Artículos de Opinión


















Regresión política y poder económico

Debate.Maristella Svampa y Enrique Viale
Vivimos en una sociedad en la que los riesgos e incertidumbres causados por la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en los ecosistemas, que afectan y amenazan los territorios y la reproducción de la vida.
La conciencia cada vez mayor de esos riesgos e incertidumbre explica porqué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio, convirtiéndose en cuestiones de interés colectivo, que involucran a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, las cuales buscan abrir el espacio de participación ciudadana.
Nada de esto es fácil, ya que de modo recurrente la clase política se opone a tales procesos. Un ejemplo escandaloso de esto último es lo ocurrido en la provincia de Chubut.
El martes 25 de noviembre la legislatura de esa provincia debía votar positiva o negativamente por una ley de iniciativa popular contra la megaminería, que impulsaba la población, y que contaba con el aval de 13.007 firmas (más del 3% del padrón electoral, según exige la Constitución provincial). Las posibilidades de que este proyecto de ley fuera aprobado eran importantes. La intensa movilización social, el hecho de que Esquel fuera pionera en la lucha argentina contra la megaminería, la argumentación ambiental que sustentaba dicho proyecto y el convencimiento de que cada vez se hace más difícil imponer verticalmente la megaminería, habían persuadido a una parte no menor de la dirigencia política chubutense en favor de la misma. Además, se agregaba que, por primera vez, se aplicaría un mecanismo de democracia semidirecta, previsto constitucionalmente.
Unas semanas antes de la votación, el lobby de la minería transnacional activó la alerta y desarrolló una agresiva campaña mediática, buscando asustar a la población acerca de las consecuencias de esta ley, tratando de “ignorantes” a amplios sectores de la sociedad chubutense, o bien, insistiendo en que no había habido “debate” sobre el tema minero.
Lo cierto es que en Chubut el debate sobre la megaminería se viene dando desde 2002, lo cual se vio reflejado en la consulta pública realizada en Esquel, en 2003, refrendada luego por la ley provincial 5001, que prohíbe la megaminería con sustancias tóxicas. Era esa ley la que la iniciativa popular presentada ahora buscaba complementar.
Sin embargo, ese día de noviembre, en lugar de tratar el proyecto de la ciudadanía, el Frente Para la Victoria junto con aliados del Partido Justicialista, impulsó otro proyecto de ley, con el mismo nombre, muy diferente (en su letra y en su espíritu), que distorsionaba claramente el sentido propuesto por la iniciativa ciudadana, abriendo las puertas a la posibilidad de la megaminería en Chubut.
Hasta ahí los hechos tienen que ver con la manipulación de la voluntad popular por parte de una clase política autocentrada, que rechaza o bastardea los legítimos mecanismos participativos de la democracia, para convertirlos en letra muerta. Pero lo que sucedió en Chubut fue algo más, algo que grafica de modo incontestable la regresión institucional en nuestro país y habilita la derogación o el veto de la ley aprobada. Pues al día siguiente se difundió una foto de un diputado del PJ, Gustavo Muñiz, que responde al FPV, quien en plena sesión legislativa recibió mensajes en su teléfono celular con instrucciones sobre la redacción de la ley aprobada, por parte de un Gerente de la transnacional minera Yamana Gold.
La fotografía es inobjetable e ilumina aquello que es uno de los grandes signos de nuestra época: las relaciones cada vez más explícitas –alguien diría “carnales”- entre poder político y grandes compañías transnacionales.
Claro que hay otros ejemplos recientes: en agosto de 2013 la legislatura neuquina aprobó el convenio firmado entre YPF y Chevron, que contiene cláusulas secretas, disposiciones que ni los diputados del oficialismo provincial y nacional conocían, pese a lo cual obedientemente levantaron la mano.
Hay que leer lo ocurrido en la provincia de Chubut en clave nacional. Si, como argentinos, no queremos que en nuestro país la clase política termine siendo hablada y manipulada desde el poder económico, y la ciudadanía caiga fundadamente en el peor de los descreimientos frente a la institucionalización del fraude, buscando otras vías de resolución de los conflictos, debemos pensar en el modo de garantizar la transparencia del sistema democrático y la necesaria democratización de las decisiones.
Maristella Svampa es socióloga. Enrique Viale es abogado ambientalista. Autores de "Maldesarrollo" (Katz editores)










































































































































































































































































































































































































































































Megaminería: insustentable e incontrolable

Enrique Viale
En respuesta al Ministro de Ambiente de la Nación
El martes 17 de mayo, el ministro de Ambiente de la nación, Sergio Bergman, publicó aquí un artículo denominado “Minería con licencia social, un cambio cultural”. Corresponde una respuesta porque, entre otras cosas, el ministro parte de premisas falsas, desconoce las largas luchas territoriales y olvida su condición de máxima autoridad ambiental federal.
Bergman ignora las largas luchas ciudadanas en los pueblos cordilleranos y precordilleranos que son las que están marcando huellas históricas en la defensa de los territorios en nuestro país y un punto de inflexión en el saqueo económico, la devastación ambiental, social, cultural e institucional que significa la figura extrema del extractivismo: la megaminería. Desconoce el ministro que son las asambleas ciudadanas las que vienen teniendo desde hace años un debate serio sobre la problemática, que tanto se reclama, a través del trabajo reflexivo de los compañeros en las manifestaciones, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades y llevando adelante medidas de carácter institucional.
Sergio Bergman también desconoce que fue a partir del andamiaje jurídico montado en los noventa sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).
Con estas características, en la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta; se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.
Por su parte, en cuanto al marcado énfasis del ministro de Ambiente de la nación en el cumplimiento de las leyes, parecería olvidar que él es la autoridad de aplicación de la ley de glaciares y, como tal, responsable de su aplicación efectiva. En este sentido, el emprendimiento minero Veladero está operando sobre glaciares y ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte allí a la actividad en ilegal, al contradecir la ley de glaciares, que establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre esas superficies. Recordemos que fue este emprendimiento minero en San Juan el que provocó, en septiembre pasado, el peor incidente minero ambiental de la historia de nuestro país al contaminar con 5 millones de litros de solución cianurada la cuenca del río Jáchal. Hecho que, a pesar de su brutalidad y su flagrancia, aún permanece impune y con el agravante de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de enviar la investigación del hecho a la complaciente Justicia de San Juan.
Asimismo, el ministro, al decir: “La minería es una actividad que nos acompañará en nuestras vidas como en nuestras actividades productivas, así también en el crecimiento de la nación que la adopta”, también cae en una falsedad difundida insistentemente por el lobby de la minería transnacional. El destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, a su vez, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por ejemplo, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1% y consume el 6,1 por ciento. Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 por cuento. A esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.
Y en Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que posibilita que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En efecto, en las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo.
Después de más de tres lustros de explotación de La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo).
Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan —elegida como modelo del lobby minero—, que, a pesar de tener en funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores emprendimientos mineros del país y de la transferencia de la nación durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la media nacional, la pobreza y la indigencia (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos) son las más altas de su región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias vecinas que no desarrollan la actividad. En esta provincia, la empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia), aporta en concepto de regalías menos del 1% del total de ingresos provinciales. La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500 personas en forma directa, sólo el 1% del total del empleo en esa provincia.
Lo cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.
No existe en el mundo ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, como tampoco hay lugar en el mundo donde se desarrollen (o intenten) proyectos de megaminería y no haya gran conflictividad social. El sistemático ataque a las libertades individuales más básicas para imponer este modelo conlleva a un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en nuestro país que reduce al mínimo los alcances de la propia democracia.
En suma, esta actividad está concentrada en unas pocas empresas transnacionales, que generan una exigua mano de obra, cuya producción está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de minerales (sin valor agregado), con altísima conflictividad social. Dejan como herencia pasivos ambientales durante y tras el cierre de las minas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio) que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.
Por estas razones es que el economista ecuatoriano Alberto Acosta difundió la frase: “La maldición de la abundancia” para caracterizar el extractivismo extremo en nuestra región, a la cual históricamente se le ha reservado el papel de exportadora de naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población ni los efectos socioambientales. La historia lo demuestra: por donde pasa la gran minería sólo quedan saqueo, territorios devastados y empresas colosalmente ricas. Aunque los Gobiernos no lo adviertan, como el ministro Sergio Bergman, serán los pueblos en los territorios los que no dejarán que se sigan escribiendo nuevos capítulos de Las venas abiertas de América Latina.



















