuando la llegada de la soja conlleva el ingreso del glifosato y la siembra directa en la región pampeana, que abarca las provincias de Buenos Aires (este), Entre Ríos (este), Santa Fe (centro-oeste). Córdoba (centro), La Pampa (centro) y San Luis (oeste).
En esos seis años se perdieron 140.000 establecimientos agropecuarios, a razón de tres por día.
"La escala necesaria para mantener en una ecuación económica la producción de soja pasó de necesitar 250 hectáreas a principios de los años 90, a 350 hectáreas a mediados de la década, hasta llegar a 550 hectáreas en 2002", puntualizó Pengue.
Lo más rentable por entonces no era producir por unidades o hectáreas, sino por volumen, de modo que "los grandes establecimientos adoptaron la tecnología, y los pequeños se fundieron", añadió.
La demanda de nuevas tierras precipitó la segunda fase a partir de 2002-2003, cuando se produjo una subida exponencial de los precios de la soja hasta superar los 600 dólares por tonelada.
Se incentivó entonces la demanda de más tierra en la región pampeana "a base de comprar tierra a pequeños y medianos agricultores, y fomentada por una fuerte expansión de los pool de siembra (asociación de inversores), que captaron fondos del mercado internacional y nacional", detalló el experto.
Algunos de los principales promotores fueron el grupo El Tejar, que acumuló 800.000 hectáreas, o el grupo Grobo, "más interesado en el negocio que en la soja, con la venta de fertilizantes, agroquímicos y semillas", señaló Pengue.
El intento en 2008 de gravar los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol con un esquema de retenciones móviles de acuerdo a su precio internacional conllevó a una revuelta que hizo tambalear el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Esta segunda fase culminó entre 2008 y 2009 para dar paso a la actual: una expansión del cultivo de la soja desde la región pampeana, que se extiende por 55 millones de hectáreas, hasta la región del Chaco, que incluye otros 10 millones de hectáreas (norte-oeste).
Este proceso de "pampeanización" no sólo trasladó el modelo productivo, sino también "su lógica económica, financiera, y su práctica cultural, que es convertir un bosque en algo llano y hacerlo cultivo", indicó el profesor.
"Eso cambia la perspectiva que se tenía del productor rural en la región chaqueña, que tenía la perspectiva de la madera como algo dentro de su lógica hasta visual", agregó.
A eso se suma que el actual Gobierno entrega subsidios a los productores de las regiones marginales extrapampeanas para que puedan bajar la soja a los puertos de salida y así equiparar, con dinero público, sus costos a los del productor pampeano.
Esta última etapa en la que se encuentra el país desvela la consecuencia de las dos anteriores: "problemas económicos porque el precio de la soja no es tan rentable, una expansión irracional de la soja, deforestación, cambio de suelos, catástrofes climáticas, y la inacción del Estado para controlarlo", concluyó el ingeniero.
La población de pueblos fumigados y zonas afectadas, sin embargo, comienzan a reclamar un cambio en la producción que contemple otros granos, la fruticultura, y la horticultura.
Es sabido que en sus primeros días de gobierno el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, encaró una espectacular flexibilización de la
normativa ambiental en dicho país. Colocó al frente de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, un connotado negacionista
del Cambio Climático y defensor de la industria petrolera. Además, la
Agencia se prepara para un recorte presupuestario de al menos un 25%,
a lo que se añade la orden ejecutiva que firmó Trump para revisar toda
la legislación sobre cuidado del agua a fin de “garantizar que no obstruya
el crecimiento económico”
No es tan sabido, sin embargo, que también en Argentina existe un plan sistemático para flexibilizar la normativa de protección ambiental, lograda gracias a movilizaciones populares y múltiples acciones de la sociedad civil. Estamos asistiendo a una “trumpización” de la política ambiental, pues no se trata de hechos aislados e inconexos, sino de procedimientos metódicos y premeditados, de modo similar al de la actual gestión norteamericana.
