No a las centrales nucleares



“Este acuerdo con China compromete a Argentina para siempre”


16 de mayo de 2017

Revista Cítrica
El abogado ambientalista Enrique Viale considera una “locura” que se decidan instalar dos centrales nucleares sin un debate social previo y adelanta que habrá mucha resistencia de las poblaciones patagónicas.

Por Enrique Viale*
La firma para la construcción de dos centrales nucleares por parte del presidente Macri sin ningún tipo de debate social en Argentina y en las regiones donde se van a instalar, nos parece una verdadera locura, una cuestión casi de un reinado que decide sobre nuestros territorios. En todas partes del mundo este tipo de energías tienen un debate social muy grande, previo a su instalación. Incluso en lugares donde ya están instaladas, como Alemania por ejemplo, hay un proceso de desinversión y las están cerrando.
Esta decisión del Gobierno ya está generando un malestar social enorme y rápidamente en la Patagonia se están organizando. Incluso están despertando algunos sectores u organizaciones que estaban medio dormidas. No será fácil la instalación de estas centrales, sobre todo en la Patagonia, donde hay una historia de lucha muy grande contra este tipo de energía. Hay mucha gente allí que tiene conciencia de la peligrosidad, de los residuos que generan.
Este acuerdo que firma Macri con China compromete a la Argentina para siempre. Recordemos que los residuos de una central nuclear tienen esa enorme peligrosidad durante más de diez mil años. O sea: más de cuatro veces de lo que es la sociedad moderna en el mundo. Por treinta o cuarenta años de energía generamos residuos que vamos a tener que gestionar y sostener durante más de diez mil años. Y a esto hay que sumarle la potencialidad catastrófica que tiene permanente: una especie de espada de damocles que estará pendiente siempre sobre la Patagonia, como consecuencia de la construcción de estas centrales nucleares. Además es una energía cara, sucia, contaminante, no solo en el proceso en sí mismo sino también en la extracción de uranio para alimentarla. Y ni hablar en los residuos que ya mencionamos.
Es increíble que nuestros gobernantes no puedan pensar en el futuro. Ni en la Patagonia como el lugar para la explosión de las energías renovables, que podrían ser la gran alternativa de desarrollo. Las energías renovables son más limpias, y podrían generar puestos de trabajo, muchísimos más que una central nuclear. Y por más tiempo. También se generaría conocimiento y son energías más limpias. Pero evidentemente, eso nos les interesa a quienes toman las decisiones.

*Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas






























































http://www.revistacitrica.com.ar/este-acuerdo-con-china-compromete-a-la-argentina-para-siempre-.html

PDF Libro - "Maldesarrollo"



"Maldesarrollo. 

La Argentina del extractivismo y el despojo"

de Maristella Svampa y Enrique Viale



Editorial Katz
Serie conocimiento 
425 páginas, 

ISBN 9789871566921, rústica - Argentina 
fecha de aparición: septiembre de 2014 

ISBN 9788415917137, rústica - España
fecha de aparición: marzo de 2015 


  En las últimas décadas, la discusión pública estuvo concentrada en algunos temas clásicos: la dimensión y la presencia del Estado en la sociedad, los niveles de apertura de la economía, las relaciones con el capital trasnacional. Pocos, sin embargo, han ido más allá de esas cuestiones con el objeto de analizar las características mismas del modelo de desarrollo argentino. 

  Maristella Svampa y Enrique Viale proponen, en esta obra, ir justamente más allá, e interrogar aquello que el discurso político ha pasado por alto: los modelos que el capitalismo ha adoptado en nuestro país y que están conduciendo a lo que los autores denominan, con precisión y contundencia, "maldesarrollo": "Estos modelos -señalan los autores- presentan en común una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos". 

  De la megaminería al modelo sojero, del "extractivismo urbano" al fracking, los autores ponen de manifiesto el rol protagónico que las corporaciones económicas y los grandes propietarios cumplen en la definición de lo que es legítimo e ilegítimo, de lo que es posible realizar y lo que no lo es, de lo justo y de lo injusto en lo que concierne a proyectos urbanos, actividades económicas, estilos de vida e identidades colectivas.
 
  Un libro a la vez desgarrador por lo que muestra pero inspirador por lo que propone, pleno de evidencias y de gran aliento teórico, Maldesarrollo es, sin dudas, una lectura imprescindible para los debates sobre nuestro futuro común. 