YPF-Chevron: la visión más cortoplacista

POR MARISTELLA SVAMPA SOCIOLOGA 

ENRIQUE VIALE ABOGADO AMBIENTALISTA

En lugar de pensar una agenda de transición y orientarse hacia las energías limpias y renovables, el Gobierno nacional reafirma la dependencia de los combustibles fósiles y embarca a la empresa petrolífera nacional en una explotación que ha despertado numerosos y fundados cuestionamientos.
YPF-Chevron: la visión más cortoplacista

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28/08/13
Hace más de un año, desde Plataforma 2012 argumentamos que la anunciada “recuperación” de YPF presentaba numerosos problemas, ya que la ley no proponía cambio del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos ni tampoco asistíamos a una verdadera estatización de la empresa. Lamentablemente, el escandaloso acuerdo firmado entre YPF y Chevron refrenda este diagnóstico, confrontándonos con una nueva estafa realizada por el gobierno nacional a la sociedad argentina.
YPF eligió a la empresa que tiene la mayor condena ambiental de la historia, para utilizar el peor método de extracción (el fracking). En Ecuador, Chevron es responsable de la contaminación de 500 mil hectáreas de la Amazonia y de la grave violación de derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, el convenio firmado entre YPF y Chevron tiene carácter de “secreto” y ha sido ocultado incluso a los legisladores de la provincia del Neuquén, que lo aprobarán sin siquiera verlo.
Tamaña prepotencia se consuma no sólo sin llamado a audiencia pública y sin que el acuerdo haya pasado por la comisión de medio ambiente, sino también en el marco de una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.
Mitos y falacias, pero sobre todo poderosos lobby económicos, buscan legitimar esta vía, sirviéndose de “conocimiento experto”. Uno de ellos es aquel que afirma que no hay posibilidad fáctica ni económica de desarrollar energías alternativas que apunten a la salida de una matriz dependiente de los combustibles fósiles. Y bajo esa supuesta “verdad”se consolida el peor de los caminos, que abreva en una visión “eldoradista”, en la creencia de un “nuevo descubrimiento que nos va a salvar”, en nombre de un futuro de progreso que nunca llega … Es claro que detrás de las energías limpias y renovables no está laespeculación financiera que sí hay detrás de los hidrocarburos no convencionales, negocio que genera réditos millonarios aún antes de comenzar la extracción.
Asimismo, la ganancia está más dispersa y menos concentrada, al contrario de lo que sucede con los grandes monopolios que dominan los hidrocarburos. En cuanto a los costos también hay que desmontar el mito de la imposibilidad económica: a título de ejemplo, el ingeniero en petróleo, Eduardo D´Elia hizo análisis que muestran que con el valor de un pozo de fracking, que tiene una vida útil de 6 años, se pueden poner en funcionamiento seis aerogeneradores, que proveerían de energía eólica por 30 años.
Por otra parte, hay que preguntarse: ¿Energía para qué y para quién?
En nuestro país entre tres megaemprendimientos mineros consumen la energía equivalente a la que otorga Atucha I; una sola empresa como Aluar consume tanto gas como el que importamos de Bolivia; minera La Alumbrera consume más energía que toda la provincia de Catamarca y, por último, la empresa Barrick -en Pascua Lama- dilapidará casi 1000 millones de litros de hidrocarburos durante todo su proceso extractivo.
Así, en vez de pensar una agenda de transición y orientarse hacia las energías limpias y renovables, el gobierno nacional y los responsables provinciales reafirman la dependencia de los combustibles fósiles y se embarcan ciegamente en la explotación de hidrocarburos no convencionales, los cuales presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías.
El colmo de la renuncia al pensamiento crítico lo marcó la comisión de desarrollo energético de Carta Abierta que en un comunicado donde ni siquiera se nombra a Chevron, se justifica el acuerdo, invisibilizando la problemática socio-ambiental que encierra esta metodología de extracción y las resistencias populares que hoy se multiplican en todas partes.
En nuestro país, por ejemplo, a la decena de municipios que ya prohíben esta metodología, acaba de sumarse la localidad rionegrina de Allen, donde el fracking pretende avanzar desplazando plantaciones centenarias de peras y manzanas.
En fin, el gobierno nacional, sus socios provinciales y sus voceros manipulan, ocultan y niegan información, minimizan los costos sociales y ambientales apelando a una mirada cortoplacista, yevaden la discusión abierta y responsable de estos temas, los cuales requieren tanto de una visión estratégica y de largo plazo como una verdadera democratización de las decisiones colectivas.

Megaminería, el debate que falta

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PARA LA NACION
MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE DE 2015








