En la Universidad de la República de Uruguay


El abogado argentino Enrique Viale explicó por qué es necesario que la naturaleza sea sujeto de derecho

No hace tanto tiempo que votan las mujeres, expresó el abogado argentino Enrique Viale, para mostrar que lo que no hace mucho se veía como una locura hoy es posible y que no es descabellado hablar de los derechos de la naturaleza. Viale vino a Uruguay para participar en las XV Jornadas de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República. Allí expuso sobre el concepto de “maldesarrollo”, dio ejemplos concretos de “vaciamientos de territorios” en su país y brindó detalles sobre la lucha dispar de las comunidades y las empresas en materia de derechos.

Viale es abogado especializado en derecho ambiental, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y actualmente es candidato a diputado por el Movimiento Proyecto Sur, grupo político que lidera Fernando Pino Solanas. La conferencia que dio el miércoles 13 se tituló “Derechos humanos, ambientales y de la naturaleza”. Antes de llegar a hablar sobre los derechos de la naturaleza, se explayó sobre conceptos que trabajó junto con la socióloga argentina Maristella Svampa en el libro Maldesarrollo, publicado en 2014. Explicó que el concepto de desarrollo –en el sentido específico que hoy se entiende– comenzó a emplearse en 1949, cuando el presidente norteamericano Harry Truman definió a la mayoría de los países del mundo como subdesarrollados y colocó al desarrollo “como meta a alcanzar para ese resto enorme del mundo”. Hacia eso se reorientaron las economías, los préstamos de bancos internacionales y la ambición por un estilo de vida a la que si todos accediéramos no alcanzaría el planeta, señaló.
“La economía del desarrollo no es otra cosa que una construcción intelectual destinada a justificar y promover la expansión de un modelo y unos valores –los occidentales– como necesarios para superar el supuesto atraso de sociedades caracterizadas por otras referencias culturales, otra forma de organización social y otra forma de relación con la naturaleza”, explicó. Añadió que “todos corremos atrás del desarrollo” y que en su nombre se acepta, incluso, “la devastación ambiental y social”. “Más que un desarrollo, el mundo vive un maldesarrollo, que incluye a países considerados desarrollados y a los considerados subdesarrollados”, planteó.
Ejemplos no le faltaron: habló de los 23 millones de hectáreas de soja transgénica que se han plantado en Argentina, de los proyectos de megaminería en la Cordillera de los Andes, de la tala de ocho millones de hectáreas de monte nativo en los últimos 25 años, de la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracking en la Patagonia y “de un extractivismo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, al que le damos el nombre de extractivismo urbano”, que se da en la ciudad de Buenos Aires, en el gran Buenos Aires, y hasta en la Patagonia.
Viale relacionó esa situación con la desaparición de Santiago Maldonado –el joven argentino que se busca desde el 1º de agosto, cuando participaba en una movilización mapuche en Chubut– porque los mapuches, en Chubut y en toda la Patagonia, están reclamando los territorios que les fueron expropiados hace más de un siglo. “Santiago Maldonado es un desaparecido por la tierra”, disparó. Luego, el abogado consideró que hay una “profundización de la campaña antiindígena”, que busca generar un “consenso monocultural, de que otras culturas son atrasadas, primitivas, y de que hay que llevar a esos lugares el desarrollo”. Apuntó que en esa campaña racista juegan un papel preponderante los medios de comunicación, el gobierno nacional argentino y muchos gobiernos provinciales.
Viale transmitió el concepto de “áreas de sacrificio”, en las que empresas y gobiernos se expanden y buscan vaciar territorios para instalar sus proyectos extractivos.
