Regresión política y poder económico


Regresión política y poder económico

Debate.Maristella Svampa y Enrique Viale
Vivimos en una sociedad en la que los riesgos e incertidumbres causados por la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en los ecosistemas, que afectan y amenazan los territorios y la reproducción de la vida.
La conciencia cada vez mayor de esos riesgos e incertidumbre explica porqué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio, convirtiéndose en cuestiones de interés colectivo, que involucran a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, las cuales buscan abrir el espacio de participación ciudadana.
Nada de esto es fácil, ya que de modo recurrente la clase política se opone a tales procesos. Un ejemplo escandaloso de esto último es lo ocurrido en la provincia de Chubut.
El martes 25 de noviembre la legislatura de esa provincia debía votar positiva o negativamente por una ley de iniciativa popular contra la megaminería, que impulsaba la población, y que contaba con el aval de 13.007 firmas (más del 3% del padrón electoral, según exige la Constitución provincial). Las posibilidades de que este proyecto de ley fuera aprobado eran importantes. La intensa movilización social, el hecho de que Esquel fuera pionera en la lucha argentina contra la megaminería, la argumentación ambiental que sustentaba dicho proyecto y el convencimiento de que cada vez se hace más difícil imponer verticalmente la megaminería, habían persuadido a una parte no menor de la dirigencia política chubutense en favor de la misma. Además, se agregaba que, por primera vez, se aplicaría un mecanismo de democracia semidirecta, previsto constitucionalmente.
Unas semanas antes de la votación, el lobby de la minería transnacional activó la alerta y desarrolló una agresiva campaña mediática, buscando asustar a la población acerca de las consecuencias de esta ley, tratando de “ignorantes” a amplios sectores de la sociedad chubutense, o bien, insistiendo en que no había habido “debate” sobre el tema minero.
Lo cierto es que en Chubut el debate sobre la megaminería se viene dando desde 2002, lo cual se vio reflejado en la consulta pública realizada en Esquel, en 2003, refrendada luego por la ley provincial 5001, que prohíbe la megaminería con sustancias tóxicas. Era esa ley la que la iniciativa popular presentada ahora buscaba complementar.
Sin embargo, ese día de noviembre, en lugar de tratar el proyecto de la ciudadanía, el Frente Para la Victoria junto con aliados del Partido Justicialista, impulsó otro proyecto de ley, con el mismo nombre, muy diferente (en su letra y en su espíritu), que distorsionaba claramente el sentido propuesto por la iniciativa ciudadana, abriendo las puertas a la posibilidad de la megaminería en Chubut.
Hasta ahí los hechos tienen que ver con la manipulación de la voluntad popular por parte de una clase política autocentrada, que rechaza o bastardea los legítimos mecanismos participativos de la democracia, para convertirlos en letra muerta. Pero lo que sucedió en Chubut fue algo más, algo que grafica de modo incontestable la regresión institucional en nuestro país y habilita la derogación o el veto de la ley aprobada. Pues al día siguiente se difundió una foto de un diputado del PJ, Gustavo Muñiz, que responde al FPV, quien en plena sesión legislativa recibió mensajes en su teléfono celular con instrucciones sobre la redacción de la ley aprobada, por parte de un Gerente de la transnacional minera Yamana Gold.
La fotografía es inobjetable e ilumina aquello que es uno de los grandes signos de nuestra época: las relaciones cada vez más explícitas –alguien diría “carnales”- entre poder político y grandes compañías transnacionales.
Claro que hay otros ejemplos recientes: en agosto de 2013 la legislatura neuquina aprobó el convenio firmado entre YPF y Chevron, que contiene cláusulas secretas, disposiciones que ni los diputados del oficialismo provincial y nacional conocían, pese a lo cual obedientemente levantaron la mano.
Hay que leer lo ocurrido en la provincia de Chubut en clave nacional. Si, como argentinos, no queremos que en nuestro país la clase política termine siendo hablada y manipulada desde el poder económico, y la ciudadanía caiga fundadamente en el peor de los descreimientos frente a la institucionalización del fraude, buscando otras vías de resolución de los conflictos, debemos pensar en el modo de garantizar la transparencia del sistema democrático y la necesaria democratización de las decisiones.
Maristella Svampa es socióloga. Enrique Viale es abogado ambientalista. Autores de "Maldesarrollo" (Katz editores)


Dossier del libro de Svampa y Viale: "Maldesarrollo. La Argentina del Extractivismo y el Despojo"

De la megaminería al modelo sojero, del "extractivismo urbano" al fracking: un libro imprescindible para los debates sobre nuestro futuro común.
LANZAMIENTO SEPTIEMBRE 2014


Maristella Svampa y Enrique Viale

Maldesarrollo
La Argentina del extractivismo y el despojo

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El modelo productivo extractivista hace pensar que la región ha pasado
"del consenso de Washington al consenso de los commodities".
Katz editores

invita a la presentación de

Maldesarrollo
La Argentina del extractivismo y el despojo

de Maristella Svampa y Enrique Viale

Presentan:Eduardo Anguita, Alejandro Bercovich, Marta Maffei, Alejandro Katz y los autores


Jueves 16 de octubre, a las 19.00 hs.
DAIN - Usina cultural
Nicaragua 4899, Ciudad de Buenos Aires
Entrada libre y gratuita

Entrevistas a los autores


Penurias del medio ambiente despojado, por Héctor Pavón, Revista Ñ, 01/09/2014

Ecología política. Maristella Svampa y Enrique Viale tejen un diagnóstico alarmante del ecosistema local agobiado por el modelo industrial imperante.