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Hace años que junto al movimiento de asambleas ciudadanas que cuestionan la megaminería venimos denunciando los vínculos explícitos que el gobierno sanjuanino tiene con la transnacional Barrick. Eso explica que lo ocurrido hace un par de semanas tomara estado público a través de las redes sociales, dado el ocultamiento conjunto de la empresa y del gobierno provincial, que 24 horas después tuvieron que admitir el delito ambiental como consecuencia del derrame de cianuro y otros químicos sobre la cuenca del río Jáchal.
Millones de litros diarios de agua demandados por la mina Veladero para el proceso extractivo, dos camiones diarios de cianuro no son los únicos impactos ambientales. Glaciares y ambiente periglacial en el área de extracción y zonas de influencia del emprendimiento convirtieron a la minera Barrick en la principal detractora y lobbista contra la ley nacional de glaciares, lo cual determinó el veto presidencial en 2008.
Lo ocurrido en San Juan, además de echar por tierra la idea de una "minería sustentable", pone también en evidencia la falsedad de la prosperidad minera: Barick paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$ 100 de minerales que extrae, lo que significa en conceptos de regalías un aporte de menos del 1% del presupuesto provincial. Además, en la provincia, la minería metalífera emplea actualmente unas 2500 personas en forma directa, lo que representa menos del 1% del total del empleo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también tiene una alta cuota de responsabilidad en el siniestro de Veladero. Seis años tuvo congelada una causa judicial donde ciudadanos sanjuaninos denunciaban los impactos y fragilidades ambientales del proyecto minero. Parece una burla, pero el máximo tribunal decidió desentenderse del problema, declarando su "incompetencia", justo diez días antes del desastre ambiental en San Juan. La Corte todavía tiene en sus manos una causa similar iniciada hace siete años por alteración de glaciares contra el proyecto binacional Pascua-Lama, que se encuentra paralizado solamente del lado chileno por la justicia trasandina (como si los impactos ambientales reconocieran fronteras administrativas).
Todo indica que San Juan, considerada la "capital nacional de la minería", se convirtió en lo que varios investigadores -entre ellos Marcelo Arancibia y Lorena Bottaro- designan como "mineralo-Estado": la consolidación de espacios gubernamentales vinculados con la actividad minera, la participación de funcionarios de gobierno en empresas de servicios ligadas al sector, yuxtaponiendo lo público y lo privado, el aparato de difusión y propaganda al servicio de la megaminería.
Todo ello impacta sobre el sistema político, generando un cierre de los canales de expresión que silencia toda disidencia, a través del reforzamiento de la censura y la criminalización. Un dato reciente ilustra el alcance del mineralo-Estado: hace unos días, la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación se reunió en la ciudad capital de San Juan, para escuchar a los ciudadanos, sobre todo a los jachalenses. El rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, que inicialmente había cedido sus instalaciones para el debate, un día antes del evento, canceló sin mayores explicaciones tal acuerdo y la comisión tuvo que sesionar en otro lugar.
Recordemos que en 2012, cuando la población de Famatina se levantó contra la megaminería, muchos argentinos escucharon hablar por primera vez del tema. Pero la apertura de la agenda fue temporaria, ya que el rápido realineamiento entre poder político y poder económico expulsó el tema y se instaló una vez más un cono de silencio. La propia Presidenta había anunciado un "gran debate nacional", pero nada de eso ocurrió. Todo lo contrario: el gobierno nacional asumió una posición explícita en defensa de la megaminería, algo que hoy refrenda el candidato Scioli, nuevamente sin admitir debate alguno, con su visita reciente a San Juan.
Hoy, que la problemática vuelve a estar en la agenda pública, cabe entonces preguntarse: ¿se abrirá finalmente un debate sobre la megaminería? ¿Hablarán los candidatos presidenciales del tema o esperarán el rápido realineamiento de los poderes fácticos? Si como argentinos no queremos que en nuestro país ciertas provincias se conviertan en mineralo-Estado, donde el poder político sea hablado por la minería transnacional, debemos abrir a un verdadero y amplio debate, que contemple las voces de los afectados, que desde hace tiempo reclaman la necesaria democratización de las decisiones.
Svampa es socióloga; Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
http://www.lanacion.com.ar/1834301-megamineria-el-debate-que-falta










INFOBAE TVMARTES 15 DE SEPTIEMBRE 2015

Enrique Viale: "El derrame de cianuro es un delito federal"







Paulino Rodrigues



El abogado especialista en derecho ambiental Enrique Viale aseguró que era "previsible" que sucediera un derrame de cianuro como el ocurrido en San Juan, y que mantiene a la provincia en vilo por sus posibles consecuencias.
"El problema es el hermetismo que hay en la provincia, que parece que oficia como vocero, lo que genera una intranquilidad enorme ya que no hay control ambiental alguno porque la Secretaría de Medio Ambiente que debe hacerlo, en realidad, es su promotora", denunció.
En cuanto a las consecuencias del hecho, manifestó que "el líquido ha tomado contacto con la cuenca del río Jachal, lo cual podría ser perjudicial para la población ya que son casi 11 toneladas de cianuro que la empresa Barrick Gold utiliza diariamente".
El abogado recordó que ya hubo episodios anteriores y aseveró que "la actividad de lamegaminería a cielo abierto es insustentable en todo el mundo y no hay forma de controlarla".
Pese a que afirmó que un derrame como el que se produjo en las últimas horas "es un delito", Viale manifestó su escepticismo respecto a lo que pueda hacer la Justicia. "El problema es que el juez federal de San Juan, Miguel Gálvez, es un ex diputado amigo íntimo del gobernador José Luis Gioja y seguramente nada va a hacer", evaluó.
El abogado respondió, además, los dichos del titular de la Cámara Minera de San Juan, quien sostuvo que medio vaso de cianuro no produce ningún daño. Aseguró que esos comentarios"son un disparate y perversos". Y añadió: "La actividad minera así concebida hipoteca el futuro de muchas personas".
El letrado atacó la baja tributación que tienen las compañías mineras, las complicidades que existen en los tres poderes del Estado, y graficó que sólo el 1,7% de todo lo recaudado termina en las arcas provinciales. 

Veladero: "La estrategia de Barrick y Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada'"

"Estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina" y "el juez desconoce los principios preventivo y precautorio", se indignó Enrique Viale.
LA MIRADA DESPIERTA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) rechazaron la resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.

Por Continental, Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, deploró la actuación judicial sanjuanina. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó un millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental", argumentó en La Mirada Despierta. 

Para Viale, "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina". Para graficar la, a su juicio, connivencia entre el Gobierno provincial y la minera canadiense, el letrado expresó: "Yo le puedo asegurar que la mina está instalada sobre glaciares. El inventario de glaciares, de la Ley de Glaciares (de 2010), tenía que realizarse en 180 días, y en San Juan todavía no ha empezado".

"Exigimos el inmediato esclarecimiento del incidente, con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero", redondeó Viale. 












PUBLICADO EN EDICIÓN IMPRESA DE 

Retrocesos y puntos ciegos




















Más allá de las espinosas cuestiones acerca de la familia y sus implicancias, el Código Civil presenta graves problemas, muchas veces invisibilizados tanto desde la agenda del oficialismo como de la oposición. Uno de los retrocesos más evidentes atañe a la cuestión socioambiental y está relacionado con la modificación del denominado “camino de sirga”. Originariamente, éste fue pensado como apoyo a la navegación, pero en el tránsito de un siglo se fue dotando de nuevos significados, vinculados a las luchas ciudadanas. Gracias a ello, la jurisprudencia y doctrina le habían otorgado una doble función: garantizar el acceso público a los ríos y constituirse como verdaderos corredores biológicos.
La nueva redacción no sólo reduce de 35 a 15 metros este camino sino, mucho peor, le quita el carácter de “camino público” que tenía su anterior redacción. Sus consecuencias prácticas son inmediatas: se elimina el acceso público a la totalidad de los ríos de nuestro país. Miles de hectáreas ribereñas, que eran usadas diariamente para el goce y disfrute de la población, se perdieron para siempre.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional eliminó del anteproyecto original un artículo sobre el acceso al agua como derecho humano fundamental, pese a que la inclusión de este derecho fue reafirmada por diferentes organizaciones y juristas en las audiencias públicas.
También quedó expresamente fuera de la nueva legislación el otorgarle una función social a la propiedad, algo reclamado por numerosos movimientos sociales, fundamentalmente aquellos vinculados a la problemática habitacional y de la tierra. De esta manera, se perdió una oportunidad histórica para aquellos sectores de la sociedad que se encuentran postergados en el acceso al derecho a la vivienda y la tierra. En vez de abrir oportunidades, el nuevo Código Civil cierra la puerta en términos de políticas públicas y otras herramientas de acción estatal, cuyo objetivo sea el de transformar el acceso al suelo, el territorio y la vivienda adecuada en un derecho efectivo
*Socióloga / **Abogado ambientalista


Reforma del Código Civil: Enrique Viale sobre la mercantilización de la naturaleza