El abogado también dijo que el yacimiento de hidrocarburos no convencional de la formación Vaca Muerta –donde residen mapuches– es considerado la posibilidad de que Argentina se convierta en “la nueva Arabia Saudita”, y que tanto los gobiernos conservadores como progresistas lo consideran “una bendición”, porque promete desarrollo.
“En nombre de la economía del progreso, las comunidades asentadas son invisibilizadas. Se desvaloriza cualquier otro tipo de economía, de cultura y de relacionamiento, entre nosotros o con la naturaleza”, sostuvo.
Volver al futuro
El abogado planteó que fue en la Modernidad que el hombre se desconectó de la naturaleza y comenzó a concebirla como un objeto de conocimiento y dominación. “Los seres humanos se colocaron al margen de la naturaleza y, desde esa posición, asumimos el papel de conquistadores y dominadores de ella”, dijo. Añadió que “los derechos de la propiedad privada” completaron el proceso. “El derecho moderno consagró a la naturaleza, a sus elementos, como una cosa susceptible de ser objeto de propiedad, entendido este como absoluto e ilimitado”, transmitió.
Viale explicó que el derecho moderno regula y propone resarcir el daño. El derecho ambiental, en cambio, busca evitarlo. “El movimiento internacional de derechos ambientales empezó a direccionar al derecho hacia un modelo en el que la prohibición del daño ambiental empiece a tener algún protagonismo a la hora de actuar antes, en virtud de que no hay valor económico que pueda indemnizar un río, un glaciar; no todo tiene precio”, comparó. Explicó que los postulados del derecho ambiental “chocan de frente con la lógica del derecho tradicional”, porque el principio preventivo (que busca impedir una actividad que sabe que provoca un daño) y el principio precautorio (que busca evitar una acción por desconocer las consecuencias que puede provocar) transforman la lógica del ordenamiento jurídico. Principalmente el principio precautorio, ya que “invierte la carga de la prueba”: se tiene que demostrar que la acción no provocará daño, detalló. Trastoca el derecho de propiedad, porque nadie puede hacer lo que quiera en su propiedad, como, por ejemplo, talar un monte nativo.
Viale dijo que Argentina tiene una “legislación de avanzada”, pero no logra aplicarla. Sostuvo que los jueces evitan las demandas candentes y que se pierde hasta un año en definir qué juzgado tiene competencia. En cuanto al trabajo de los abogados, dijo que las demandas son muy largas porque deben explicarse todos los conceptos y que es imprescindible el trabajo interdisciplinario. Argentina todavía no ha definido los delitos ecológicos –Uruguay tampoco– y las demandas se abordan por daño ambiental, lesiones a la salud o incumplimiento de la legislación.
“Estamos promoviendo un giro de la visión antropocéntrica a una para la cual la naturaleza sea el foco de atención y sujeto de derecho”, sostuvo. En contrapartida, denunció que las empresas tienen derechos “casi humanos” y nadie se asombra de eso. Promovió la desmercantilización de la naturaleza y una relación armónica con ella. Aclaró que eso no implica que la naturaleza sea intocada ni dejar de cultivar, pescar o criar ganado, sino “mantener los sistemas de vida”, los ecosistemas y las colectividades.
En el plano del derecho, ya no alcanzaría con pagar por el daño ambiental, sino que sería necesario pedir la recomposición del ambiente que se dañó. El eje debería ser otro e incluir una “desaceleración del patrón del consumo actual”, explicó. Las recompensas que se prometen son varias. Viale ejemplificó con el “índice de felicidad” que viene implementando Bután, que resolvió medir el progreso con ese parámetro, muy ligado a la naturaleza, en lugar de utilizar el Producto Interno Bruto.

