Organizaciones ambientales criticaron que se levante la cautelar contra la Barrick




Buenos Aires, 24 de septiembre de 2015

A 10 días del derrame, Veladero está nuevamente en pleno funcionamiento

Organizaciones ambientales criticaron que se levante la cautelar contra la Barrick



La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron su “profunda preocupación” por la reciente resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, titular del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.


La resolución había sido dictada por el propio juez Oritja tras conocerse la noticia de un derrame de cianuro en Veladero el pasado 13 de septiembre.

“Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas”, planteó Pía Marchegiani, directora de Participación de FARN“No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados, que involucran la afectación del ambiente y la salud humana, de esta manera. Al contrario, se requiere máxima responsabilidad y transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo y pueda actuar en consecuencia”, agregó.


Las organizaciones exigen el inmediato esclarecimiento del incidente - cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, como las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero.

Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el Gobierno de San Juan ocultó”, recalcó Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace. Y sumó: “Todavía hoy se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias”. 

Por su parte, Enrique Viale de la AAdeAA planteó "en San Juan todo puede pasar como por ejemplo que a 24 hs de conocerse que fueron 1 millón los litros de cianuro derramados sobre la cuenca del Río Jáchal un Juez tome la decisión de levantar la medida cautelar desconociendo los principios preventivo y precautorio que son la columna vertebral del Derecho Ambiental". Y agregó, "la estrategia coordinada por Barrick y el Gobierno de Gioja es instalar la teoría de que `ya está`, `no pasó nada`cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina"

La Corte Suprema se declaró incompetente en la causa por daño ambiental del emprendimiento minero Veladero

16 de septiembre de 2015

La reciente noticia sobre el derrame de cianuro en el emprendimiento minero Veladero (San Juan) y la falta de información clara sobre el mencionado episodio refuerza la necesidad e importancia que la Corte Suprema se involucre en el tema. Lamentablemente ello no ocurrió ya que el pasado 1 de septiembre el Máximo Tribunal del país declaró su incompetencia para entender por vía originaria en la causa por daño ambiental respecto del emprendimiento minero Veladero, en la provincia de San Juan.

La demanda había sido iniciada en el año 2009 por ciudadanos sanjuaninos contra la Provincia de San Juan, el Estado Nacional, el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras, la empresa minera Barrick y los responsables técnicos del informe de Impacto Ambiental. En la misma se solicitó la verificación del alcance de los daños ambientales producidos por la explotación minera, y la recomposición del ambiente dañado producto de la explotación a cielo abierto de una mira de oro y plata en los Departamentos de Iglesia y Jachal.

A su vez, en el año 2012, y tras la sanción de la ley de Glaciares, las organizaciones FARN, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), se presentaron como terceros en dicho proceso.

En la resolución, la Corte se declara incompetente por entender que hasta este momento no se ha demostrado que el impacto producido por el emprendimiento minero en el Río Las Taguas, afecte además a las otras cuencas que resultan compartidas por el mismo recurso hídrico. Por dicho motivo no encuentra justificada la intervención del Máximo Tribunal como instancia única y originaria del presente caso.

Sin perjuicio de los argumentos legales expuestos en la resolución, llama la atención el extenso tiempo que requirió el Máximo Tribunal (6 años) para expedirse respecto de su competencia. Más aún si se tiene en cuenta que su principal fundamento consistió en que el actor debía acreditar la concreta afectación de recursos interjurisdiccionales.

La resolución adoptada en esta oportunidad contradice otra doctrina reciente sostenida por la Corte Suprema en otros casos de protección ambiental, como ha sido “Salas Dino c/Pcia de Salta” (vigencia de la Ley de Bosques), donde dispuso su intervención en virtud de la gravedad de los temas en debate y la necesidad de una protección precautoria e inmediata de los recursos afectados.

Desde FARN, Greenpeace y AAdeAA consideramos que el mero paso del tiempo sin lograr respuestas ni acciones de protección, no resultan en ningún caso neutras o exentas de costos ambientales, sino por el contrario tienden a consolidar los daños que en este caso resultan irreparables.