En su columna radial del programa La Tijereta, que se emite por Radio Kalewche de Esquel, el abogado ambientalista Enrique Viale habló sobre la reforma al Código Civil que entrará en vigencia en el año 2016: “se decidió ignorar las acciones colectivas en lugar de fortalecerlas”, aseguró.
En primer lugar, Viale se refirió al acceso al agua: “el Poder Ejecutivo nacional eliminó del anteproyecto de reforma del código un artículo del acceso al agua como derecho humano fundamental, pese a que la inclusión de este derecho fue reafirmada constantemente por diferentes organizaciones y juristas en las distintas audiencias públicas realizadas”, dijo y explicó que si bien puede parecer una cuestión “meramente enunciativa” se trata de que “el agua esté expresamente garantizada como derecho fundamental tiene implicancias prácticas muy concretas, sobre todo a la hora de establecer prioridades en su uso y restringir su privatización”.
Como ejemplo, el abogado ambientalista citó la situación de Catamarca, donde “en determinadas épocas se raciona el agua a la población, aunque no así a las mineras que la utilizan las 24 horas de los 365 días del año”.
“Cabe preguntarse entonces cuál es la intención que se esconde en esta omisión deliberada del derecho humano al agua. ¿Será que en consonancia con la actual política de Estado se pretenderá privilegiar la privatización y el uso mercantil del agua para las mineras y las petroleras?”, se preguntó.
“¿Por qué eliminan algo que es tan obvio?”, insistió Enrique Viale: “nosotros le podemos preguntar a cualquier niño qué significa el agua y nos va a decir que tiene que ver con la vida misma”.
El abogado también se refirió a la modificación del artículo 2368, vinculado al acceso de las costas de los ríos. “El anterior código establece que los caminos entre los inmuebles y las costas de ríos son públicos”, explicó: “gran parte de la doctrina, jurisprudencia y legislaciones locales venían utilizando esta norma para garantizar el acceso público a los ríos, como también los beneficios que presta el ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad a través de los corredores biológicos que se formaban en estos 35 metros donde no podía haber ninguna construcción. El camino público cumplía una función fundamental tanto para garantizar la libre circulación y acceso a los bienes naturales de dominio público como son los ríos, así como para preservar los ecosistemas costeros”.
“La modificación, tal cual quedó redactada, no solo reduce de 35 a 15 metros, sino que se suprime el carácter de camino público, lo cual aniquila la posibilidad de acceder al mismo por parte de los demás ciudadanos”, detalló Viale y sostuvo la consecuencia será que “de manera automática el 1 de enero del 2016 se van a correr los alambrados y no vamos a poder acceder a los ríos; son miles de hectáreas que se privatizan de un plumazo”.
“La reforma del código debería haberse hecho eco de los nuevos paradigmas que provienen del derecho ambiental y de las distintas luchas socioambientales y territoriales de todo el país”, aseguró Enrique Viale. “La naturaleza no debe aparecer como inmersa en un sistema económico orientado al desarrollo ni meramente como un objeto susceptible de la apropiación privada, sino como un bien común que preserva la producción y reproducción de la vida”, concluyó.
Para cerrar su columna, Enrique Viale remarcó que “en Latinoamérica está tomando cada vez más fuerza la noción de bienes comunes. La transición del concepto de recursos naturales al de bienes comunes conlleva otra mirada de la democracia y exige su radicalización. Si los bienes son considerados comunes, esto no solo garantizará su real y pleno goce colectivo, sino que ni los particulares ni los estados tendrán jurisdicción plena sobre ellos” y aseguró que “hay que empezar a pensar en esto antes de que el Código Civil entre en vigencia”.


Penurias del medio ambiente despojado

Ecología política. Maristella Svampa y Enrique Viale tejen un diagnóstico alarmante del ecosistema Local agobiado por el modelo industrial imperante.