Ley de Glaciares

Citan a declarar a siete ex funcionarios kirchneristas por incumplimiento de la ley de glaciares

El juez Casanello consideró que si hacían cumplir la legislación se habrían evitado los derrames de cianuro de la Barrick Gold; también un informe sobre la gestión actual
MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017 • 18:13
PARA LA NACION

El juez federal Sebastián Casanello citó ayer a indagatoria a siete ex funcionarios kirchneristas por incumplimiento de la ley de glaciares (26.639), en vinculación directa con los derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos mineros Veladero y Lama. Es la primera vez que funcionarios de alto rango son llamados a la Justicia por cuestiones ambientales.


Puntualmente, deberán presentarse ante el juez los ex titulares de la secretaría de Ambiente (actualmente, ministerio) Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso; los ex presidentes de la Administración de Parques Nacionales Patricia Gandini, Carlos Corvalán y Eugenio Indalecio Breard; y Ricardo Villalba, ex director del Ianigla (el instituto encargado de inventariar los glaciares).
Además, Casanello encargó al Departamento de Control de Gestión Ambiental, una auditoría de "todo lo obrado por parte de las autoridades nacionales a partir de enero de 2016". Esto último podría derivar en llamado a indagatoria de autoridades actuales.


"Para nosotros es trascendental. Este fallo, después de tanto tiempo, es un desprendimiento de la causa por los derrames que estamos llevando adelante hace varios años", dijo a LA NACION, visiblemente conforme, Enrique Viale, abogado especialista en el tema y representante legal de la "Asamblea Jáchal no se toca".
En 2015, luego del primer derrame de cianuro que la minera canadiense Barrick Gold produjo en su proyecto Veladero, en San Juan, Viale junto a su colega Diego Seguí impulsaron una denuncia contra los funcionarios ambientales de ese momento. Su argumento fue que ellos debían bogar por el cumplimiento de la ley de glaciares y que, de haberlo hecho, no se habría producido ese desastre químico.


Otro punto a tener en cuenta es que el Ianigla debía inventariar para el 2011 (la ley de glaciares fue sancionada en 2010) la totalidad de los glaciares en zonas prioritarias y no cumplió con esa tarea. La información sobre la cuenca del río Jáchal -que Barrick Gold afecta con su actividad- fue recién publicada cinco años después. "Después de esto, Barrick tiene que hacer sus valijas e irse tanto de Veladero como de Pascua Lama", aseguró Viale.
Pero el alcance de la decisión del juez no sólo se quedará en los ex funcionarios. Según deslizaron fuentes judiciales, podría ser llamado también a declarar el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral y el actual secretario minero, Daniel Meilán. Barrick protagonizó dos importantes derrames durante su gestión.

http://www.lanacion.com.ar/2051181-citan-a-declarar-a-ex-funcionarios-kirchneristas-por-incumplimiento-de-la-ley-de-glaciares

Agroquímicos: Estudio de Sangre


Porteños contaminados: un candidato descubrió que tiene glifosato en sangre

Enrique Viale, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en estas PASO, se hizo los estudios correspondientes y recibió la mala noticia.
Los estragos que hacen los agroquímicos en las personas que viven cerca de plantaciones agrícolas son conocidos, pese al silencio de los medios y el poderoso lobby de los laboratorios.
Sin embargo, en este caso, un candidato a diputado porteño demostró que el peligro excede a esas poblaciones ya que, a través de un análisis de sangre,descubrió que también él, viviendo en la ciudad, está contaminado.
Se trata de Enrique Viale, postulante por Proyecto Sur, quien aspira a una banca en el Congreso de la Nación. "Lamentablemente los resultados han arrojado presencia de glifosato, metabolito AMPA y otro tipo de venenos en mi organismo.No hay forma de quitarlos", expresó una vez recibida la mala noticia.
Y agregó: "Yo no vivo en el campo, vivo en la ciudad. Así que solo tiene como explicación la ingesta de alimentos". También reveló que un estudio reciente del Conicet indica que al menos el 60% de las frutas y verduras que se comercializan en la Ciudad contienen agrotóxicos.
También desde su cuenta de Twitter instó a los candidatos de las otras listas como Elisa Carrió, Daniel Filmus y Martín Lousteau a que se sometan a los mismos exámenes médicos para determinar si también están intoxicados.