En este marco se inscribe el intento del Gobierno Nacional de una nueva reglamentación –vía decreto- de la Ley Nacional de Glaciares, con el objetivo de reducir notablemente las áreas protegidas. Una reforma a medida de las compañías mineras que, como Barrick, realizan su actividad sobre glaciares y periglaciales, algo explícitamente prohibido por la ley sancionada en 2010. En sintonía con la quita total de las ya exiguas retenciones mineras, el oficialismo promueve un Nuevo Acuerdo Federal Minero, que apunta a debilitar las regulaciones ambientales en las provincias donde existe resistencia social a dicha actividad. En el mismo sentido, circuló un "folleto minero", que el gobierno argentino llevó a una importante feria en Canadá, ofertando yacimientos situados en provincias donde la megaminería está prohibida por leyes locales. Que la tarea no es para tibios, lo muestra también la reciente eyección del Subsecretario de Minería de la Nación, Santiago Dondo, por sugerir mínimos controles ambientales, reemplazado por Juan Bisset, ex Jefe de Legales de la tan cuestionada compañía minera Vale.
Iniciativas similares alcanzan la Ley Nacional de protección de los Bosques Nativos. Así, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal logró sancionar una ley que “ordena” el bosque nativo provincial, que encaja perfectamente con los intereses inmobiliarios y el agronegocio (recordemos que el actual Secretario Provincial de Agroindustria es un ex alto directivo de Monsanto). Una norma regresiva que funcionó como termómetro en la ya inocultable intención del gobierno de desvirtuar hasta aniquilar la Ley Nacional de Bosques. La próxima en sufrir un (re)ordenamiento provincial a medida del agronegocio sería la provincia de Córdoba, donde se han registrado masivas movilizaciones -de más de 30 mil personas- para defender el limitado 3% de bosque nativo que dicha provincia conserva de sus formaciones originales.
Por la vía del decreto, fue modificada la Ley Nacional de Tierras Rurales que establecía limitaciones a la tenencia de tierras por parte de extranjeros, lo que favorece a amigos del Presidente, como el magnate inglés Joe Lewis, quien además de tener secuestrado un lago público, ahora pretende desarrollar un emprendimiento inmobiliario en áreas protegidas, pese a que la comunidad de El Bolsón y aledaños viene manifestando su rechazo con grandes movilizaciones.
Asimismo, el Gobierno Nacional anunció el relanzamiento de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, que supone no sólo flexibilización ambiental sino también laboral, para hacer rentable la costosísima y tan controversial técnica de fractura hidráulica (fracking).
Por otro lado, el Proyecto de Ley de Protección de Humedales, impulsado por el Senador Pino Solanas, cuenta con el boicot sistemático del oficialismo nacional, producto del lobby conjunto de sectores inmobiliarios, agronegocio y minería, a pesar de que las cada vez más recurrentes inundaciones muestran hasta qué punto los humedales son imprescindibles y estratégicos, en tanto ecosistemas, para la regulación hídrica.
Por si esto fuera poco, recientemente nos enteramos de la decisión del gobierno nacional de modificar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051), con la intención de quitarle uniformidad nacional, cambiar la estricta categorización y modificar sus tipos penales, los únicos puramente ambientales que existen en nuestro país.
En suma, si bien alguno podría argüir que, a diferencia de Trump, el discurso oficialista alude al cuidado del medio ambiente, los contundentes ejemplos que hemos citado evidencian todo lo contrario. Este es un gobierno que en nombre de la “modernización ecológica” apuesta a ampliar el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización ambiental, anticipando con ello un contexto de grave regresividad de derechos. Que esto se haga hablando de “cambio climático” no es un matiz, sino más bien una pantalla, con la cual se intenta cubrir el proceso de trumpización de la política ambiental en nuestro país.
Maristella Svampa, socióloga, y Enrique Viale, abogado, son autores de “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo” (Katz editores)
Abogado ambientalista apuntó contra Uñac: "Ya no hay más excusas ni retos que valgan"
Tras conocerse un nuevo accidente en la mina Veladero, el abogado ambientalista Enrique Viale disparó contra el gobernador de San Juan, Sergio Uñac al asegurar que el mandatario "ya no tiene más excusas ni retos que valgan".