Por HECTOR PAVON 


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La Argentina está en emergencia ambiental? “Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida”. Así, duro y escéptico, arranca Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (Katz Editores) el libro en el que Maristella Svampa y Enrique Viale deconstruyen un país que presenta puntos críticos en su ecología política, en la explotación de recursos naturales y en el cuidado del medio ambiente. Muchos responsables, pocas soluciones y un futuro más que comprometido. De ello hablan en esta entrevista los autores de este libro preocupante.
–Si pudiéramos definir la crisis en relación a la situación ambiental de la Argentina, ¿cómo lo expresarían?Enrique Viale: – En todo el país se ha consolidado un modelo extractivista-exportador que sobreexplota a la naturaleza, donde son las corporaciones las que dominan los territorios; teniendo como paradigmas a la minera Barrick en la cordillera, Monsanto en el campo, IRSA en las ciudades y, ahora, Chevron en el subsuelo. A este control territorial hay que sumarle la extrema situación que se sufre en el ámbito metropolitano con la incontrolada contaminación de sus dos grandes cuencas, el Riachuelo y el Reconquista.
–El maldesarrollo es pura responsabilidad de las instancias gubernamentales? ¿Dónde se vuelve más visible?Maristella Svampa: – El maldesarrollo tiene que ver no sólo con modelos de producción sino también con modelos de consumo que prevalecen tanto en el norte como en el sur global, con lo cual estamos entonces frente a un problema de fondo, de orden civilizatorio. Esto no significa desresponsabilizar a los gobiernos, cuando vemos que éstos promueven activamente dichos modelos de maldesarrollo. Es lo que hizo el kirchnerismo a través del modelo sojero, el de megaminería y ahora con el de hidrocarburos. Tomemos el sojero: en vez de pensar en una transición y salida del monocultivo, el gobierno redobla la apuesta con el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que plantea un aumento del 60% de la producción de soja, con los efectos que esto tiene en términos de deforestación, corrimiento de la frontera agropecuaria y, por ende, de mayor criminalización y represión de campesinos e indígenas. A esto sumaría los nuevos convenios con Monsanto y los conflictos en Córdoba, que también ilustran la relación entre modelo sojero y regresión de la democracia; y el proyecto de la nueva Ley de semillas, que avanza en el sentido de la mercantilización. Así, la visibilidad del agronegocio como modelo de maldesarrollo es cada vez mayor.
–En los casos tratados se contraponen las acciones contaminantes con la defensa de la fuente laboral. ¿Cómo se sale de este callejón?Viale: – Es una falsa dicotomía. No hay región en el mundo que haya logrado un verdadero desarrollo socioeconómico con estas figuras extremas del extractivismo, a lo sumo puede generar “crecimiento económico” (aumento del PBI), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame”, sin auténtico progreso para la población y una alarmante reprimarización de la economía.
–¿Qué puntos evidencian la continuidad entre el Consenso de Washington y el de las commodities?Svampa:– Hay continuidades y rupturas. El Consenso de Washington puso en el centro la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, redefiniendo el rol del Estado, mientras que el de los commodities coloca en el centro la implementación masiva de grandes emprendimientos extractivos orientados a la exportación de materias primas, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo que permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas y conservadores o neoliberales. En ambos la noción de “consenso” es crucial, pues hay un acuerdo sobre el carácter irrevocable o irresistible de la dinámica propia del período: el neoliberalismo en los 90; el extractivismo en la actualidad. El discurso es que “no hay otra alternativa”, lo cual apunta a descalificar las resistencias colectivas y a instalar un lenguaje de la resignación, suturando la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo.
–¿En qué se basa la existencia de una ilusión desarrollista en la región?Svampa: – Eso era en otras épocas, cuando la cuestión ambiental estaba ausente del problema y todo recaía en la incapacidad del estado de transformar sus recursos en materia de acumulación y desarrollo. Pero la ilusión desarrollista está conectada con un imaginario social muy arraigado sobre la naturaleza americana, considerada como extraordinariamente pródiga en recursos naturales. Esta idea de la abundancia genera una visión mágica, una fiebre eldoradista visible en la creencia de que, gracias a las oportunidades económicas actuales –los altos precios de las materias primas– y la creciente demanda de China, es posible acortar rápidamente la distancia con los países industrializados y alcanzar el desarrollo. Es lo que hoy vemos detrás del consenso sobre el fracking en Vaca Muerta, que une al gobierno con la oposición. Hay un rechazo a cualquier crítica; todos buscan creer; niegan o minimizan los graves impactos ambientales y sociosanitarios, pero también los costos políticos y económicos.
–¿Cuánto ha cambiado la noción de territorio en estas últimas décadas?Svampa: – En los 90, el territorio aparecía ligado al barrio y era la piedra de toque para la auto-organización comunitaria; el lugar privilegiado para la repolitización de las relaciones sociales, en el sentido de la lucha, la solidaridad y el trabajo. Eso sucedió con los movimientos de desocupados. Pero en los últimos años, frente a la expansión del extractivismo, el concepto de territorio se cargó de otras dimensiones. Hay que entender que modelos como el de agronegocio, la megaminería, los grandes emprendimientos turísticos y residenciales, el fracking, implican una ocupación intensiva del territorio, generan una colisión de territorialidades, y no permiten la coexistencia con otros modelos de desarrollo y otros estilos de vida. Así, los movimientos socio-territoriales que hoy emergen apuntan a la defensa de los bienes colectivos y vehiculizan otros lenguajes de valoración del territorio, por fuera del eficientismo dominante.
–¿Cómo han reaccionado las comunidades afectadas? ¿Pudieron sostener sus luchas? ¿Fueron escuchadas?Svampa: – En la Argentina son numerosas las resistencias, pero todo depende del modelo al que hagamos referencia y también de la escala en la que se sitúe la lucha. Por ejemplo, la megaminería suscitó resistencias desde temprano y creo que eso se debe a que en la Argentina no hay tradición de minería a gran escala. Y aunque las empresas nunca se van del todo, entre 2003 y 2010 siete provincias sancionaron leyes que prohíben este tipo de minería. Con respecto al fracking, unos 35 municipios ya cuentan con ordenanzas que prohíben esta técnica, pero la tendencia es que la Nación y las provincias no avalen estos procesos. Respecto de la soja, el modelo agrario está tan naturalizado y la tendencia a la sojización es tan alta, el patrón de dominación tan fuerte, que las medidas adoptadas por el Estado son irrisorias comparadas con los impactos.
Viale: – Estas luchas ciudadanas están dejando huellas históricas en la defensa de los territorios y una luz de reflexión sobre el saqueo económico, la devastación ambiental, social, cultural e institucional que significan las figuras extremas del extractivismo en la Argentina: la megaminería, el fracking, el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Esquel, Famatina, Loncopué, Malvinas Argentinas, entre otras localidades, son emblemas de lucha y perseverancia.
–¿El kirchnerismo tiene algún tipo de contradicción interna en el tratamiento de temas como fracking o megaminería, por ejemplo?Svampa: – El kirchnerismo comparte con las corporaciones transnacionales la visión del progreso y el desarrollo. Más allá de los discursos épicos, las alianzas con los sectores trasnacionales son estratégicas. La megaminería fue un punto ciego durante mucho tiempo, pero después de la pueblada de Famatina, en 2012, el kirchnerismo hizo explícito su apoyo al modelo y no dudó en estigmatizar a aquellos que se oponían. Para el caso del fracking, esto fue facilitado por la crisis energética y el discurso nacionalista que vino de la mano de la estatización parcial de YPF.
Viale: – Estos conflictos desenmascaran el pacto entre gobierno y corporaciones, lo que choca de frente con el relato de supuesto enfrentamiento. Por ello el gobierno se encargó de modo sistemático de obturar el debate negando las graves consecuencias ligadas a la expansión y consolidación del modelo extractivista.
–¿Y cómo actúa el gobierno de la Ciudad con la edificación ilimitada, por ejemplo?Viale: – El gobierno macrista utiliza la cuestión ambiental a través de la entelequia “Ciudad Verde”, símbolo del marketing verde. En la ciudad se consolidó un modelo donde la (poca) naturaleza urbana y los espacios públicos son completamente sacrificables en pos del “crecimiento” de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza irracionalmente y se avanza sobre las superficies absorbentes en áreas urbanas que no las planifica el interés general, sino la especulación inmobiliaria a través de los privilegios que le conceden los poderes del Estado. Un ejemplo de ello fue el resultado del Pacto PRO-K en la legislatura porteña –noviembre de 2012– que entregó casi 200 hectáreas de tierra pública de la Ciudad a la especulación inmobiliaria y los centros comerciales.
–¿Los movimientos sociales pueden pensar políticamente más allá de la problemática que los convocó?Svampa: – A los movimientos hay que comprenderlos en un sentido dinámico: nacen con una reivindicación puntual, acotada, pero en el proceso de movilización, muchos incorporan temas más amplios a su plataforma discursiva y representativa. Gran parte de esta comprensión global se debe a su inserción en un campo de lucha más amplio que los conecta con otras organizaciones sociales, y las opone a toda suerte de poderes (empresas transnacionales y gobiernos).
–El papel de la Corte llamando a una solución conjunta en el caso Riachuelo, ¿puede replicarse en otras cuestiones ambientales?Viale: – Esa actuación generó expectativas prontamente disipadas cuando la Corte eludió pronunciarse en otras causas, como la problemática de los agroquímicos. O, cuando actuó con una llamativa celeridad para levantarle el embargo judicial a Chevron (que habilitó el acuerdo con YPF), lo que contrasta con la causa por contaminación sobre los glaciares contra la minera Barrick en Pascua-Lama, que duerme hace más de 6 años en un cajón. Por su parte, la situación de la Justicia en las provincias también es preocupante. Es conocida por quienes seguimos los juicios emanados de reclamos por tierra, agua o minería, la connivencia de la Justicia local, aunque sean juzgados federales, con las corporaciones económicas.
–¿Cuándo se identifica al extractivismo urbano como problemática ambiental?Viale: – El extractivismo también llegó a las grandes ciudades con la especulación inmobiliaria que expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales. El éxito de la ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento del valor de los inmuebles. Los barrios pierden identidad y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. Los inmuebles se convierten en una especie de commodity, mercancía, pura especulación. En la Ciudad en los últimos diez años se construyeron 20 millones de m2 y creció un 50% la población de sus villas. La mitad de los inmuebles de Puerto Madero están vacíos. La contracara de esta especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional de todo el país.
–¿Cómo los encuentra posicionados el futuro argentino? ¿Son optimistas?Svampa: – No soy optimista. Y no sólo porque creo que el kirchnerismo nos deja una década hipotecada, lo cual no se reduce a la cuestión socioambiental y sanitaria, sino porque su abandono cada vez más explícito del llamado “espacio progresista” tiene también una contracara oscura: me refiero a la derechización de las fuerzas políticas, hasta hace poco pertenecientes al campo de la centro-izquierda, como sucede en UNEN. La oferta electoral de 2015 nos encontrará divididos entre una mayoría que abarca posiciones de derecha dura y centroderecha (Macri, Massa, Unen, peronistas variopintos), y una izquierda, la alianza trotskista, minoritaria, cuyas dificultades de aglutinamiento político son muy persistentes.
Viale: – Más allá del escenario electoral pesimista que hace Maristella, con el cual coincido, me parece importante resaltar que se están reconstruyendo y resignificando conceptos elementales para saltear la encrucijada que el capital transnacional puso sobre la región: derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, vivir bien, justicia ambiental, derecho a la ciudad, eco-socialismo, bienes comunes, alternativas al desarrollo, entre otros. Estos lenguajes forman parte del diálogo cotidiano de los pueblos que están defendiendo sus territorios, de estas nuevas formas de resistencia y alternativas al sistema, que dejan ver, al menos de manera incipiente, síntomas e indicios para construir un nuevo paradigma civilizatorio.