¿La Argentina está en emergencia ambiental? "Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida". Así, duro y escéptico, arranca Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (Katz Editores) el libro en el que Maristella Svampa y Enrique Viale deconstruyen un país que presenta puntos críticos en su ecología política, en la explotación de recursos naturales y en el cuidado del medio ambiente. Muchos responsables, pocas soluciones y un futuro más que comprometido. De ello hablan en esta entrevista los autores de este libro preocupante.
–Si pudiéramos definir la crisis en relación a la situación ambiental de la Argentina, ¿cómo lo expresarían?

Viale: – En todo el país se ha consolidado un modelo extractivista-exportador que sobreexplota a la naturaleza, donde son las corporaciones las que dominan los territorios; teniendo como paradigmas a la minera Barrick en la cordillera, Monsanto en el campo, IRSA en las ciudades y, ahora, Chevron en el subsuelo. A este control territorial hay que sumarle la extrema situación que se sufre en el ámbito metropolitano con la incontrolada contaminación de sus dos grandes cuencas, el Riachuelo y el Reconquista.

–El maldesarrollo es pura responsabilidad de las instancias gubernamentales? ¿Dónde se vuelve más visible?

Svampa: –
 El maldesarrollo tiene que ver no sólo con modelos de producción sino también con modelos de consumo que prevalecen tanto en el norte como en el sur global, con lo cual estamos entonces frente a un problema de fondo, de orden civilizatorio. Esto no significa desresponsabilizar a los gobiernos, cuando vemos que éstos promueven activamente dichos modelos de maldesarrollo. Es lo que hizo el kirchnerismo a través del modelo sojero, el de megaminería y ahora con el de hidrocarburos. Tomemos el sojero: en vez de pensar en una transición y salida del monocultivo, el gobierno redobla la apuesta con el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que plantea un aumento del 60% de la producción de soja, con los efectos que esto tiene en términos de deforestación, corrimiento de la frontera agropecuaria y, por ende, de mayor criminalización y represión de campesinos e indígenas. A esto sumaría los nuevos convenios con Monsanto y los conflictos en Córdoba, que también ilustran la relación entre modelo sojero y regresión de la democracia; y el proyecto de la nueva Ley de semillas, que avanza en el sentido de la mercantilización. Así, la visibilidad del agronegocio como modelo de maldesarrollo es cada vez mayor.

–En los casos tratados se contraponen las acciones contaminantes con la defensa de la fuente laboral. ¿Cómo se sale de este callejón?

Viale: –
 Es una falsa dicotomía. No hay región en el mundo que haya logrado un verdadero desarrollo socioeconómico con estas figuras extremas del extractivismo, a lo sumo puede generar “crecimiento económico” (aumento del PBI), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame”, sin auténtico progreso para la población y una alarmante reprimarización de la economía.

El extractivismo también llegó a las grandes ciudades con la especulación inmobiliaria que expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales. El éxito de la ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento del valor de los inmuebles. Los barrios pierden identidad y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. Los inmuebles se convierten en una especie de commodity, mercancía, pura especulación.

–¿Qué puntos evidencian la continuidad entre el Consenso de Washington y el de las commodities?

Svampa:–
 Hay continuidades y rupturas. El Consenso de Washington puso en el centro la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, redefiniendo el rol del Estado, mientras que el de los commodities coloca en el centro la implementación masiva de grandes emprendimientos extractivos orientados a la exportación de materias primas, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo que permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas y conservadores o neoliberales. En ambos la noción de “consenso” es crucial, pues hay un acuerdo sobre el carácter irrevocable o irresistible de la dinámica propia del período: el neoliberalismo en los 90; el extractivismo en la actualidad. El discurso es que “no hay otra alternativa”, lo cual apunta a descalificar las resistencias colectivas y a instalar un lenguaje de la resignación, suturando la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo.

–¿En qué se basa la existencia de una ilusión desarrollista en la región?

Svampa: –
 Eso era en otras épocas, cuando la cuestión ambiental estaba ausente del problema y todo recaía en la incapacidad del estado de transformar sus recursos en materia de acumulación y desarrollo. Pero la ilusión desarrollista está conectada con un imaginario social muy arraigado sobre la naturaleza americana, considerada como extraordinariamente pródiga en recursos naturales. Esta idea de la abundancia genera una visión mágica, una fiebre eldoradista visible en la creencia de que, gracias a las oportunidades económicas actuales –los altos precios de las materias primas– y la creciente demanda de China, es posible acortar rápidamente la distancia con los países industrializados y alcanzar el desarrollo. Es lo que hoy vemos detrás del consenso sobre el fracking en Vaca Muerta, que une al gobierno con la oposición. Hay un rechazo a cualquier crítica; todos buscan creer; niegan o minimizan los graves impactos ambientales y sociosanitarios, pero también los costos políticos y económicos.

–¿Cuánto ha cambiado la noción de territorio en estas últimas décadas?