PDF - Libro "Maldesarrollo. La Argentina del Extractivismo y el Despojo"




No al Acuerdo Federal Minero



Organizaciones Sociales dicen NO al Acuerdo Federal Minero
El nuevo "Acuerdo Federal Minero":

-Consolida un modelo minero de enclave y netamente extractivista, un modelo obsoleto, ideado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión. 
- Pretende acallar y avasallar la resistencia social. 
- Profundiza un modelo a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales. 
- Mete expresamente la propaganda minera en las escuelas primarias y secundarias de todo el país. 
- Consolida el tope de regalías del 3%, impuesto en los 90', que las provincias pueden percibir. 
- Pretende autorizar actividad minera en glaciares y periglaciares, violando la Ley de Glaciares. 
- Limita la creación de empresas mineras provinciales que habían sido creada para poder percibir mas renta. 
- Limita las autonomías provinciales en aquellas jurisdicciones que cuentan con regulaciones que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas. 
- Ni siquiera menciona la consulta previa y consentimiento libre previo e informado a pueblos indígenas.
Ante la inminente firma de un acuerdo entre la Nación y las Provincias distintas organizaciones ambientales y referentes sociales le dicen NO al Acuerdo Federal Minero.

Buenos Aires, 08 de mayo, 2017. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina, acompañados por numerosas organizaciones y referentes sociales*, manifiestan su total oposición al nuevo Acuerdo Federal Minero propuesto por el Gobierno Nacional carece de una mirada integral de la situación minera actual del país, además de priorizar la renta económica por sobre dimensiones sociales y ambientales.



"El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo obsoleto, ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión a costa de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales", denuncia Gonzalo Strano de Greenpeace.



"Asimismo, busca limitar las autonomías provinciales en aquellas jurisdicciones que cuentan con regulaciones que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas en los procesos extractivos, así como también pretende acallar y avasallar la resistencia social al desarrollo de este tipo de actividades de alto impacto ambiental", alerta Enrique Viale de AAdeAA.



"La falta de claridad sobre una cuestión ineludible como los mecanismos de consulta y participación es una señal de alerta ante el no cumplimiento de principios centrales en un Estado de Derecho, como la nula mención a la consulta previa y consentimiento libre previo e informado a pueblos indígenas", resalta Pía Marchegiani de FARN.



Este acuerdo promueve un modelo de desarrollo que no solo contradice a los compromisos internacionales en materia ambiental y climática a los que nuestro país adhiere, sino que acentúa la extracción irracional, generando un daño ambiental irreversible.



*Primeros Adherentes: 
Asamblea de Chilecito; 
Asamblea “Jáchal no se toca”; 
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA); 
Colectivo Apacheta de Susques, Jujuy; 
Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Gajat-Ceppas); 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); 
Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); 
Fundación Ciudadanos Independientes (FuCI) San Juan; 
Greenpeace Argentina; 
Comunidades originarias de la provincia de Jujuy; 
Maristella Svampa (investigadora Conicet), 
Tortorolo y Gabriel Arisnabarreta de (Asamblea socioambiental ECOS DE SALADILLO);  
Gabriela Ferrer (Red Nacional de abogados de pueblos fumigados); 
Marcos Ezequiel Filardi (Coordinador del Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho, UBA); 
Raúl Llobeta (Profesor titular Económica nomina agraria y Extensión rural, UNJU).


Si querés sumarte podes hacerlo enviando el nombre de la organización o nombre de la persona y DNI a: noalacuerdominero@gmail.com

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Emergencia Ambiental

  • Sputnik Mundo


  • Argentina está en emergencia

    BUENOS AIRES (Sputnik) — La expansión de la soja en Argentina, que se da desde hace tres décadas con el aliento de Gobiernos y grandes conglomerados, ha provocado enormes costos económicos, ambientales y de salud que explican, en parte, las últimas inundaciones que sufre el país, señalaron expertos consultados por Sputnik.