OPINIÓN 

Monsanto y la seguridad jurídica

La instalación de Monsanto tiene una ilegalidad de origen que muchos buscan ocultar. La zonificación del predio elegido no permite la radicación de un establecimiento industrial.


Por Maristella Svampa y Enrique Viale*


El pasado miércoles 11 de junio, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó la Ley de Política Ambiental Provincial número 10.208, en un contexto de violenta represión a integrantes de asambleas y organizaciones sociales, que terminó con la detención de 20 personas.
Sin entrar en un análisis valorativo sobre la ley en cuestión, destacamos una de sus disposiciones, que tiene directa aplicación en el conflicto eco-territorial que se suscitó a raíz de la intención de Monsanto de instalar una planta de acondicionamiento de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas.
El artículo 20 de dicha ley establece: “... Todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la autoridad de aplicación no puede presentarse nuevamente para su evaluación”.
El 10 de febrero del presente año, el secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba (autoridad de aplicación) resolvió desestimar el estudio de impacto ambiental de la pretendida planta presentado por Monsanto. En consecuencia, por aplicación del segundo párrafo del artículo antes citado, la multinacional ya no tiene caminos institucionales para obtener el certificado de aptitud ambiental de su proyecto, condición necesaria para el inicio de las obras y el funcionamiento de la actividad.
Está conclusión es obvia, no hay otra interpretación posible, y sólo alejándose expresamente de lo establecido por la ley la administración cordobesa podría dar paso al inicio de una nueva evaluación ambiental.
La instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas tiene además una ilegalidad de origen que muchos buscan ocultar. La zonificación del predio elegido no permite la instalación de un establecimiento industrial como la planta de acondicionamiento de semillas que se pretende poner en funcionamiento.
Debe entenderse que la seguridad jurídica –que tanto se declama– no corre sólo para las empresas, para los negocios o para los que ostentan el poder. También están los derechos de la ciudadanía en general, la que en este caso sólo demanda que se respete la legislación ambiental vigente, sin privilegios para nadie. En otras palabras, la verdadera seguridad jurídica es aquella que otorga certidumbre a todos los habitantes de que lo establecido en las leyes se aplicará a todos sin excepciones, aún a las corporaciones más poderosas.
Por su parte, la firme resistencia de los vecinos de Malvinas Argentinas que se oponen a que a metros de sus casas se manipulen toxinas y transgénicos, que no son de ningún modo inocuos para los seres humanos e impactan enormemente en el ambiente (el uso de plaguicidas treparía a 1.750.000 litros/año), evidencia la ausencia de licencia social del proyecto.
Recordemos que en octubre de 2013, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión sobre mil casos (de Córdoba capital y el resto de la provincia), de los cuales el 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento expresó su acuerdo con los vecinos que se oponen. También cuestionaron a la planta nada menos que las tres casas de altos estudios más importantes de la provincia: la Universidad Católica (UCC), la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Igualmente, la Justicia impugnó el emprendimiento cuando, en enero de este año, la sala segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó paralizar la obra, al dar lugar al amparo presentado por los vecinos de Malvinas Argen t inas.
Pese a todo esto y a que por aplicación del artículo 20, antes citado, la discusión debiera ya estar cerrada, todo indica que Monsanto insistiría –ilegalmente– en su afán de instalarse, lo que pondría en vilo no sólo el ambiente y la salud de los habitantes de Malvinas Argentinas, sino también a la propia vida democrática, sus instituciones y leyes, que pasarían a ser manipuladas y violadas para garantizar el negocio de una gigantesca corporación.
*Socióloga, investigadora principal del Conicet, y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, respectivamente







EDICIÓN IMPRESA

El texto original de este artículo fue publicado el 03/08/2014 en la edición impresa de La Voz del Interior, ver en: .http://www.lavoz.com.ar/opinion/monsanto-y-la-seguridad-juridica


















Columnistas

OPINIÓN

Fracking, discursos y eventos: crónica de una realidad anunciada


18/07/2014


Hace tiempo que venimos advirtiendo sobre la peligrosa construcción de un relato mistificador y celebratorio de la explotación de hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking por parte del gobierno nacional a través de YPF, así como de los involucrados provinciales, que incluyen de modo central a los gobiernos neuquino y rionegrino. La intensa estrategia comunicacional, que busca rechazar de plano cualquier crítica o carácter controversial a la metodología de la fractura hidráulica, cobra por momentos ribetes grotescos cuando no insistentemente dramáticos y negadores de la realidad. Así, en todos los casos, operadoras y gobiernos hablan de "fracking seguro" y de "controles serios", ocultando información a la población, mientras se minimizan los riesgos ambientales y los cuestionamientos económicos y políticos, se apunta a negar la representatividad y los derechos de las comunidades mapuches, se habla peyorativamente de los "sectores ambientalistas" y, en el límite, como en caso del gobierno neuquino, se los acusa de "terrorismo ambiental".


Esta fuerte ofensiva política y comunicacional, que arrancó luego de la aprobación del contrato con Chevron (en agosto del 2013), tiene por objetivo construir un consenso en torno del fracking mostrando que, de la mano de YPF (y de otras empresas transnacionales), éste es no sólo "necesario" sino además "seguro" y altamente "beneficioso" para el desarrollo regional y del país. Como si esto fuera poco, se pretende identificar empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales apelando emotivamente al nacionalismo, como sucedió con las campañas publicitarias de YPF durante el Mundial de fútbol recién finalizado.


Sin embargo, tanto el caso rionegrino, donde el fracking avanza en Allen en medio de plantaciones de peras y manzanas, como en el de la estepa neuquina, ya ha habido eventos inherentes a este tipo de explotación que ponen de relieve la insostenibilidad de este discurso celebratorio. Así, en Allen, entre marzo y julio de este año ya se registraron dos serios siniestros en pozos de hidrofractura en la zona de chacras.


El 19 de marzo se registró una explosión de un pozo de tight gas. Ese mismo día, desde la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA-Allen) trataron de comunicarse con el secretario de Ambiente, pero la provincia de Río Negro ya no contaba con ese funcionario tras el ajuste realizado por el gobernador Alberto Weretilneck. En el lugar sólo estaba el secretario de Hidrocarburos, Daniel Giménez, quien no brindó explicaciones ni soluciones. La denuncia pública frente a la ausencia de controles y las irregularidades cometidas llevó a que dicho pozo fuera clausurado por un mes.