FARN, Greenpeace y AAdeAA 

La megaminería no entra en la campaña




La megaminería no entra en la campaña

Debate.Maristella Svampa y Enrique Viale

Hace un mes se realizó un cónclave minero en la provincia de San Juan, organizado por las empresas mineras transnacionales conjuntamente con la Fundación DAR que dirige Pepe Scioli, hermano del candidato presidencial Daniel Scioli. Este último y su compañero de fórmula, Carlos Zannini, fueron los invitados estrella junto con los gobernadores de las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Las grandes empresas, entre ellas Barrick Gold, Panamerican Silver, Yamana Gold, presentaron 10 puntos a los candidatos del oficialismo, exigiendo garantías “para fortalecer al sector”. Entre otros puntos, se destaca la pretensión de avanzar con la megaminería en aquellas provincias donde existe resistencia popular, fundamentalmente en Córdoba, Chubut, Mendoza y La Rioja.
Scioli realizó promesas y señaló que “la minería generará millones de dólares y trabajo”, contradiciendo a la propia realidad que muestra que allí donde se instala la megaminería sólo quedan territorios contaminados, promesas de trabajo que nunca se cumplen, economías regionales devastadas, recursos saqueados, conflictividad social y multinacionales enriquecidas. Habló también de una “minería sustentable”, lo cual en realidad es un oxímoron creado por los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras para ilusionar y confundir a las poblaciones.
Un dato elocuente del encuentro fue la participación de Rosana Bertone, la gobernadora electa de Tierra del Fuego, provincia donde existe una ley que prohíbe este tipo de minería. La futura gobernadora ya anticipó cual será su política, prometiendo que incorporará la provincia a OFEMI.
Esta nueva arremetida del sector minero coincide con la publicación de la Encíclica papal “Laudato Si”, un poderoso documento de ecología política. Hay que reconocer el valor que tiene esta verdadera Eco-Encíclica: crítica fuerte al consumismo, al desarrollismo, a la tecnocracia, al mundo financiero y a la creciente privatización de la naturaleza. La encíclica aboga además por el respeto a otros saberes y culturas, por el comunitarismo; reivindica las luchas sociales, la ecología de saberes, la deuda ecológica del Norte para con los países de Sur, la naturaleza como sujeto ... En fin, un manuscrito que sin tapujos, y con el lenguaje de los movimientos sociales, denuncia los modelos de maldesarrollo que padece gran parte del planeta, especialmente nuestra región.
Pese a que todo el establishment peronista peregrinó por el Vaticano para sacarse fotografías con el Papa Francisco, y todos buscan el modo en cómo utilizar su figura en campaña, la encíclica fue prácticamente ninguneada. Por su parte, Mauricio Macri recomendó su lectura, algo que pareciera no hizo él mismo, ya que cuando se refiere a estos temas no sólo repite el engañoso eslogan de “minería sustentable”, sino que además pretende ocultar que él es el principal responsable del gravísimo retroceso socio-ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, Sergio Massa, en sus ya famosos spots con tonadas regionales, prometió una política de doble estándar: “impulsar la minería” en San Juan y “cuidar el agua” en Mendoza. Los otros candidatos, sean de izquierda o progresistas, si bien -en parte- acompañan las luchas socioambientales, poco proponen en términos de alternativas al modelo extractivista, ignorando la ingente bibliografía y propuestas sobre estos temas en la región. 
Así, mientras los candidatos se sitúan entre el cinismo y la ignorancia, las asambleas ciudadanas que vienen resistiendo el extractivismo en diferentes lugares del país proclaman que “gane quien gane aquí no habrá megaminería”, anticipando la conflictividad social que se avecina, como consecuencia de los nuevos embates de las empresas y los gobiernos para avanzar sobre los territorios sin licencia social. 
En este contexto, hay que señalar que acaba de consumarse un hecho de extrema gravedad, inadvertido por la agenda mediática-política. El 1° de agosto empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial y con él se perdió el acceso público a todos los ríos del país. En efecto, a través de la modificación de un artículo del actual Código se eliminó el camino público de 35 metros que existía en ambas márgenes de los ríos del país y que permitía su uso y goce por la población. Así, de un plumazo se realizó la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (aproximadamente 208 mil hectáreas, más de 10 veces la Ciudad de Buenos Aires) en manos de la especulación inmobiliaria que demuestra cada vez mayor poder de control sobre los poderes políticos. 

Maristella Svampa y Enrique Viale
Socióloga y escritora; abogado ambientalista