Costa Salguero: Denuncian apropiación de espacios público


Su vínculo con Costa Salguero, bajo la lupa
Otro candidato exigió la declaración jurada de Carmen Polledo
El marido de la segunda precandidata a diputada nacional por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo, es uno de los beneficiados por la concesión del predio en el que murieron cinco personas durante una fiesta electrónica. Quieren saber si la actual legisladora participa de las ganancias de esa explotación y si viola la ley de Ética Pública.
A través de un pedido de acceso a la información pública, el abogado ambientalista y precandidato a diputado nacional por el Frente Sur en Marcha, Enrique Viale, exigió que Carmen Polledo, segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos que encabeza Elisa Carrió, y quien preside hoy la Legislatura porteña, haga pública su declaración jurada para determinar el “vínculo y la incompatibilidad de la funcionaria” con la explotación del centro de convenciones Costa Salguero SA, cuya concesión está en manos de una empresa de su marido, Fernando Polledo Olivera.
Además de ser la sede del búnker PRO en todas y cada una de las elecciones en las que participó en los últimos años, Costa Salguero es, en realidad, un predio estatal de 16 hectáreas zonificado como parque, que fue concesionado en 1991 por 30 años a la empresa Telemetrix SA a un precio irrisorio. Viale señaló que la sociedad debe figurar como "bien ganancial" en la declaración jurada de Polledo. "Costa Salguero es el paradigma de los negociados con los espacios públicos", advirtió.
Actualmente, la concesionaria paga poco más de 300 mil pesos por mes y subconcesiona 24 espacios dentro del mismo predio, que le abonan un canon millonario a la empresa. Estos locales funcionaron sin habilitación hasta el año 2010, cuando fueron clausurados por un amparo patrocinado por Viale. “En 24 horas obtuvieron una habilitación express de parte del Gobierno porteño, presidido entonces por Mauricio Macri”, dijo el abogado.
En el mismo pabellón que el PRO utiliza como búnker se celebró la trágica fiesta electrónica de Time Warp en la que murieron cinco jóvenes, cuya investigación acaba de volver a foja cero con la decisión de la Sala II Cámara Federal de apartar al juez Sebastián Casanello. “El juez venía investigando, venía avanzando. No tengo dudas de que en la decisión pesó el poder político. Estamos hablando de la segunda candidata a diputada nacional. Si Casanello seguía investigando, llegaba a Polledo”, señaló Viale a Página/12.
Para el abogado “cuando habilitaron la fiesta electrónica Time Warp en un lugar inadecuado para ese tipo de actividad, el Estado se cubrió a sí mismo y a los empresarios inescrupulosos”. Viale recordó que la Coalición Cívica, entonces oposición al PRO y hoy parte de Cambiemos, salió a “socorrer a Larreta, bloqueando una comisión investigadora”. “Parece que para la impoluta Carrió y sus discípulos los acuerdos políticos coyunturales son más importantes que la búsqueda de la verdad”. 
La protección  judicial sobre la familia Polledo se extendió a una causa que tramita desde hace casi ocho años en la Justicia porteña, en la que se le ordenó a Telematrix y al Gobierno porteño a brindar acceso público al Río de la Plata. Recientemente, el juez subrogante Martín Converset declaró la “caducidad de la instancia judicial”  y dilató el cumplimiento de varias sentencias que obligan a la empresa y al Gobierno a cumplir con la construcción de un camino costero público.
La declaración jurada de Polledo también esclarecería si la candidata ha blanqueado o no su participación en una offshore radicada en Panamá, Rank International Corporation, abierta por el estudio Mossack Fonseca y Asociados, el mismo estudio implicado en el escándalo de los Panamá Papers. 

https://www.pagina12.com.ar/54209-otro-candidato-exigio-la-declaracion-jurada-de-carmen-polled



Oficiales de seguridad privada intentaron echar de Costa Salguero al candidato a Diputado Nacional por SUR en Marcha, Enrique Viale, quien se acercó a filmar acerca de las estafas del PRO en el predio.
"Esto debería ser un parque público de 16 hectáreas, sin embargo está lleno de empresas que obstaculizan la vista", denunció Viale en un video que subió a su cuenta de Twitter.