    "Estamos en una verdadera emergencia ambiental como consecuencia del modelo sojero implantado", señaló el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.
    El país sudamericano tiene actualmente 23 millones de hectáreas dedicadas al monocultivo de soja transgénica, casi tres veces el territorio de Irlanda.
    "En los últimos 25 años se desmontaron 8 millones de hectáreas de bosques nativos y se destruyeron humedales, cuando son superficies necesarias para soportar los fenómenos extremos que se viven como consecuencia del cambio climático", explicó Viale.
    Provincias como Buenos Aires, La Rioja (oeste), La Pampa (centro), Chaco (norte) y Tucumán (noroeste) han sufrido fuertes precipitaciones en las últimas semanas, lo que provocó la evacuación de miles de personas y la pérdida de infraestructura en varias localidades sumergidas por el agua.
    El monocultivo de soja absorbe cada año 500.000 nuevas hectáreas, sin que ningún Gobierno haya intentado contener su avance.
    El actual Ejecutivo de Mauricio Macri tiene a varios funcionarios vinculados al agronegocio, como el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, también exgerente de Monsanto, y además, "ha bajado las retenciones a la exportación de la soja al tiempo que flexibiliza la legislación ambiental que habíamos logrado, como la Ley de Bosques, hoy desfinanciada", señaló el abogado.
    Argentina se ha convertido en "un gran experimento masivo", aseguró Viale, pues es uno de los países con mayor superficie cultivada de soja transgénica y eso que requiere del uso de más agroquímicos, "lo que está provocando una situación desconocida en el mundo".
    Existen zonas en el país como la localidad cordobesa de Monte Maíz (centro) donde los casos de cáncer se triplican con respecto a la media nacional, ejemplificó Viale.
    Fases de la expansión
    Por su parte, el ingeniero agrónomo Walter Pengue, doctor en agroecología y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, explicó a esta agencia que existen tres fases en el avance de la soja.
    La primera es la denominada "cabecera de playa", etapa que transcurre entre 1996 y 2002, cuando la llegada de la soja conlleva el ingreso del glifosato y la siembra directa en la región pampeana, que abarca las provincias de Buenos Aires (este), Entre Ríos (este), Santa Fe (centro-oeste). Córdoba (centro), La Pampa (centro) y San Luis (oeste).
    En esos seis años se perdieron 140.000 establecimientos agropecuarios, a razón de tres por día.
    "La escala necesaria para mantener en una ecuación económica la producción de soja pasó de necesitar 250 hectáreas a principios de los años 90, a 350 hectáreas a mediados de la década, hasta llegar a 550 hectáreas en 2002", puntualizó Pengue.
    Lo más rentable por entonces no era producir por unidades o hectáreas, sino por volumen, de modo que "los grandes establecimientos adoptaron la tecnología, y los pequeños se fundieron", añadió.
    La demanda de nuevas tierras precipitó la segunda fase a partir de 2002-2003, cuando se produjo una subida exponencial de los precios de la soja hasta superar los 600 dólares por tonelada.
    Se incentivó entonces la demanda de más tierra en la región pampeana "a base de comprar tierra a pequeños y medianos agricultores, y fomentada por una fuerte expansión de los pool de siembra (asociación de inversores), que captaron fondos del mercado internacional y nacional", detalló el experto.
    Algunos de los principales promotores fueron el grupo El Tejar, que acumuló 800.000 hectáreas, o el grupo Grobo, "más interesado en el negocio que en la soja, con la venta de fertilizantes, agroquímicos y semillas", señaló Pengue.
    El intento en 2008 de gravar los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol con un esquema de retenciones móviles de acuerdo a su precio internacional conllevó a una revuelta que hizo tambalear el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
    Esta segunda fase culminó entre 2008 y 2009 para dar paso a la actual: una expansión del cultivo de la soja desde la región pampeana, que se extiende por 55 millones de hectáreas, hasta la región del Chaco, que incluye otros 10 millones de hectáreas (norte-oeste).
    Este proceso de "pampeanización" no sólo trasladó el modelo productivo, sino también "su lógica económica, financiera, y su práctica cultural, que es convertir un bosque en algo llano y hacerlo cultivo", indicó el profesor.
    "Eso cambia la perspectiva que se tenía del productor rural en la región chaqueña, que tenía la perspectiva de la madera como algo dentro de su lógica hasta visual", agregó.
    A eso se suma que el actual Gobierno entrega subsidios a los productores de las regiones marginales extrapampeanas para que puedan bajar la soja a los puertos de salida y así equiparar, con dinero público, sus costos a los del productor pampeano.
    Esta última etapa en la que se encuentra el país desvela la consecuencia de las dos anteriores: "problemas económicos porque el precio de la soja no es tan rentable, una expansión irracional de la soja, deforestación, cambio de suelos, catástrofes climáticas, y la inacción del Estado para controlarlo", concluyó el ingeniero.
    La población de pueblos fumigados y zonas afectadas, sin embargo, comienzan a reclamar un cambio en la producción que contemple otros granos, la fruticultura, y la horticultura.


    "Trumpización" de la política ambiental


    Debate

    "Trumpización" 