Ahora, en la madrugada del 14 del mes en curso se registró un nuevo "evento" en un pozo de fracking también en la zona de chacras, cerca de la entrada de Allen, después de que se trabara un trépano en las profundidades y tuvieran que introducir gasoil para intentar destrabarlo. Las llamas del incendio alcanzaron los 15 metros de altura y Allen volvió a ser noticia, encendiendo nuevamente la luz de alarma. Además, en dicho pozo tuvo lugar otro "evento" hace poco más de un año a partir del desprendimiento de un instrumento de trabajo en el subsuelo, para lo cual hubo que llamar a un equipo de rescate procedente del extranjero.


Mientras el gobernador Weretilneck realiza declaraciones rimbombantes sobre "la coexistencia de las actividades y la existencia de los controles públicos", la intendenta allense, Sabina Costa, que desde el comienzo ha dado claras muestras de una mezcla de indiferencia con falta de amplitud de miras, se ha empecinado en desoír cualquier llamado de atención de los vecinos y de especialistas sobre la peligrosidad del fracking, así como las implicancias negativas del avance de la actividad hidrocarburífera sobre la tradicional matriz frutícola. Más aún, ambas autoridades fueron las principales detractoras de la ordenanza que prohibía la metodología de la fractura hidráulica en el ejido municipal, votada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Allen en agosto del 2013. Recientemente Costa, que aspira a su reelección -esperando recibir las regalías, luego de la renegociación provincial de los contratos petroleros-, declaró exultante que "Allen se va a convertir en el mayor productor de gas, después de Vaca Muerta. Eso se dice" (Noticias.net, 2014).


En verdad, no sorprenden el cinismo ni la mala fe de nuestros gobernantes. Lo que asombra, más allá de las denuncias solitarias de la asamblea del lugar y unos pocos vecinos o de las interesantes campañas del espacio "Proyecto Allen", es la apatía de la población local. Por un lado, tenemos una débil y corporativa Cámara de Fruticultores donde los chacareros oscilan entre el rechazo simbólico y la inacción, mientras algunos otros sueñan con hacer un contrato con la empresa petrolera (ayer Apache, hoy Yacimientos del Sur) "para salvarse", sin pensar que ese mismo acto los acerca más al tiro del final. Por otro lado, asombra la indiferencia de la población allense: ni los maestros, comerciantes, jóvenes y profesionales ni los trabajadores de la fruta, a nadie parece interesarle o importarle demasiado cuán influyente pueda ser esta vía rápida hacia un nuevo modelo de ocupación territorial en lo que respecta a su destino como comunidad. Algunos podrán argüir que, por el momento, el avance de la actividad hidrocarburífera afecta sobre todo a los pequeños productores, pero su expansión creciente afectará sin dudas la matriz productiva tradicional y al conjunto de los sujetos sociales y económicos involucrados, así como también a la localidad, su estilo de vida y su configuración social y urbana, con sus inevitables impactos ambientales y sociosanitarios.


En la misma línea, un ejemplo reciente pone de manifiesto el valor de los proclamados 'controles del gobierno' y 'responsabilidad social empresaria'. En mayo del corriente año se "perdió" una pastilla radiactiva en un pozo petrolero de Rincón de los Sauces, en Neuquén. Después de informar que se habían hecho mediciones de superficie para verificar la seguridad de los operarios, se explicó que se habían agotado las acciones para recuperar ese elemento, por lo cual se iba a cementar el pozo, como si eso garantizara la seguridad de un elemento radiactivo y el impacto, que puede medirse en términos de cientos o miles de años de radiaciones. A los pocos días, el secretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, señaló con absoluta liviandad y sin mayores precisiones que "no hay peligro de contaminación porque el elemento está encapsulado y no hay posibilidad de radiaciones". De igual manera, como señala Roberto Ochandio, técnico en petróleo y geógrafo, autor de uno de los pedidos de informe, "todavía no hubo reconocimiento del accidente por parte de Halliburton, la compañía responsable por ese elemento radiactivo".


Un mes y medio después, el 11 del mes en curso, el tema vuelve a ser noticia en otro lugar, el yacimiento de Aguada Pichana, en la cuenca del río Neuquén, sobre el yacimiento Vaca Muerta, donde se "perdió" otra pastilla radiactiva. Estos eventos, como dice un comunicado la Fundación Ecosur, "no sólo nos recuerdan otras denuncias: derrames de petróleo, surgencia de aguas contaminadas con hidrocarburos, el incendio de pozos petroleros en Allen o Plottier, las emisiones de metano en la planta de metanol y los animales muertos por las aguas con hidrocarburos en Cutral Co. Eventos de gran impacto ambiental y social que se suceden sin solución de continuidad en las cuencas de los ríos de Patagonia Norte, superpuestas a la cuenca hidrocarburífera neuquina. Accidentes que toman estado público eventualmente o cuando demuestran un carácter trágico, lamentable".


Así, a pesar del enorme esfuerzo en ocultar información y minimizar estos eventos, la campaña sobre el "fracking seguro" se cae a pedazos ante la misma realidad. Es hora de que la sociedad en su conjunto (sectores políticos, educativos, sindicales, medios de comunicación) y sobre todo las poblaciones involucradas tomen conciencia de los riesgos inherentes a este tipo de explotación y evalúen cómo la misma afectará a las presentes y futuras generaciones, el ecosistema y la vida. En todo caso, como sostiene en una reciente carta abierta a la comunidad Proyecto Allen, nadie podrá alegar mañana "no sabíamos", "nadie hizo nada" o a "nadie le importó".

MARISTELLA SVAMPA (*) Y ENRIQUE VIALE (**)
(*) Investigadora del Conicet
(**) Abogado ambientalista



El avance del Consenso del Fracking

Por MARISTELLA SVAMPA y ENRIQUE VIALE (Junio 2014)

