Acuerdo con Chevron: entre la impunidad ambiental y la legislación "a medida"

Columnistas


El acuerdo con Chevron

Entre la impunidad ambiental y la legislación "a medida"

21/05/2014

MARISTELLA SVAMPA (*) Y ENRIQUE VIALE (**)
La reciente ratificación de la Cámara Federal porteña que establece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del decreto 929/13, publicado un día antes de que se rubricara el acuerdo entre YPF y Chevron, vuelve a poner en la arena pública la manera en que la petrolera norteamericana llegó a explotar Vaca Muerta. En la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto) denunciábamos el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, el abuso de autoridad y referíamos al daño ambiental en grado de tentativa que supone la utilización del fracking.
El fallo de la Cámara habilita la investigación de un hecho que ha sido denunciado desde antes de la firma del acuerdo: Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta. Éstos quedaron reflejados en el decreto 929 que creó un régimen de promoción hidrocarburífero para los no convencionales que beneficia a las compañías que inviertan más de mil millones de dólares. Allí se establece que, a partir del quinto año de comenzado el proyecto, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional (muy superior al precio local), sea para la exportación o para el mercado interno, si es que éste no se encuentra debidamente abastecido. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero y en ambos se permitirá la libre disponibilidad de las divisas obtenidas. Estas prerrogativas, violatorias de la ley nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la ley de Soberanía Energética y retrotraen la política petrolera a la de la infame década del 90, al tiempo que contravienen la ley general del Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional.
El pasado jueves, a través de una solicitada, el titular de YPF Miguel Galuccio alegó en favor del accionar presidencial esgrimiendo dos argumentaciones centrales. Por una parte, el texto señaló que los beneficios del decreto son generales y aplicables a cualquier proyecto hidrocarburífero que cumpla el mínimo de inversión estipulado. Si bien es cierto que cualquier petrolera puede acogerse a este régimen, el 929 fue publicado un día antes de que se firmara el acuerdo con Chevron. Lo que se dice "un traje a medida" que respondió a exigencias de la empresa norteamericana. El otro eje desarrollado por el titular de la parcialmente estatizada es la oportunidad: "Argentina es el segundo país que logra escala en la puesta en producción de no convencionales", sostiene. Sin embargo, Galuccio oculta que ese empuje productivo se ha dado a través de la cuestionada técnica de la fractura hidráulica, prohibida en varios países y cuestionada en todo el mundo, incluso en Estados Unidos (el principal productor de no convencionales y verdadero motor de su extracción), donde un reciente fallo judicial en el Estado de Texas obligó a la petrolera Aruba a indemnizar a una familia que vivía en las inmediaciones de sus pozos, debido a los problemas de salud ocasionados por la explotación.
También oculta YPF quién es su verdadero socio. Ya que este acuerdo no sólo introdujo una técnica altamente contaminante, sino que ese desarrollo es llevado adelante por una de las empresas con peores antecedentes ambientales del mundo. Chevron causó el mayor desastre petrolero de la historia en Ecuador y posteriormente negó la remediación, transformándose en prófuga de la Justicia de ese país.
La demanda de justicia llegó a nuestro país a través de un juicio por homologación de sentencia por el que se trabó un embargo sobre los activos de la empresa argentina. A través de un voto político, a comienzos de junio del 2013, la Corte Suprema revocó el embargo y 40 días después se publicó el cuestionado decreto 929. Al otro día de conocida esta nueva norma, ya cumplidos todos los requisitos exigidos por Chevron, se firmó el acuerdo, que dejó tras de sí a dos poderes del Estado que operaron en favor de la empresa y no del bien común nacional.
Este accionar, sin embargo, no es extraño para Chevron que, además de cargar con la mayor condena ambiental de la historia, ha dejado un legado de graves afectaciones ambientales y de permanentes violaciones a los derechos de las personas en los países donde ha operado. Es por eso que los afectados en todo el mundo han convocado al Día Internacional Anti Chevron hoy 21 de mayo. Durante esta jornada se realizarán acciones en más de 20 países para denunciar globalmente los impactos que ha generado esta compañía, producto de su manejo meramente economicista y falto de respeto por los derechos de los pueblos donde opera. Aquí en la Argentina, distintas organizaciones están convocando acciones en las oficinas de Chevron tanto en Neuquén como en Buenos Aires. Será una buena instancia para que todo el pueblo se pronuncie en contra de la impunidad con la que la llamada "peor empresa del mundo" opera en nuestro país.
(*) Investigadora del Conicet y escritora.
(**) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y promotor de la denuncia penal por la firma del decreto 929/13