    de la política ambiental

    Maristella Svampa y Enrique Viale

    Es sabido que en sus primeros días de gobierno el presidente de Estados
    Unidos, Donald Trump, encaró una espectacular flexibilización de la
    normativa ambiental en dicho país. Colocó al frente de la Agencia de
    Protección Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, un connotado negacionista
    del Cambio Climático y defensor de la industria petrolera. Además, la
    Agencia se prepara para un recorte presupuestario de al menos un 25%,
    a lo que se añade la orden ejecutiva que firmó Trump para revisar toda
    la legislación sobre cuidado del agua a fin de “garantizar que no obstruya
    el crecimiento económico”
    No es tan sabido, sin embargo, que también en Argentina existe un plan 
    sistemático para flexibilizar la normativa de protección ambiental, lograda 
    gracias a movilizaciones populares y múltiples acciones de la sociedad 
    civil. Estamos asistiendo a una “trumpización” de la política ambiental, 
    pues no se trata de hechos aislados e inconexos, sino de procedimientos 
    metódicos y premeditados, de modo similar al de la actual gestión 
    norteamericana.
    En este marco se inscribe el intento del Gobierno Nacional de una nueva 
    reglamentación –vía decreto- de la Ley Nacional de Glaciares, con el 
    objetivo de reducir notablemente las áreas protegidas. Una reforma a 
    medida de las compañías mineras que, como Barrick, realizan su actividad 
    sobre glaciares y periglaciales, algo explícitamente prohibido por la ley 
    sancionada en 2010. En sintonía con la quita total de las ya exiguas 
    retenciones mineras, el oficialismo promueve un Nuevo Acuerdo Federal 
    Minero, que apunta a debilitar las regulaciones ambientales en las 
    provincias donde existe resistencia social a dicha actividad. En el mismo 
    sentido, circuló un "folleto minero", que el gobierno argentino llevó a una 
    importante feria en Canadá, ofertando yacimientos situados en provincias 
    donde la megaminería está prohibida por leyes locales. Que la tarea no es 
    para tibios, lo muestra también la reciente eyección del Subsecretario de 
    Minería de la Nación, Santiago Dondo, por sugerir mínimos controles 
    ambientales, reemplazado por Juan Bisset, ex Jefe de Legales de la tan 
    cuestionada compañía minera Vale. 
    Iniciativas similares alcanzan la Ley Nacional de protección de los Bosques
     Nativos. Así, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María 
    Eugenia Vidal logró sancionar una ley que “ordena” el bosque nativo 
    provincial, que encaja perfectamente con los intereses inmobiliarios y 
    el agronegocio (recordemos que el actual Secretario Provincial de 
    Agroindustria es un ex alto directivo de Monsanto). Una norma regresiva
     que funcionó como termómetro en la ya inocultable intención del 
    gobierno de desvirtuar hasta aniquilar la Ley Nacional de Bosques. 
    La próxima en sufrir un (re)ordenamiento provincial a medida del 
    agronegocio sería  la provincia de Córdoba, donde se han registrado 
    masivas movilizaciones -de más de 30 mil personas-  para defender el 
    limitado 3% de bosque nativo que dicha provincia conserva de sus 
    formaciones originales.
    Por la vía del decreto, fue modificada la Ley Nacional de Tierras Rurales 
    que establecía limitaciones a la tenencia de tierras por parte de extranjeros, 
    lo que favorece a amigos del Presidente, como el magnate inglés Joe 
    Lewis, quien además de tener secuestrado un lago público, ahora pretende 
    desarrollar un emprendimiento inmobiliario en áreas protegidas, pese a 
    que la comunidad de El Bolsón y aledaños viene manifestando su rechazo 
    con grandes movilizaciones.
    Asimismo, el Gobierno Nacional anunció el relanzamiento de la explotación
     de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, que supone no sólo 
    flexibilización ambiental sino también laboral, para hacer rentable la 
    costosísima y tan controversial técnica de fractura hidráulica (fracking).  
    Por otro lado, el Proyecto de Ley de Protección de Humedales, impulsado 
    por el Senador Pino Solanas, cuenta con el boicot sistemático del 
    oficialismo nacional, producto del lobby conjunto de sectores inmobiliarios,
     agronegocio y minería, a pesar de que las cada vez más recurrentes 
    inundaciones muestran hasta qué punto los humedales son imprescindibles 
    y estratégicos, en tanto ecosistemas, para la regulación hídrica. 
    Por si esto fuera poco, recientemente nos enteramos de la decisión del 
    gobierno nacional de modificar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 
    (24.051), con la intención de quitarle uniformidad nacional, cambiar la 
    estricta categorización y modificar sus tipos penales, los únicos puramente 
    ambientales que existen en nuestro país.
    En suma, si bien alguno podría argüir que, a diferencia de Trump, el 
    discurso oficialista alude al cuidado del medio ambiente, los contundentes 
    ejemplos que hemos citado evidencian todo lo contrario. Este es un 
    gobierno que en nombre de la “modernización ecológica” apuesta a ampliar
     el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización 
    ambiental, anticipando con ello un contexto de grave regresividad de 
    derechos. Que esto se haga hablando de “cambio climático” no es un 
    matiz, sino más bien una pantalla, con la cual se intenta cubrir el proceso 
    de trumpización de la política ambiental en nuestro país. 
    Maristella Svampa, socióloga, y Enrique Viale, abogado, 
    son autores de “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo” 
    (Katz editores)