Svampa: –
 En los 90, el territorio aparecía ligado al barrio y era la piedra de toque para la auto-organización comunitaria; el lugar privilegiado para la repolitización de las relaciones sociales, en el sentido de la lucha, la solidaridad y el trabajo. Eso sucedió con los movimientos de desocupados. Pero en los últimos años, frente a la expansión del extractivismo, el concepto de territorio se cargó de otras dimensiones. Hay que entender que modelos como el de agronegocio, la megaminería, los grandes emprendimientos turísticos y residenciales, el fracking, implican una ocupación intensiva del territorio, generan una colisión de territorialidades, y no permiten la coexistencia con otros modelos de desarrollo y otros estilos de vida. Así, los movimientos socio-territoriales que hoy emergen apuntan a la defensa de los bienes colectivos y vehiculizan otros lenguajes de valoración del territorio, por fuera del eficientismo dominante.
–¿Cómo han reaccionado las comunidades afectadas? ¿Pudieron sostener sus luchas? ¿Fueron escuchadas?

Svampa: 
– En la Argentina son numerosas las resistencias, pero todo depende del modelo al que hagamos referencia y también de la escala en la que se sitúe la lucha. Por ejemplo, la megaminería suscitó resistencias desde temprano y creo que eso se debe a que en la Argentina no hay tradición de minería a gran escala. Y aunque las empresas nunca se van del todo, entre 2003 y 2010 siete provincias sancionaron leyes que prohíben este tipo de minería. Con respecto al fracking, unos 35 municipios ya cuentan con ordenanzas que prohíben esta técnica, pero la tendencia es que la Nación y las provincias no avalen estos procesos. Respecto de la soja, el modelo agrario está tan naturalizado y la tendencia a la sojización es tan alta, el patrón de dominación tan fuerte, que las medidas adoptadas por el Estado son irrisorias comparadas con los impactos.
Viale: – Estas luchas ciudadanas están dejando huellas históricas en la defensa de los territorios y una luz de reflexión sobre el saqueo económico, la devastación ambiental, social, cultural e institucional que significan las figuras extremas del extractivismo en la Argentina: la megaminería, el fracking, el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Esquel, Famatina, Loncopué, Malvinas Argentinas, entre otras localidades, son emblemas de lucha y perseverancia.

"M. Svampa y E. Viale tejen un diagnóstico alarmante del ecosistema local agobiado por el modelo industrial imperante." H. Pavón - Revista Ñ

–¿El kirchnerismo tiene algún tipo de contradicción interna en el tratamiento de temas como fracking o megaminería, por ejemplo?

Svampa: –
 El kirchnerismo comparte con las corporaciones transnacionales la visión del progreso y el desarrollo. Más allá de los discursos épicos, las alianzas con los sectores trasnacionales son estratégicas. La megaminería fue un punto ciego durante mucho tiempo, pero después de la pueblada de Famatina, en 2012, el kirchnerismo hizo explícito su apoyo al modelo y no dudó en estigmatizar a aquellos que se oponían. Para el caso del fracking, esto fue facilitado por la crisis energética y el discurso nacionalista que vino de la mano de la estatización parcial de YPF.

Viale: – Estos conflictos desenmascaran el pacto entre gobierno y corporaciones, lo que choca de frente con el relato de supuesto enfrentamiento. Por ello el gobierno se encargó de modo sistemático de obturar el debate negando las graves consecuencias ligadas a la expansión y consolidación del modelo extractivista.

–¿Y cómo actúa el gobierno de la Ciudad con la edificación ilimitada, por ejemplo?

Viale: –
 El gobierno macrista utiliza la cuestión ambiental a través de la entelequia “Ciudad Verde”, símbolo del marketing verde. En la ciudad se consolidó un modelo donde la (poca) naturaleza urbana y los espacios públicos son completamente sacrificables en pos del “crecimiento” de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza irracionalmente y se avanza sobre las superficies absorbentes en áreas urbanas que no las planifica el interés general, sino la especulación inmobiliaria a través de los privilegios que le conceden los poderes del Estado. Un ejemplo de ello fue el resultado del Pacto PRO-K en la legislatura porteña –noviembre de 2012– que entregó casi 200 hectáreas de tierra pública de la Ciudad a la especulación inmobiliaria y los centros comerciales.

–¿Los movimientos sociales pueden pensar políticamente más allá de la problemática que los convocó?

Svampa: –
 A los movimientos hay que comprenderlos en un sentido dinámico: nacen con una reivindicación puntual, acotada, pero en el proceso de movilización, muchos incorporan temas más amplios a su plataforma discursiva y representativa. Gran parte de esta comprensión global se debe a su inserción en un campo de lucha más amplio que los conecta con otras organizaciones sociales, y las opone a toda suerte de poderes (empresas transnacionales y gobiernos).

–El papel de la Corte llamando a una solución conjunta en el caso Riachuelo, ¿puede replicarse en otras cuestiones ambientales?

Viale: –
 Esa actuación generó expectativas prontamente disipadas cuando la Corte eludió pronunciarse en otras causas, como la problemática de los agroquímicos. O, cuando actuó con una llamativa celeridad para levantarle el embargo judicial a Chevron (que habilitó el acuerdo con YPF), lo que contrasta con la causa por contaminación sobre los glaciares contra la minera Barrick en Pascua-Lama, que duerme hace más de 6 años en un cajón. Por su parte, la situación de la Justicia en las provincias también es preocupante. Es conocida por quienes seguimos los juicios emanados de reclamos por tierra, agua o minería, la connivencia de la Justicia local, aunque sean juzgados federales, con las corporaciones económicas.

–¿Cuándo se identifica al extractivismo urbano como problemática ambiental?