En declaraciones a ámbito.com, Viale ironizó sobre a los dichos de Uñac, quien había advertido que no iba a permitir más incidentes en Veladero: "El gobernador parece de esos padres que retan a sus hijos, pero que nunca llega a la penitencia".
El abogado, quien fue uno de los primeros especialistas en denunciar lo sucedido en la mina, indicó que "la provincia de San Juan tiene que proceder al inmediato cierre de la mina porque no puede seguir funcionando". En ese sentido, Viale indicó que "el propio código de minería establece que a las tres infracciones graves en materia ambiental se tiene que proceder al cierre inmediato".
Al ser consultado por este medio sobre la supuesta falta de controles del Estado provincial en la mina, Viale indicó que "acá hay una desidia porque en términos reales eso es territorio extranjero"."Estamos viendo cuáles son los alcances de lo que pasó porque no podemos confiar en lo que dicen las autoridades.", amplió el especialista.
Respecto a las posibles soluciones ante lo sucedió Viale fue tajante: "Pedimos que se aplique la Ley de Glaciares en la mina porque Veladero la está violando y está dañando zona glacial y periglacial".
Por otro lado, el especialista comentó que en la comunidad de Jáchal (próxima a la mina) "están muy preocupados, no dan más". En ese sentido, el letrado señaló que "ya empezaron a juntarse en una movida muy espontánea" y no descarta marchas en la capital sanjuanina. Vale mencionar que a través de las redes sociales, Viale publicó un video del derrame en la mina en donde denunció que una máquina tapó con tierra el accidente.
Según informaron autoridades provinciales, el nuevo accidente registrado en la mina Veladero ocurrió como consecuencia de la desconexión de un caño con "material rico". El subsecretario de Información Pública de San Juan, Osvaldo Lima, precisó que el nuevo incidente se produjo cerca de las 22 del martes.
El funcionario reveló este miércoles que la empresa comunicó que se habían tomado todos los recaudos necesarios. En tanto, la Policía Minera salió hacia el lugar para corroborar la situación mientras que el Gobierno dispuso que una comisión del Ministerio de Ambiente de la Nación viaje a San Juan para realizar en Veladero para realizar una inspección y relevamiento del incidente ocurrido en la mina.
Mega-minería 2017: el plan de Macri para favorecer a las corporaciones y poner en peligro el agua en Argentina
A pesar de los 20 años de estacionamientos a la minería a cielo abierto, el gobierno pretende atraer más inversiones para esta actividad, flexibilizando la presión tributaria y el resguardo ambiental. En poco tiempo, distintas provincias más el Congreso de la Nación discutirán un Nuevo Acuerdo Federal Minero, que generaría una fuerte disputa. El entramado detrás de las leyes a favor de las corporaciones mineras. El “decreto Barrick Gold”. Entrevista exclusiva con el abogado que denunció las irregularidades que salpican tanto a macristas como kirchneristas.
Por Lea Ross | @LeandroRoss
La mega-minería, o minería a cielo abierto, es un procedimiento moderno para extraer los pocos minerales que quedan enterrados en los suelos. Consiste en dinamitar las montañas, moler las rocas en enorme molinos hasta reducirla casi a polvo y, finalmente, rociarlas con químicos para producir la separación del metal de la roca. Este proceso se lo conoce como lixiviación y termina con un cóctel de desechos encerrados en un gran dique de cola, en alta montaña, protegidos por una membrana supuestamente impermeable, que queda como secuela más peligrosa de todo el proceso. Todos los minerales -oro, plata, cobre, litio- se exportan en los barcos para luego ser procesados en otros países.