Impunidad ambiental, fracking y relato


PETROLEO Y GOBIERNO  

Impunidad ambiental, fracking y relato



Hay dos cuestiones muy preocupantes a la hora de analizar el tema de la indemnización a Repsol y el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, mediante el fracking, en nuestro país.
La primera se refiere a la impunidad ambiental. En 2012, poco después del anuncio de la expropiación a Repsol, el entonces subinterventor de YPF, Axel Kicillof, afirmó que el país no pagaría lo que la empresa española pretendía y que además se descontarían los pasivos ambientales. Desbordantes de entusiasmo, los gobernadores de las provincias petroleras comenzaron a hacer cálculos, prestos a competir en declaraciones impactantes: en Santa Cruz, Daniel Peralta estimó la existencia de un pasivo ambiental de US$ 3 mil millones. Martín Buzzi, de Chubut, consideró que “será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias”. Sólo en Comodoro Rivadavia, consignaba el intendente Néstor Di Pierro, Repsol mantiene “una deuda de casi $ 200 millones, y además hay un pasivo ambiental por el paso del oleoducto de casi 3 mil pozos”. El ministro de Energía y Ambiente de Neuquén estimó que las proyecciones alcanzarían los US$ 1.500 millones… Redoblando la apuesta, en noviembre de ese año Kicillof presentó el denominado Informe Mosconi en la Biblioteca Nacional, donde constaba el reconocimiento del daño ambiental realizado por Repsol.
Sin embargo, ante la urgencia de negociar con Chevron, el Gobierno fue moderando el tono de los reproches. Así, el concepto de pasivo ambiental, que tuvo una entrada sorpresiva y fulgurante, desapareció por completo del discurso gubernamental y a la hora de acordar la indemnización con Repsol, en el oficialismo nadie volvió a mencionarlo. Una vez más triunfa entonces la impunidad ambiental, aunque también el cinismo político. Con ello, como viene sucediendo desde siempre, los pasivos ambientales se terminan socializando y toca a la población pagar con su salud, sus ecosistemas y sus territorios.
La segunda cuestión preocupante se refiere a la intensa campaña comunicacional que el Gobierno viene realizando, a través de YPF, a favor del fracking, al identificar deliberadamente empresa nacional, soberanía energética y defensa del shale gas. No sólo en 2013 YPF financió un número completo de la revista National Geographic e hizo una vasta propaganda televisiva (que incluyó un personaje central en una telenovela), sino que también este verano colocó un simulador del fracking en Pinamar con el objeto de “desmitificar algunas de las ideas que giran en torno al procedimiento de estimulación hidráulica, como que se ponen en riesgo las napas de agua y se utilizan químicos peligrosos”.
La ofensiva comunicacional en clave nacionalista es tal, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para expresar sus posturas. Pareciera ser que el fracking, además de “necesario”, ahora es “bueno”… Una excepción en este escenario cada vez más monocorde es la del obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, quien hace unos días difundió una cartilla para advertir sobre los “temores” que suscita el fracking en muchos países, así como sobre la escasa credibilidad de las empresas y del gobierno neuquino en la explotación hidrocarburífera. Bressanelli colocó dudas y preguntas razonables, haciendo hincapié en el principio precautorio, la falta de licencia social de parte de las poblaciones y la criminalización de la protesta.
En suma, además de la “deuda buena” (por el pago de la indemnización a Repsol), pareciera ser que ahora tenemos también el “buen fracking”. En realidad, estamos frente a la construcción de un nuevo relato mistificador, a partir del cual el Gobierno busca trasmitir certezas y apunta a ahogar cualquier intento de crítica al fracking, en un campo donde, en rigor, hay muy malos antecedentes (en Estados Unidos) y una gran incertidumbre.
*Investigadora y escritora, Conicet. / **Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Indemnizar a Repsol, socializar los pasivos ambientales