Viale: –
 El extractivismo también llegó a las grandes ciudades con la especulación inmobiliaria que expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales. El éxito de la ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento del valor de los inmuebles. Los barrios pierden identidad y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. Los inmuebles se convierten en una especie de commodity, mercancía, pura especulación. En la Ciudad en los últimos diez años se construyeron 20 millones de m2 y creció un 50% la población de sus villas. La mitad de los inmuebles de Puerto Madero están vacíos. La contracara de esta especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional de todo el país.

–¿Cómo los encuentra posicionados el futuro argentino? ¿Son optimistas?

Svampa: –
 No soy optimista. Y no sólo porque creo que el kirchnerismo nos deja una década hipotecada, lo cual no se reduce a la cuestión socioambiental y sanitaria, sino porque su abandono cada vez más explícito del llamado “espacio progresista” tiene también una contracara oscura: me refiero a la derechización de las fuerzas políticas, hasta hace poco pertenecientes al campo de la centro-izquierda, como sucede en UNEN. La oferta electoral de 2015 nos encontrará divididos entre una mayoría que abarca posiciones de derecha dura y centroderecha (Macri, Massa, Unen, peronistas variopintos), y una izquierda, la alianza trotskista, minoritaria, cuyas dificultades de aglutinamiento político son muy persistentes.

Viale: – Más allá del escenario electoral pesimista que hace Maristella, con el cual coincido, me parece importante resaltar que se están reconstruyendo y resignificando conceptos elementales para saltear la encrucijada que el capital transnacional puso sobre la región: derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, vivir bien, justicia ambiental, derecho a la ciudad, eco-socialismo, bienes comunes, alternativas al desarrollo, entre otros. Estos lenguajes forman parte del diálogo cotidiano de los pueblos que están defendiendo sus territorios, de estas nuevas formas de resistencia y alternativas al sistema, que dejan ver, al menos de manera incipiente, síntomas e indicios para construir un nuevo paradigma civilizatorio.

El maldesarrollo tiene que ver no sólo con modelos de producción sino también con modelos de consumo que prevalecen tanto en el norte como en el sur global, con lo cual estamos entonces frente a un problema de fondo, de orden civilizatorio. Esto no significa desresponsabilizar a los gobiernos, cuando vemos que éstos promueven activamente dichos modelos de maldesarrollo.
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Sostienen los autores
Hace tiempo que venimos advirtiendo sobre la peligrosa construcción de un relato mistificador y celebratorio de la explotación de hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking por parte del gobierno nacional a través de YPF, así como de los involucrados provinciales, que incluyen de modo central a los gobiernos neuquino y rionegrino. La intensa estrategia comunicacional, que busca rechazar de plano cualquier crítica o carácter controversial a la metodología de la fractura hidráulica, cobra por momentos ribetes grotescos cuando no insistentemente dramáticos y negadores de la realidad. Así, en todos los casos, operadoras y gobiernos hablan de "fracking seguro" y de "controles serios", ocultando información a la población, mientras se minimizan los riesgos ambientales y los cuestionamientos económicos y políticos, se apunta a negar la representatividad y los derechos de las comunidades mapuches, se habla peyorativamente de los "sectores ambientalistas" y, en el límite, como en caso del gobierno neuquino, se los acusa de "terrorismo ambiental".
RÍO NEGRO, 18/07/2014

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Finalmente, frente a esta enorme batalla comunicacional emprendida por YPF, que apunta a trasmitir certeza, seguridad y eficiencia, y sobre todo ahogar cualquier intento de crítica, es bueno recordar que en el campo del shale gas hay muy malos antecedentes (en Estados Unidos) y una gran incertidumbre. Pese a ello, el gobierno está construyendo un gran relato mistificador, no sólo sobre la “deuda buena” (¡como dijo un periodista de las filas del oficialismo respecto del pago de la indemnización a Repsol!), sino también acerca del “buen fracking”, sin importar si por esta vía consolida un modelo de maldesarrollo, basado en el cortoplacismo de las decisiones, el despojo económico y la impunidad ambiental.
LA VANGUARDIA, 21/03/2014