El primer proyecto megaminero en instalarse en nuestro país, en el año 1997, fue la mina Bajo la Alumbrera, manejada por La Alumbrera, una empresa mixta de activos estatales y extranjeras. Las reservas de Bajo La Alumbrera se agotarían en pocos meses, aunque se espera el surgimiento de un nuevo proyecto, pegado a ella, llamado Agua Rica, donde participarían los mismos inversionistas.
El proyecto más magnánimo es el de Pascua-Lama, única en el mundo que comparte el territorio de dos naciones: Chile y Argentina. Debido a esta particularidad, se creó en 1997 el Tratado Binacional, acordado entre el presidente argentino Carlos Menem y el presidente chileno Eduardo Frei. Es la gran obra que espera realizar la Barrick Gold. Sin embargo, su funcionamiento está frenada desde el 2014 por la justicia chilena por razones ambientales.
La actividad minera, que ha generado enormes cantidades de divisas para el país, viene siendo uno de los temas más urticantes para los últimos gobiernos. Desde su llegada han emergido distintos rechazos y prohibiciones para la instalación de proyectos de este tipo o de la actividad en sí, ya sea por vía de consulta popular, como fueron los casos de Esquel (año 2003) y Loncopué (2012); por presión de las resistencias vecinales, como ocurrió en los pueblos de Famatina y Chilecito en la provincia de La Rioja, contra la Barrick Gold (2007-2008) y la Osisko Minning Co. (2012-2013); o por vía deliberativa y municipal, luego de arduas luchas y resistencias, como ocurrió en Andalgalá, provincia de Catamarca, el año pasado. Sin mencionar que hoy son siete las provincias que esta prohibida la mega-minería por considerarla altamente contaminante: Córdoba, Chubut, La Pampa, Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán.
Además, se incluyen denuncias por hechos represivos por parte de la policía, de espionaje por parte de las corporaciones y de acuerdos cerrados entre empresarios y funcionarios públicos.
Sin embargo, en materia ambiental, la más recordada fueron los dos derrames de solución cianurada en la mina Veladero, perteneciente a la Barrick Gold y pegada al pueblo de Jáchal, en la provincia de San Juan, ocurridas en los años 2015 y 2016. Luego del primer derrame, Striptease del Poder expuso un informe sobre cómo el ex gobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja estuvo durante un cuarto de siglo trabajando como un gran protector de los negocios de la Barrick en Argentina.
A pesar de todo lo ocurrido en más de veinte años, el presidente Mauricio Macri tiene la férrea convicción de seguir profundizando está actividad. Luego del fracaso de atraer inversiones para 2016, su nueva estrategia consiste en fortalecer más las leyes que protejan esta actividad. Desde el Estado, señalan que tienen la convicción de recibir U$S 25.000 millones de acá hasta el año 2022 en materia de inversión minera.
Y para eso, va por la vía de la flexibilización impositiva, financiera y ambiental.
Acuerdo a cielo abierto
Así como la mega-minería ha sido puesto en agenda por derrames con cianuro, bloqueos selectivos en rutas o una represión policial contra una resistencia ciudadana, todo indicaría que este año será el Congreso de la Nación el que lo impondrá en la agenda nacional.
El ministro de energía y minería Juan José Aranguren (con saco claro) y el secretario de minería Daniel Meilán (a la izquierda de la imagen), en el anuncio del cierre de redacción del Nuevo Acuerdo Federal Minero. Ph: Ministerio de Minería y Energía.
La razón es porque en las dos cámaras legislativas vienen esperando la llegada del proyecto de ley para oficializar un Nuevo Acuerdo Federal Minero. El mismo, consiste en homologar las leyes tributarias que se le aplican a las actividades mineras, tanto las nacionales como las del ámbito provincial.
El texto, compuesto por una serie puntos, ya ha sido concluida y supuestamente ya fue repartida a todos los gobernadores del país y al presidente Macri, según señalan desde el Ministerio de Energía y Minería, el jueves 09 de febrero pasado. “El Acuerdo Federal Minero, que oportunamente deberá ser firmado por el Presidente de la Nación y los Gobernadores Provinciales, para ulteriormente ser ratificado por el Congreso de la Nación, busca afianzar una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma; ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen”, señalan desde el ministerio de Aranguren.