Necesitamos una banca ambientalista en el Congreso


"Queremos poner en debate las grandes causas, aquellas que están invisibilizadas por la agenda política. Necesitamos una banca ambientalista en el Congreso"

Enrique Viale, candidato a Diputado Nacional por CABA (Sur en Marcha)



Enrique Viale, Carina Lopez Monja y Fernando "Pino" Solanas




Sur en Marcha
Enrique Viale, Carina Lopez Monja, Fernando "Pino Solanas, Damian Solanas y Jorge Selser

Acuerdo Federal Minero: de espaldas a la sociedad



Debate

Minería: un acuerdo de espaldas 

a la sociedad


MARISTELLA SVAMPA ENRIQUE VIALE

Son notorias y muy alarmantes las modificaciones que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero firmado entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero netamente extractivista, ideado en la década de los noventa, a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales.
Hace tiempo que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las grandes transnacionales del sector, viene realizando un poderoso lobby que, por un lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que beneficia la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa ambiental provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las luchas socioambientales. En efecto, este Acuerdo tiene la tarea de atacar los escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a “ensombrecer” el despliegue de la actividad.
Así, ante la evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el acuerdo obliga a incorporar propaganda minera en la currícula de las escuelas primarias, secundarias y terciarios. En otras palabras, los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras tendrán el ingreso asegurado a las escuelas públicas de todo el país.
El Acuerdo desconoce también la vigencia de la Ley Nacional de Glaciares pues pretender autorizar la actividad en zonas prohibidas, con supuestos “cuidados ambientales”. Esto constituye una grosera violación de la ley que es clara y contundente al respecto; esto es, no permite bajo ninguna modalidad la explotación minera en glaciares y zona periglaciar.
Además de consolidar el tope de regalías provinciales del 3%, impuesto en los ´90, el acuerdo arremete contra las empresas provinciales mineras, cuyo objetivo era capturar algo más de renta, un punto que la CAEM venía cuestionando hace tiempo. El Acuerdo prácticamente aniquila la posibilidad de creación de este tipo de empresas públicas. Por último, el Acuerdo se arroga el derecho de definir “la participación ciudadana”, ítem que está lejos de ser precisado. No se menciona la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas (una normativa internacional incluida en la Constitución nacional y constituciones provinciales), como tampoco aquellos dispositivos constitucionales ligados a la democracia participativa, que exigen numerosas comunidades locales.

Que la realidad es más controversial y compleja que los discursos engañosos del lobby minero lo demuestra el hecho de que, a diferencia del Acuerdo de 1993, firmado por todas las provincias, éste sólo es suscripto por 14, con la ausencia de importantes jurisdicciones como Chubut, La Rioja o San Luis. Recordemos que fue en Esquel (Chubut) donde nació la lucha contra la megaminería en Argentina a principios de siglo XXI, que luego se propagó a otras provincias y en 2012 tuvo en el levantamiento de Famatina (La Rioja) una de sus expresiones más emblemáticas. Graves accidentes como los de la Barrick Gold en la mina Veladero (antes considerada como “el modelo”, impulsado por la provincia de San Juan), pusieron en evidencia el carácter insustentable de este tipo de minería.
Por otro lado, hay que preguntarse qué posición adoptarán Mendoza y Córdoba, dos provincias que cuentan con comunidades académicas concientizadas e importantes movimientos socioambientales, y donde las leyes de prohibición de la megaminería fueron reconfirmadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, después de un largo período de judicialización, promovido por sectores promineros.
En suma, dicho Acuerdo no solo se firma sin participación alguna de la sociedad civil. Pretende además instalarse en la realidad de las provincias como si éstas fueran territorios ausentes de conflictos y no existieran normativas que prohíben ciertas actividades extractivas en pos del cuidado del ambiente. La lupa está puesta ahora en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, quienes tienen la potestad de rechazar legislativamente dicho Acuerdo.
Maristella Svampa es socióloga. Enrique Viale es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.


https://www.clarin.com/opinion/mineria-acuerdo-espaldas-sociedad_0_ryv6iir4W.html

Sur en Marcha, un sueño colectivo

Nos juntamos Proyecto Sur, Pueblo en Marcha y el Partido Social... nace Sur en Marcha, un sueño colectivo...