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Fragmento
Prefacio

Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida. La conciencia cada vez mayor de los riesgos y la incertidumbre explica por qué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio. Estos se convierten en debates y decisiones colectivas, que involucran no solo a especialistas, sino también a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, que buscan abrir el espacio de participación ciudadana y hacer sentir su voz acerca de los impactos de técnicas y modelos de desarrollo. En esta línea se insertan los debates sobre las consecuencias económicas, ambientales, sociosanitarias, culturales y políticas ligadas a la implementación masiva de los gigantescos emprendimientos de carácter extractivo, los grandes planes de infraestructura y los nuevos sistemas agrarios tendientes al monocultivo, que, entre otros megaproyectos, avanzan en nuestro país. Lejos de ser naturalizados, aceptados acríticamente o sin discusión por parte de la población, estos megaproyectos comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Así ha sucedido con la megaminería en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. La misma respuesta comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, visto sus impactos sociosanitarios, el desplazamiento y la criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, el avance del desmonte y la utilización masiva de agrotóxicos. También ocurre con el modelo urbano, marcado por la especulación inmobiliaria, la emergencia habitacional, la multiplicación de construcciones "premium" y los megaemprendimientos residenciales y turísticos. Por último, la extracción de los hidrocarburos no convencionales, a través de la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta asimismo en este registro controversial, debido a los daños ambientales y sociosanitarios que involucra. Estos modelos presentan en común una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos. Todo ello nos impulsa a pensar que la Argentina que hoy tenemos lejos está de ser el producto de una "década ganada", aunque tampoco se trata de una "década perdida". Más sencillamente, lo que hay frente a nosotros es un país hipotecado social, económica y ambientalmente por modelos de desarrollo insustentables o, como hemos decidido llamarlo aquí,
 por modelos de maldesarrollo. Este libro propone explorar, analizar y desarmar los diferentes modelos de maldesarrollo que hoy se expanden en nuestro país, así como dar cuenta de las formas de resistencia colectiva que los mismos han venido generando. Nuestro enfoque no pretende reducirse a la denuncia, ni al análisis empírico, ni a la sucesión de estudios de casos, sino que busca ser un aporte a la comprensión global de los modelos de maldesarrollo y sus dinámicas -sociales, políticas y económicas-. Para ello nos valemos de conceptoscríticos y conceptos-horizontes que abren la posibilidad de pensar otro tipo de sociedad. Si bien este libro no aspira a tener un carácter exhaustivo, son numerosos los caminos que emprenderemos para dar cuenta de la Argentina del extractivismo y el despojo. Así, en el capítulo 1 planteamos un recorrido por algunos de los temas y conceptos fundamentales desde los cuales proponemos leer las problemáticas territoriales y socioambientales que caracterizan a la Argentina contemporánea. Se trata de conceptos generales que, más allá de las especificidades nacionales y los diferentes contextos, pueden aplicarse al análisis del actual escenario latinoamericano: Consenso de los commodities, extractivismo, maldesarrollo, justicia ambiental, territorios y lenguajes de valoración.

Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida.

En el capítulo 2 abordaremos el surgimiento de la cuestión ambiental en nuestro país. Para ello, en una primera parte daremos cuenta de cuáles han sido los avatares modernos del Derecho y su visión acerca de la naturaleza, para adentrarnos luego en los principales conflictos de los últimos doce años (2002-2014) que han contribuido a pensar y visibilizar la cuestión ambiental en nuestro país. El capítulo 3 toma el espinoso tema de los pasivos ambientales y las zonas de sacrificio, pues el maldesarrollo se advierte también si miramos hacia atrás. Constatamos, entonces, que la Argentina arrastra pasivos ambientales de talla y una manifiesta situación de injusticia ambiental que afecta a las poblaciones con menor poder económico y político. Nos referimos a procesos de contaminación industrial que comprometen la salud y el ambiente de millones de argentinos, como sucede en las cuencas del Riachuelo y el Reconquista. Asimismo, la minería tradicional (como en el caso emblemático de la provincia de Jujuy, con los yacimientos de Abra Pampa y Pan de Azúcar) y los enclaves petroleros (como el de Loma de la Lata, en Neuquén, y la zona de Comodoro Rivadavia, en Chubut, por mencionar solo algunos casos testigo) ilustran situaciones extremas de maldesarrollo e injusticia ambiental que van configurando zonas de sacrificio. En el capítulo 4 nos abocamos a analizar el proceso de la expansión de la soja, que ha reconfigurado por completo el sector agrario argentino. Este modelo multiactoral, que tiene un carácter complejo, trajo prosperidad a determinados actores sociales (grandes y medianos) y conllevó la exclusión de una profusa capa de pequeños y medianos productores que no lograron o no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos. Trajo también una mayor concentración económica y, de modo acelerado, la tendencia al monocultivo de la soja y la expansión de las fronteras de explotación. Con los años, ello se ha venido traduciendo en un mayor acaparamiento de tierras, el avance del desmonte y la consolidación de una lógica criminalizadora que se expresa cada vez más a través de desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas. Pero si en la frontera el modelo se expresa de modo más salvaje y brutal, en su corazón ya puede palparse el impacto socio-sanitario. Así, proponemos también reconstruir los hilos cada vez más visibles de esa trama que ha convertido a la Argentina en un enorme experimento masivo, vinculado a la utilización del glifosato y otros agroquímicos. Seguimos con el capítulo 5, consagrado a la megaminería,en el que nos proponemos explorar el modelo minero, dedicándonos muy especialmente a dar cuenta del proceso de conflictividad desatado en2003, en Esquel y que alcanzó uno sus momentos más álgidos en 2012, cuando se produjo la pueblada de Famatina. Es interesante observar que, más allá de la vertiginosa expansión de la megaminería, en la actualidad existen siete provincias en nuestro país que prohíben la actividad minera con algún tipo de sustancia química. Asimismo, por diferentes razones, dos de los grandes emprendimientos mineros emblemáticos de este período, como son el de Potasio Río Colorado (primero en manos de Río Tinto y luego, de Vale) y el binacional de Pascua Lama (de Barrick Gold), han sido suspendidos. Por otro lado, nos interesa indagar la realidad de las provincias mineras muy especialmente para sopesar la falsedad de ciertos mitos impulsados por los defensores del modelo minero acerca de los beneficios que brindaría el sector como generador de empleo, como "motor de desarrollo", como contribuyente al Estado, entre otros. En el capítulo 6 abordaremos las formas del urbanismo neoliberal, cuya lógica se acopla perfectamente a las formas del extractivismo vigente: nos referimos así a tres tipos de fenómenos; en primer lugar, al modelo de ciudad que hoy se impone en nuestro país, expresado en el vertiginoso proceso de especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo las condiciones de acceso a la vivienda, cuestionando además la tradición de los espacios públicos. Así, lejos de salir del modelo de ciudad neoliberal, en los últimos diez años los diferentes gobiernos, sobre todo en la escala local, profundizaron la acción del mercado de la mano de los grandes agentes económicos -algo ilustrado por las reformas de los distintos códigos de Ordenamiento Urbano y por los negociados inmobiliarios-, lo cual choca a todas luces con un modelo de ciudad socialmente inclusiva y ambientalmente sustentable. En segundo lugar, nos referimos a la expansión de los megamprendimientos residenciales -al estilo de los countries-, comerciales y turísticos, que se reactivaron de la mano de desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios a partir de 2004. Un ejemplo de ello son las urbanizaciones cerradas acuáticas, que construyen su oferta en torno a paisajes asociados al agua y que hoy amenazan ecosistemas estratégicos y frágiles, como los humedales y las cuencas de los ríos, imprescindibles para la sustentabilidad de los aglomerados metropolitanos. Por último, abordamos también el creciente fenómeno de privatización de los espacios públicos y cercamiento de bienes comunes (costas de lagos y ríos, entre otros) que, de modo emblemático, se registra en la región patagónica. El capítulo 7 trata el tema de la explotación de los hidrocarburos no convencionales con la metodología de la fractura hidráulica, técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos ambientales de este método de explotación son numerosos y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que origina movimientos sísmicos, utilización intensiva del territorio, entre otros. Durante los años 2012 y 2013 seguimos con detenimiento la problemática en aquellos territorios en los que avanza la explotación de los hidrocarburos no convencionales, particularmente en las provincias de Neuquén y Río Negro. En este tema nos interesa ir más allá de las narrativas "eldoradistas" que recorren el discurso del poder (político y económico), para indagar en los puntos ciegos de los aspectos técnicos y ambientales, pero también en los entramados económicos y políticos. Por último, en las conclusiones, sin abandonar los conceptos críticos que jalonaron nuestro análisis, proponemos una reflexión más general con la ayuda de conceptos-horizontes, por medio de los cuales creemos que resulta posible pensar otro vínculo con el ambiente, otra racionalidad, otro modelo de sociedad. Conceptos como los de bienes comunes, derechos de la naturaleza, ética del cuidado, estarán en el centro de nuestra reflexión, que se nutre tanto de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano como del lenguaje de las luchas y resistencias colectivas. Asimismo, también traeremos al debate la necesidad de pensar una agenda de transición y de alternativas al extractivismo, una discusión cada vez más necesaria en la Argentina de hoy.