El primer Acuerdo Federal Minero fue ratificada en julio de 1993, mediante la Ley Nacional 24.228, con la firma del presidente Carlos Saúl Menem. Dentro de la misma, incluye la firma de los gobernadores que adhirieron al acuerdo, varios de ellos son caras conocidas. Estos son: Eduardo Duhalde (Buenos Aires), Arnoldo Castillo (Catamarca), Rodolfo Tauguinas (Chaco), Carlos Maestro (Chubut), Eduardo Angeloz (Córdoba), Mario Moine (Entre Ríos), Vicente Joga (Formosa), Roberto Domínguez (Jujuy), Rubén Marín (La Pampa), Bernabé Arnauldo (La Rioja), Rodolfo Gabrielli (Mendoza), Federico Puerta (Misiones), Jorge Sobisch (Neuquén), Horacio Massaccessi (Río Negro), Roberto Ulloa (Salta), Juan Carlos Rojas (San Juan), Adolfo Rodríguez Saa (San Luis), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Carlos Reutemann (Santa Fe), Carlos Mujica (Santiago del Estero), José Estabillo (Tierra del Fuego) y Ramón Ortega (Tucumán).
Entre los 23 postulados que plantea el Acuerdo Federal de 1993 se propicia “la eliminación de aquellos gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad minera”, “la eliminación del impuesto de sellos para todos aquellos actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales” y “evitar distorsiones en las tarifas de energía eléctrica, gas, combustibles y transporte que pudieran afectar a la actividad minera”.
Curiosamente, hay un punto 14 dedicado exclusivamente al medio ambiente, donde estipula la “necesidad de cumplimentar (…) una declaración de impacto ambiental”, la posibilidad de reforestar en áreas mineras y destinar fondos para investigaciones que apunten al cuidado ambiental.
Enrique Viale es integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Se ha desempeñado como abogado litigante en famosos conflictos socio-ambientales del país, entre ellos el conflicto en Jáchal. Viene realizando varias publicaciones, entre libros y artículos, junto con la prestigiosa socióloga del CONICET, Maristella Svampa. Y ha otorgado conferencias sobre el saqueo ambiental por distintos países en distintos continentes.
En esta entrevista para Striptease del Poder, el abogado tiene el pronóstico que este año el debate político estará muy caldeado con la mega-minería, a partir de la entrada en discusión del Nuevo Acuerdo Federal. Señala que si bien el proyecto no tendría muchas diferencias con la aprobada en los noventa, declara que es “obsoleto” en todos sus planteos, luego de todo lo que ha ocurrido en estas dos décadas.
Enrique Viale
.¿Cómo caracterizas el marco jurídico que regula la actividad minera actual en la República Argentina?-Hay un andamiaje jurídico minero impuesto en la década de los noventa, que se mantiene en la actualidad. Incluso, fue profundizado en los últimos años. Un andamiaje creado y que tiene la misma situación que en toda América Latina, que crea una serie de beneficios impositivos y financieros, más la flexibilización ambiental. Es decir: un combo que hace a la mega-minería sea sinónimo de saqueo y contaminación ambiental. Ahí tenemos la Ley de Inversiones Mineras (Nº 24.196/1993), sacada en la década de los noventa, que establece esta serie de beneficios. También el Acuerdo Federal Minero, vigente actualmente, es parte de esto. Y, para cerrar el combo, el Acuerdo Binacional Argentino-Chileno, que crea una especie de “tercer país” en la Cordillera para las trasnacionales mineras.
Fragmento del Artículo 8 de la Ley de Inversiones Mineras, aprobada en 1993, que garantiza la “gozosa” estabilidad fiscal durante 30 años.