Columnistas


Indemnizar a Repsol, socializar los pasivos ambientales

22/03/2014



MARISTELLA SVAMPA (*) y ENRIQUE VIALE (**)
Cuando se anunció públicamente la expropiación del 51% de las acciones de YPF, desde Plataforma 2012 señalamos que no existía ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el precio de expropiación los daños terminarían siendo socializados, es decir, trasladados colectivamente a la sociedad.
En plena euforia estatizante, poco después del anuncio de la expropiación a Repsol, el entonces subinterventor de la compañía, Axel Kicillof, afirmó que el país no pagaría lo que la empresa española pretendía y que además se descontarían los pasivos ambientales. La noticia de que el gobierno planificaba auditar los pasivos ambientales dejados por Repsol causó un gran revuelo y no fueron pocos los voceros políticos y mediáticos del oficialismo que iniciaron una rápida recolección de datos a fin de cuantificar el "daño ambiental". "Actualmente, el rojo de Repsol en YPF asciende a cerca de u$s 15.000 millones, u$s 9.000 en concepto de pasivo financiero y el resto (más de u$s 6.000 millones) en daños al medioambiente en las principales provincias petroleras", escribía un columnista en un diario oficialista en abril de 2012.
Desbordantes de entusiasmo, los gobernadores de las provincias petroleras desempolvaron los informes ambientales y comenzaron a hacer los cálculos, prestos a competir en declaraciones impactantes: en Santa Cruz, Daniel Peralta estimó la existencia de un pasivo ambiental del orden de los u$s 3.000 millones. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, consideró que "será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias". Sólo en Comodoro Rivadavia, consignaba el intendente Néstor Di Pierro, Repsol mantiene "una deuda de casi $ 200 millones y además hay un pasivo ambiental por el paso del oleoducto de casi 3.000 pozos". En ese entonces, el ministro de Energía y Ambiente de Neuquén estimó que, si bien el pasivo aún no estaba monetarizado, las proyecciones indicaban que éste alcanzaría los u$s 1.500 millones. 
Claro que tanto entusiasmo resultaba paradójico, por no decir sobreactuado y falaz, habida cuenta de que, desde los 90, la mayor parte de las denuncias realizadas por comunidades afectadas, pueblos originarios y organizaciones ambientalistas fue sistemáticamente ignorada por los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, lo cual alcanza de pleno a la administración kirchnerista.
Así, el concepto de "pasivo ambiental" tuvo una entrada sorpresiva y fulgurante pero igualmente fugaz... Evidentemente el oficialismo encontró que no era conveniente seguir insistiendo en el tema debido a la existencia –real y potencial– de tantos reclamos de carácter socioambiental. A esto se sumó que el argumento pronto dejó de ser funcional en la puja con Repsol. Los tiempos fueron moderando el tono de los reproches ante la urgencia de negociar con otros operadores petroleros, como Chevron, para explotar Vaca Muerta.
En esta misma línea puede interpretarse la embestida del senador Miguel Ángel Pichetto a Gabriel Cherqui, representante de la comunidad mapuche Kaxipayin, durante el tratamiento en comisión del "Convenio de Solución Amigable" entre YPF-Repsol en el Congreso nacional. El senador le señaló que "su comunidad tiene acuerdos de trabajo con YPF", algo que Cherqui reconoció porque "no hay otra opción, no nos han dejado ninguna otra forma de vida". Recordamos entonces la conversación que tuvimos con un abogado de las comunidades, hace dos años, viajando por la estepa chubutense. Le preguntamos cómo veía la relación entre las empresas (petroleras, mineras) y las poblaciones indígenas. El abogado nos miró dos veces, respiró hondo y comenzó a hablar: "Las cosas son así. Las empresas llegan con todo el aval del gobierno, se presentan ante las comunidades indígenas y les dicen: 'Hola. Vamos a hacer el amor. Ustedes pueden elegir cómo y dónde: si quieren que sea en una pieza destartalada o en un hotel de lujo de cinco estrellas, si quieren que sea con la luz apagada o con la luz prendida, si quieren que sea de día o de noche. Pero que quede claro: vamos a hacer el amor'". Mientras lo observábamos, muy impresionados, él continuaba: "Lo dije en forma elegante, pero el verbo que se utiliza es otro, mucho más rudo...".
El breve pero contundente relato del abogado sirve para advertirnos acerca del violentamiento original que subyace en la relación empresas-comunidades indígenas, algo que incluye además al propio Estado y que seguramente está lejos de ser ignorado por el experimentado senador Pichetto.
En conclusión, triunfó una vez más la impunidad ambiental y también el cinismo político, pues las cláusulas de "desistimiento, renuncia e indemnidad" establecidas en el convenio entre YPF y Repsol no sólo eximen de responsabilidad a esta última sino que terminan socializando los pasivos ambientales y seremos el conjunto de los ciudadanos los que pagaremos entre todos, con nuestra salud, ecosistemas y territorios.
(*) Investigadora del Conicet y escritora. (*) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

http://www.rionegro.com.ar/diario/indemnizar-a-repsol-socializar-los-pasivos-ambientales-1923621-9539-nota.aspx