Los autores


Maristella Svampa (Allen, Argentina, 1961)
Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, magister en Filosofía en la Universidad de París I y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de París. Es socióloga y escritora, autora de diferentes investigaciones, ensayos y novelas. Es investigadora principal del Conicet y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesora invitada en numerosas universidades del extranjero (Alemania, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Italia y México) y dictado conferencias en diferentes países. En 2006 recibió la Beca Guggenheim y el premio Konex al mérito en Sociología, y en 2014, el premio Konex al mérito al Ensayo Político-Social. Forma parte del "Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo" coordinado por la Fundación Rosa Luxemburgo, junto a otros referentes de América Latina. Es miembro del colectivo de intelectuales Plataforma 2012.
Enrique Viale (Buenos Aires, Argentina, 1974)
Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en la misma casa de estudios y se especializó en Derecho Ambiental. En 2004 fundó, junto a otros colegas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, de la cual es el actual presidente. Es miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra, que preside Vandana Shiva, de la Earth Law Alliance, constituida por abogados especializados de todo el mundo. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental, y permanentemente recorre el país acompañando las luchas ciudadanas y asamblearias. Forma parte del Colectivo por la Igualdad, del colectivo de intelectuales Plataforma 2012 y del "Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo" coordinado por la Fundación Rosa Luxemburgo, junto a otros referentes de América Latina.


Ficha bibliográfica


Maristella Svampa y Enrique Viale
Maldesarrollo
La Argentina del extractivismo y el despojo

serie conocimiento
Katz Editores
425 páginas, 15 x 23 cm.
ISBN 9788415917137, rústica

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Reportaje a Maristella Svampa y Enrique Viale sobre su nuevo libro: Maldesarrollo


Penurias del medio ambiente despojado

Ecología política. Maristella Svampa y Enrique Viale tejen un diagnóstico alarmante del ecosistema Local agobiado por el modelo industrial imperante.