-Con respecto al actual Acuerdo Federal Minero, el punto 14 hablaba de resarcir la cuestión ambiental con planes que fomenten la forestación de las zonas y las publicaciones de impacto ambiental. ¿Se ha cumplido eso en todos estos años?-No, a ver: en primer lugar, hay que decir que estamos hablando de una actividad que no es sustentable. Por más buena voluntad que se le ponga, la actividad en sí misma es altamente contaminante para el ambiente, debido a sus características propias: por el uso de agua, por el territorio donde se trabaja, y por la utilización de químicos y explosivos. No hay forma de hacerla sustentable. Todo lo demás puede ser edulcorado, con un lenguaje que pretende convencer a las poblaciones que va haber un cuidado ambiental. Incluso, en el paper [del que sería el Nuevo Acuerdo Federal Minero] que anda dando vueltas dice lo mismo. Pero nada de lo que se dijo se cumplió. Ni siquiera cumplieron con lo mínimo. La legislación minera tiene la perversa tarea de tratar de eludir los principios ambientales que rigen para el resto de la sociedad. Sobretodo, los principios preventivos y precautorios. Si se regían por esos principios, las actividades no podrían realizarse. Entonces, hay toda una situación creada especialmente para la actividad y después hay mucho lenguaje que se pinta de verde, pero que no lo tiene como tal.
-El Acuerdo Federal Minero pretende lograr una homogenización entre las leyes mineras nacionales y las que son provinciales. ¿Cómo ha sido esa relación entre provincias y Nación en todos estos años en cuanto a estas actividades que se presentan? -Lo que hubo fue -sobretodo en las provincias como San Juan, Catamarca y Santa Cruz- una convivencia de los gobiernos provinciales con los nacionales. Tanto el gobierno anterior como el actual, han tratado de eludir cualquier tipo de procedimiento de análisis ambiental. Desde el veto a la Ley de Glaciares hasta el no cumplimiento de la actual normativa. Hay toda una maquinaria aceitada para eludir la poca legislación ambiental que queda. Porque como dije, no hay forma que esta actividad sea sustentable. Entonces, ¿cómo caracterizo la relación de la Nación y las provincias? Como una relación que ha eludido el cumplimiento de las normas.
Gráfico de archivo del portal de noticias mineras Minning Press Argentina, donde muestra el origen provincial de las exportaciones mineras, cuando existían las retenciones a las mineras.
-¿Y eso apuntaría el Nuevo Acuerdo Federal Minero? ¿De eludir esas normas ambientales?-No, el borrador que tenemos es más de lo mismo, con el mismo lenguaje. La legislación actual minera viene de los noventa, que es una legislación absolutamente obsoleta y que pretendió siempre eludir el resto de la legislación ambiental. Y ni siquiera está previsto el cierre de minas. La nueva legislación que se viene trata de confundir a las poblaciones, con algunos artículos. Pero sabemos que las poblaciones no son tontas y que tienen mucha experiencia en esto. Sabemos que va a ser muy resistido y no va a ser fácil hacer que los gobernadores lo firmen, luego de las respectivas aprobaciones legislativas. Esto va a ser una disputa legal en el 2017 muy grande. No se si en San Juan, donde es mas difícil y esta todo muy alineado. Pero si en otras provincias donde tienen prohibido la megaminería.
-¿Qué va a pasar con esas provincias donde está prohibida la mega-minería? -Es probable que ellos van a ser parte del Acuerdo. Pero no tengo dudas que va a haber una resistencia muy fuerte. Los gobernadores la podrán firmar, pero a la hora de discutirla en las legislaturas provinciales van a generar una conflictividad muy grande. O en provincias que no esta prohibida pero que la conflictividad es muy grande, como La Rioja. Así que yo me imagino que en Córdoba, Mendoza, La Rioja y Chubut podrían ser las provincias con más conflictividad. Porque tienen que ser ratificadas por las respectivas legislaturas provinciales.
-¿O sea que solo ratificaría lo que ya se había firmado en los noventa?Sí. Solo agrega algunos puntos para la tribuna que tiene que ver con la participación ciudadana y la responsabilidad social empresaria. Pero las poblaciones saben leerlo tranquilamente. Muy rápidamente uno lo lee y ya se da cuenta que es parte de lo mismo.
En el momento que se terminó de redactar este artículo de Striptease del Poder, el Nuevo Acuerdo Minero ya obtuvo su primer rechazo. Se trata de Mario Das Neves, gobernador de Chubut, una de las provincias donde está prohibida la actividad y que declaró que el acuerdo “no tiene nada novedoso y deja de lado todo el tema de contaminación que es el capítulo para nosotros importante”.
Fragmento del Diario de Puerto Madryn, donde el gobernador de Chubut se adelantó en anunciar el rechazo al Nuevo Acuerdo Federal Minero.
El Decreto “Barrick Gold”
Un gran peligro que acarrea los proyectos mineros pegados a la Cordillera de los Andes es el impacto que generarían en los glaciares. Según el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales): “Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del planeta”.
Definición de glacial, según la “Ley de Glaciares”. Se la define a toda masa de hielo, “cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”.
“Si bien la nieve que se acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del oeste argentino, en años ‘secos’ o con baja precipitación nival, los glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío”, señala el IANIGLA.
A finales de 2016, luego del segundo derrame de cianuro en la mian Veladero, los querellantes en Jáchal recibieron una serie de documentos filtrados donde revelan la estrategia que recurría el gobierno de Mauricio Macri para flexibilizar la protección de los glaciares y, así, avanzar con los emprendimientos mineros.
Se trata del borrador de un decreto reglamentario para reorientar la aplicación de la actual Ley de Protección de Glaciares (Nº 26.369). Dichos documentos, fueron presentados por Enrique Viale y su colega Diego Seguí, cuyo expediente quedó en manos del juez Sebastián Cassanello. Es así, que el juez federal ordenó una serie de allanamientos al Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, y del Ministerio de Ambiente, manejado por Sergio Bergman.
Según consta la orden de allanamiento se acusa por “diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y por ende con los derrames producidos durante los días 12 y 13 de septiembre de 2015 y 08 de septiembre” del 2016.
Fragmento del orden de allanamiento del juez Cassanello a los ministerios de minería y ambiente.
La modificación que postula el decreto es la de reducir el concepto de glaciares a todo aquello que cubre como mínimo una hectárea, con lo cual los que ocupan menos estarían exentos de ser protegidos por la ley. Mientras que a los llamados glaciares de escombros se reduce a una mera inspección en la cuestión hídrica, pero no completando todo el monitoreo ambiental correspondiente.
Fragmento del borrador del decreto reglamentario, donde estipula que las inspecciones de glaciares solo será para aquellos que cubren un área mínima de un glacial. También incluye uno de las tantas correcciones del adjetivo “ambiental” para reducirlo a “hídrico”.
Una explicación del porqué reducir lo ambiental a lo hídrico es porque algunos glaciares de escombros, como parte de los ambientes periglaciares, tienen arroyos que son subterráneos con una profundidad de varios kilómetros por deabajo. Con lo cual, quedarían exentos de la inspección hídrica y así quedar desamparados de la Ley de Glaciares.
Ejemplo de un glacial de escombros activos. Ph: H. Gargantini.
Viale comentó a Striptease del Poder que en la redacción del decreto habría participado la Secretaría de Minería, a cargo de David Meilán, quien fue también subsecretario de minería durante el periodo 1994-1999, época en que Menem firmaba las primeras leyes mineras mencionadas.
-Si el Acuerdo Federal Minero apunta a la flexibilización impositiva, ¿este decreto reglamentario apuntaría a la flexibilización ambiental?-Sí, exactamente. El que habría participado de este decreto, insólitamente, es la Secretaría de Minería de la Nación. Digo insólitamente porque esto es para una ley de protección de glaciares, tratando de flexibilizar la ley inconstitucionalmente. Esto hay que decirlo, porque no podes mediante un decreto reglamentario modificar los alcances de una ley en normativa. En este caso, hablamos de la definición misma de glaciares, haciendo una insólita reducción a los glaciares a más de una hectárea. Esto favorecería expresamente y taxativamente a Barrick Gold, en el emprendimiento de Pascua-Lama, porque tienen un glacial en medio del casco que quieren hacer en Lama, es decir en el lado argentino, con un glacial que mide 0,7 hectáreas; o sea, menos de un hectárea. Esta hecho especialmente para esto.