POR HECTOR PAVON

La Argentina está en emergencia ambiental? “Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida”. Así, duro y escéptico, arranca Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (Katz Editores) el libro en el que Maristella Svampa y Enrique Viale deconstruyen un país que presenta puntos críticos en su ecología política, en la explotación de recursos naturales y en el cuidado del medio ambiente. Muchos responsables, pocas soluciones y un futuro más que comprometido. De ello hablan en esta entrevista los autores de este libro preocupante.
–Si pudiéramos definir la crisis en relación a la situación ambiental de la Argentina, ¿cómo lo expresarían?Enrique Viale: – En todo el país se ha consolidado un modelo extractivista-exportador que sobreexplota a la naturaleza, donde son las corporaciones las que dominan los territorios; teniendo como paradigmas a la minera Barrick en la cordillera, Monsanto en el campo, IRSA en las ciudades y, ahora, Chevron en el subsuelo. A este control territorial hay que sumarle la extrema situación que se sufre en el ámbito metropolitano con la incontrolada contaminación de sus dos grandes cuencas, el Riachuelo y el Reconquista.
–El maldesarrollo es pura responsabilidad de las instancias gubernamentales? ¿Dónde se vuelve más visible?Maristella Svampa: – El maldesarrollo tiene que ver no sólo con modelos de producción sino también con modelos de consumo que prevalecen tanto en el norte como en el sur global, con lo cual estamos entonces frente a un problema de fondo, de orden civilizatorio. Esto no significa desresponsabilizar a los gobiernos, cuando vemos que éstos promueven activamente dichos modelos de maldesarrollo. Es lo que hizo el kirchnerismo a través del modelo sojero, el de megaminería y ahora con el de hidrocarburos. Tomemos el sojero: en vez de pensar en una transición y salida del monocultivo, el gobierno redobla la apuesta con el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que plantea un aumento del 60% de la producción de soja, con los efectos que esto tiene en términos de deforestación, corrimiento de la frontera agropecuaria y, por ende, de mayor criminalización y represión de campesinos e indígenas. A esto sumaría los nuevos convenios con Monsanto y los conflictos en Córdoba, que también ilustran la relación entre modelo sojero y regresión de la democracia; y el proyecto de la nueva Ley de semillas, que avanza en el sentido de la mercantilización. Así, la visibilidad del agronegocio como modelo de maldesarrollo es cada vez mayor.
–En los casos tratados se contraponen las acciones contaminantes con la defensa de la fuente laboral. ¿Cómo se sale de este callejón?Viale: – Es una falsa dicotomía. No hay región en el mundo que haya logrado un verdadero desarrollo socioeconómico con estas figuras extremas del extractivismo, a lo sumo puede generar “crecimiento económico” (aumento del PBI), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame”, sin auténtico progreso para la población y una alarmante reprimarización de la economía.
–¿Qué puntos evidencian la continuidad entre el Consenso de Washington y el de las commodities?Svampa:– Hay continuidades y rupturas. El Consenso de Washington puso en el centro la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, redefiniendo el rol del Estado, mientras que el de los commodities coloca en el centro la implementación masiva de grandes emprendimientos extractivos orientados a la exportación de materias primas, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo que permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas y conservadores o neoliberales. En ambos la noción de “consenso” es crucial, pues hay un acuerdo sobre el carácter irrevocable o irresistible de la dinámica propia del período: el neoliberalismo en los 90; el extractivismo en la actualidad. El discurso es que “no hay otra alternativa”, lo cual apunta a descalificar las resistencias colectivas y a instalar un lenguaje de la resignación, suturando la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo.
–¿En qué se basa la existencia de una ilusión desarrollista en la región?Svampa: – Eso era en otras épocas, cuando la cuestión ambiental estaba ausente del problema y todo recaía en la incapacidad del estado de transformar sus recursos en materia de acumulación y desarrollo. Pero la ilusión desarrollista está conectada con un imaginario social muy arraigado sobre la naturaleza americana, considerada como extraordinariamente pródiga en recursos naturales. Esta idea de la abundancia genera una visión mágica, una fiebre eldoradista visible en la creencia de que, gracias a las oportunidades económicas actuales –los altos precios de las materias primas– y la creciente demanda de China, es posible acortar rápidamente la distancia con los países industrializados y alcanzar el desarrollo. Es lo que hoy vemos detrás del consenso sobre el fracking en Vaca Muerta, que une al gobierno con la oposición. Hay un rechazo a cualquier crítica; todos buscan creer; niegan o minimizan los graves impactos ambientales y sociosanitarios, pero también los costos políticos y económicos.
–¿Cuánto ha cambiado la noción de territorio en estas últimas décadas?Svampa: – En los 90, el territorio aparecía ligado al barrio y era la piedra de toque para la auto-organización comunitaria; el lugar privilegiado para la repolitización de las relaciones sociales, en el sentido de la lucha, la solidaridad y el trabajo. Eso sucedió con los movimientos de desocupados. Pero en los últimos años, frente a la expansión del extractivismo, el concepto de territorio se cargó de otras dimensiones. Hay que entender que modelos como el de agronegocio, la megaminería, los grandes emprendimientos turísticos y residenciales, el fracking, implican una ocupación intensiva del territorio, generan una colisión de territorialidades, y no permiten la coexistencia con otros modelos de desarrollo y otros estilos de vida. Así, los movimientos socio-territoriales que hoy emergen apuntan a la defensa de los bienes colectivos y vehiculizan otros lenguajes de valoración del territorio, por fuera del eficientismo dominante.