Glacial Toro 1 cubierto de polvo por las explosiones en Pascua Lama. Ocupa un área de 0,7 hectáreas. Con lo cual, según el borrador del decreto reglamentario, no estaría amparado en la Ley de Glaciares. Gentileza: InfoBae.
-¿O sea que estaríamos hablando de un “decreto Barrick Gold”?-Así es. No solo Barrick Gold. En la investigación que viene llevando a cabo Cassanello, en uno de los allanamientos también encontramos un documento que establece que con el 10% del inventario hecho, al menos 40 proyectos mineros están violando la Ley de Glaciares, algunos ya en constitución. Es decir: el decreto está hecho pensado en eso. Y ahí está en esos documentos que nosotros filtramos un Power Point, que lo había hecho la Secretaría de Minería, hablaba de los miles de millones de dólares que se perderían por culpa de la Ley de Glaciares. En esos se incluye el proyecto de Veladero, Pascua-Lama y Agua Rica. Es decir, grandes proyectos mineros, algunos a futuro, que vienen a violar la Ley de Glaciares. Entonces el objetivo es reducir notablemente los peri-glaciares, haciendo una especie de examen hídrico a cada uno, cosa que no dice la ley. La Ley de Glaciares dice que los glaciares se los define en sí cualquiera sea su forma y dimensión. También en el peri-glacial, que para nada dice la ley que se reduce a eso.
Fragmento del borrador del decreto reglamentario. En ella, dentro de los glaciares de escombros, se observa que se borra la parte donde se estipula su Evaluación Ambiental Estratégica para reducirla solo a un Estudio de Significancia Hídrica
-¿El decreto da alguna justificación de por qué esas reducciones?-No. La explicación informal, y delirante, que dan es que no se registran en los satélites. Cuando vos podes ir al Google Maps y podés ver hasta las piletas de las casas. Eso sería una explicación medio risueña. Pero la explicación real se da en los propios comentarios que se hacen sobre el borrador de este decreto. En el borrador que nosotros filtramos están los comentarios, que están al margen, en los comentarios de Word, en donde todos están apuntalados a ver la forma de eludir el cumplimiento de la ley.
-¿Por ahora ese decreto es un borrador, no es que se haya publicado en el Boletín Oficial?-No, no. Es un borrador que no ha sido firmado. Ojala que la discusión pública, y con el escándalo que se generó, haya frenado esa locura.
Foto de archivo del presidente Macri, con los ministros Aranguren (energía y minería) y Bergman (ambiente).
-Todo esto parecería ser que apunta a las inversiones provenientes del extranjero. Porque luego del fracaso de 2016, el gobierno de Macri está interesado particularmente en atraer inversiones provenientes de la actividad minera. -No tengo dudas de eso. Uno de los primeros actos de gobierno fue la quita de retenciones a la actividad. Anunciadas a pocos kilómetros donde había ocurrido el primer derrame de la Barrick. Lo que parecía risueño era la puesta de Sergio Bergman como ministro de ambiente, un tipo que decía que no conocía esta actividad. Nosotros creemos que por su actividad, en su primer año donde recorrió las provincias donde hay resistencia social a la megaminería, terminó diciendo que la actividad minera era una política de Estado. Creemos que es un acto premeditado en ese rol de “dialogador”. Así que más que un ministro de ambiente, se convirtió en un ministro para ayudar en los lugares donde hay conflicto. Eso es algo que hay que analizarlo. Nosotros avizoramos para el año 2017 y 2018 una gran conflictividad social, porque hay una voluntad expresa del Ejecutivo en avanzar esta actividad