–¿Cómo han reaccionado las comunidades afectadas? ¿Pudieron sostener sus luchas? ¿Fueron escuchadas?Svampa: – En la Argentina son numerosas las resistencias, pero todo depende del modelo al que hagamos referencia y también de la escala en la que se sitúe la lucha. Por ejemplo, la megaminería suscitó resistencias desde temprano y creo que eso se debe a que en la Argentina no hay tradición de minería a gran escala. Y aunque las empresas nunca se van del todo, entre 2003 y 2010 siete provincias sancionaron leyes que prohíben este tipo de minería. Con respecto al fracking, unos 35 municipios ya cuentan con ordenanzas que prohíben esta técnica, pero la tendencia es que la Nación y las provincias no avalen estos procesos. Respecto de la soja, el modelo agrario está tan naturalizado y la tendencia a la sojización es tan alta, el patrón de dominación tan fuerte, que las medidas adoptadas por el Estado son irrisorias comparadas con los impactos.
Viale: – Estas luchas ciudadanas están dejando huellas históricas en la defensa de los territorios y una luz de reflexión sobre el saqueo económico, la devastación ambiental, social, cultural e institucional que significan las figuras extremas del extractivismo en la Argentina: la megaminería, el fracking, el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Esquel, Famatina, Loncopué, Malvinas Argentinas, entre otras localidades, son emblemas de lucha y perseverancia.
–¿El kirchnerismo tiene algún tipo de contradicción interna en el tratamiento de temas como fracking o megaminería, por ejemplo?Svampa: – El kirchnerismo comparte con las corporaciones transnacionales la visión del progreso y el desarrollo. Más allá de los discursos épicos, las alianzas con los sectores trasnacionales son estratégicas. La megaminería fue un punto ciego durante mucho tiempo, pero después de la pueblada de Famatina, en 2012, el kirchnerismo hizo explícito su apoyo al modelo y no dudó en estigmatizar a aquellos que se oponían. Para el caso del fracking, esto fue facilitado por la crisis energética y el discurso nacionalista que vino de la mano de la estatización parcial de YPF.
Viale: – Estos conflictos desenmascaran el pacto entre gobierno y corporaciones, lo que choca de frente con el relato de supuesto enfrentamiento. Por ello el gobierno se encargó de modo sistemático de obturar el debate negando las graves consecuencias ligadas a la expansión y consolidación del modelo extractivista.
–¿Y cómo actúa el gobierno de la Ciudad con la edificación ilimitada, por ejemplo?Viale: – El gobierno macrista utiliza la cuestión ambiental a través de la entelequia “Ciudad Verde”, símbolo del marketing verde. En la ciudad se consolidó un modelo donde la (poca) naturaleza urbana y los espacios públicos son completamente sacrificables en pos del “crecimiento” de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza irracionalmente y se avanza sobre las superficies absorbentes en áreas urbanas que no las planifica el interés general, sino la especulación inmobiliaria a través de los privilegios que le conceden los poderes del Estado. Un ejemplo de ello fue el resultado del Pacto PRO-K en la legislatura porteña –noviembre de 2012– que entregó casi 200 hectáreas de tierra pública de la Ciudad a la especulación inmobiliaria y los centros comerciales.
–¿Los movimientos sociales pueden pensar políticamente más allá de la problemática que los convocó?Svampa: – A los movimientos hay que comprenderlos en un sentido dinámico: nacen con una reivindicación puntual, acotada, pero en el proceso de movilización, muchos incorporan temas más amplios a su plataforma discursiva y representativa. Gran parte de esta comprensión global se debe a su inserción en un campo de lucha más amplio que los conecta con otras organizaciones sociales, y las opone a toda suerte de poderes (empresas transnacionales y gobiernos).
–El papel de la Corte llamando a una solución conjunta en el caso Riachuelo, ¿puede replicarse en otras cuestiones ambientales?Viale: – Esa actuación generó expectativas prontamente disipadas cuando la Corte eludió pronunciarse en otras causas, como la problemática de los agroquímicos. O, cuando actuó con una llamativa celeridad para levantarle el embargo judicial a Chevron (que habilitó el acuerdo con YPF), lo que contrasta con la causa por contaminación sobre los glaciares contra la minera Barrick en Pascua-Lama, que duerme hace más de 6 años en un cajón. Por su parte, la situación de la Justicia en las provincias también es preocupante. Es conocida por quienes seguimos los juicios emanados de reclamos por tierra, agua o minería, la connivencia de la Justicia local, aunque sean juzgados federales, con las corporaciones económicas.
–¿Cuándo se identifica al extractivismo urbano como problemática ambiental?Viale: – El extractivismo también llegó a las grandes ciudades con la especulación inmobiliaria que expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales. El éxito de la ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento del valor de los inmuebles. Los barrios pierden identidad y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. Los inmuebles se convierten en una especie de commodity, mercancía, pura especulación. En la Ciudad en los últimos diez años se construyeron 20 millones de m2 y creció un 50% la población de sus villas. La mitad de los inmuebles de Puerto Madero están vacíos. La contracara de esta especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional de todo el país.
–¿Cómo los encuentra posicionados el futuro argentino? ¿Son optimistas?Svampa: – No soy optimista. Y no sólo porque creo que el kirchnerismo nos deja una década hipotecada, lo cual no se reduce a la cuestión socioambiental y sanitaria, sino porque su abandono cada vez más explícito del llamado “espacio progresista” tiene también una contracara oscura: me refiero a la derechización de las fuerzas políticas, hasta hace poco pertenecientes al campo de la centro-izquierda, como sucede en UNEN. La oferta electoral de 2015 nos encontrará divididos entre una mayoría que abarca posiciones de derecha dura y centroderecha (Macri, Massa, Unen, peronistas variopintos), y una izquierda, la alianza trotskista, minoritaria, cuyas dificultades de aglutinamiento político son muy persistentes.
Viale: – Más allá del escenario electoral pesimista que hace Maristella, con el cual coincido, me parece importante resaltar que se están reconstruyendo y resignificando conceptos elementales para saltear la encrucijada que el capital transnacional puso sobre la región: derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, vivir bien, justicia ambiental, derecho a la ciudad, eco-socialismo, bienes comunes, alternativas al desarrollo, entre otros. Estos lenguajes forman parte del diálogo cotidiano de los pueblos que están defendiendo sus territorios, de estas nuevas formas de resistencia y alternativas al sistema, que dejan ver, al menos de manera incipiente, síntomas e indicios para construir un nuevo paradigma civilizatorio.