En el número anterior de La Vanguardia escribimos acerca de la peligrosa construcción de un relato mistificador sobre el fracking por parte del gobierno nacional, a través de YPF, y de los involucrados provinciales (sobre todo el gobierno neuquino). Hicimos hincapié en la intensa estrategia comunicacional, que busca transformar la “necesidad” en ”virtud”, rechazando de plano cualquier crítica o restando carácter controversial a la metodología de la fractura hidráulica. En rigor, el gobierno, los medios de comunicación y las operadoras petroleras han ido más lejos, pues hoy debemos hablar cada vez más de la instalación de un Consenso del fracking. Como afirma la periodista Laura Rocha, especializada en cuestiones ambientales, “el fracking se lleva todos los títulos cuando se habla de industria petrolera”, además de todos los suplementos económicos y de energía de los medios oficialistas, nacionales y provinciales, así como aquellos medios opositores. Detrás de Vaca Muerta se observa así un alineamiento que encuentra al gobierno y la oposición detrás de una visión “eldoradista”, que recrea la idea de la Argentina potencia, identificando sin más abastecimiento hidrocarburífero con soberanía energética y clausurando el camino hacia la búsqueda de otras energías, limpias y renovables.
El Consenso del fracking une en una misma visión a progresistas y neoliberales acerca de lo que debe ser YPF modelo 2012. A través de la figura de la sociedad mixta se colocó en el centro del nuevo paradigma la búsqueda y otorgamiento de grandes concesiones a los capitales extranjeros, tal como ya se hizo con Chevron. Esta vuelta de tuerca privatista dejó muy lejos el modelo nacional-estatal que fuera reivindicado –al menos retóricamente- a la hora de la intervención de Repsol-YPF.
El caso es que Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta. Éstos quedaron reflejados en el decreto 929 que creó un régimen especial de promoción hidrocarburífero para los no convencionales que beneficia a las compañías que inviertan más de mil millones de dólares. A la manera de la legislación minera de los 90, se estableció que, a partir del quinto año de comenzado el proyecto, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional (muy superior al precio local), sea para la exportación o para el mercado interno, si es que éste no se encuentra debidamente abastecido. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero (retenciones) y en ambos se permitirá la libre disponibilidad de las divisas obtenidas. Estas prerrogativas, violatorias de la ley nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la ley de Soberanía Energética al tiempo que contravienen la ley general del Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional. El Decreto Presidencial 929/13 fue publicado un día antes de que se firmara el acuerdo con Chevron. Lo que se dice “un traje a medida” que respondió a exigencias de la empresa norteamericana.
Pero este decreto no son las únicas liberalidades que posee Chevron en nuestro país. El Diario New York Times reveló parte de las cláusulas firmadas con YPF que increíblemente siguen siendo secretas. Chevron continuaría recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha aún si la empresa se retira del país, en concreto obtendría “los beneficios netos del 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad”. Asimismo la ley aplicable del Acuerdo, en caso de incumplimiento o disputas, no es la de Argentina sino la que rige en la ciudad de Nueva York y la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.
La reciente ratificación de la Cámara Federal porteña, que estableció que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del decreto 929/13, rompió el silencio y la aquiescencia en torno al pacto YPF-Chevron, sentando un nuevo llamado de atención sobre lo que puede deparar al elenco gubernamental la existencia de una Justicia independiente… Pero el impacto político y mediático que esto tuvo fue muy efímero. Incluso los medios considerados “opositores” encapsularon la problemática en la imputación a la Presidenta y trataron de evitar el debate sobre la cuestionada técnica de la fractura hidráulica.
En la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto) denunciábamos no sólo el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública y el abuso de autoridad en la firma de ese Decreto, publicado un día antes de que se rubricara el acuerdo entre YPF y Chevron, sino que también nos referíamos al daño ambiental que implica la utilización del fracking y la permanente violación del Derecho Indígena que supone el incontrolado avance de las petroleras sobre comunidades mapuches. Pero el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales también se realiza mediante una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, ratificado por leyes nacionales, que exige la consulta libre, previa e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.
Por otro lado, la influencia cada vez mayor de EE.UU. detrás del Consenso del fracking se torna cada vez más evidente. No olvidemos que es el país del norte el principal productor mundial de no convencionales y verdadero motor de su extracción. El pasado 22 de mayo, el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, estuvo en nuestro país. “Visita inédita”, titularon algunos medios. Visita proconsular, debería decirse en rigor… El emisario del gobierno estadounidense se reunió con todos; gobierno y oposición. Además de la propia Presidenta y el gobernador de Neuquén, agasajaron al emisario norteamericano Jorge Capitanich, Julio de Vido, Axel Kiciloff, Guillermo Pereyra y los opositores Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez. También el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, lo recibió junto a Miguel Angel Pichetto, los presidentes de las comisiones de Energía de las dos cámaras, el sindicalista neuquino Guillermo Pereyra y el santacruceño Mario Metaza y un grupo entre quienes estaban los diputados Omar Perotti, Mario Das Neves, Dante González, entre otros.
Ratificando esta nueva vuelta de tuerca del Colonialismo del Siglo XXI, el subsecretario de Energía de Estados Unidos exigió -sin tapujos- reglas claras, un régimen fiscal especial y “seguridad para los contratos, porque hay empresas que van a invertir miles de millones de dólares”. No está sóla Chevron, también tienen una fuerte presencia en Vaca Muerta otras petroleras norteamericanas como Exxon y EOG Resources.
En suma, el Consenso del Fracking reafirma la dependencia de los combustibles fósiles, pero también el de la dependencia con las grandes empresas trasnacionales, embarcándonos ciegamente en la explotación de hidrocarburos no convencionales, que no sólo requieren de zonas de sacrificio sino que presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías. Asimismo, el Consenso del fracking no permite las disidencias ni tolera tampoco el pensamiento crítico. No sólo clausura el camino para pensar en otras matrices energéticas, basadas en las energías limpias y renovables, sino también obtura el doble camino del debate societal y el de la democratización de las decisiones.




Columnistas

El acuerdo con Chevron

Entre la impunidad ambiental y la legislación "a medida"

21/05/2014
MARISTELLA SVAMPA (*) Y ENRIQUE VIALE (**)
La reciente ratificación de la Cámara Federal porteña que establece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del decreto 929/13, publicado un día antes de que se rubricara el acuerdo entre YPF y Chevron, vuelve a poner en la arena pública la manera en que la petrolera norteamericana llegó a explotar Vaca Muerta. En la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto) denunciábamos el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, el abuso de autoridad y referíamos al daño ambiental en grado de tentativa que supone la utilización del fracking.
El fallo de la Cámara habilita la investigación de un hecho que ha sido denunciado desde antes de la firma del acuerdo: Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta. Éstos quedaron reflejados en el decreto 929 que creó un régimen de promoción hidrocarburífero para los no convencionales que beneficia a las compañías que inviertan más de mil millones de dólares. Allí se establece que, a partir del quinto año de comenzado el proyecto, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional (muy superior al precio local), sea para la exportación o para el mercado interno, si es que éste no se encuentra debidamente abastecido. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero y en ambos se permitirá la libre disponibilidad de las divisas obtenidas. Estas prerrogativas, violatorias de la ley nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la ley de Soberanía Energética y retrotraen la política petrolera a la de la infame década del 90, al tiempo que contravienen la ley general del Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional.
El pasado jueves, a través de una solicitada, el titular de YPF Miguel Galuccio alegó en favor del accionar presidencial esgrimiendo dos argumentaciones centrales. Por una parte, el texto señaló que los beneficios del decreto son generales y aplicables a cualquier proyecto hidrocarburífero que cumpla el mínimo de inversión estipulado. Si bien es cierto que cualquier petrolera puede acogerse a este régimen, el 929 fue publicado un día antes de que se firmara el acuerdo con Chevron. Lo que se dice "un traje a medida" que respondió a exigencias de la empresa norteamericana. El otro eje desarrollado por el titular de la parcialmente estatizada es la oportunidad: "Argentina es el segundo país que logra escala en la puesta en producción de no convencionales", sostiene. Sin embargo, Galuccio oculta que ese empuje productivo se ha dado a través de la cuestionada técnica de la fractura hidráulica, prohibida en varios países y cuestionada en todo el mundo, incluso en Estados Unidos (el principal productor de no convencionales y verdadero motor de su extracción), donde un reciente fallo judicial en el Estado de Texas obligó a la petrolera Aruba a indemnizar a una familia que vivía en las inmediaciones de sus pozos, debido a los problemas de salud ocasionados por la explotación.
También oculta YPF quién es su verdadero socio. Ya que este acuerdo no sólo introdujo una técnica altamente contaminante, sino que ese desarrollo es llevado adelante por una de las empresas con peores antecedentes ambientales del mundo. Chevron causó el mayor desastre petrolero de la historia en Ecuador y posteriormente negó la remediación, transformándose en prófuga de la Justicia de ese país.
La demanda de justicia llegó a nuestro país a través de un juicio por homologación de sentencia por el que se trabó un embargo sobre los activos de la empresa argentina. A través de un voto político, a comienzos de junio del 2013, la Corte Suprema revocó el embargo y 40 días después se publicó el cuestionado decreto 929. Al otro día de conocida esta nueva norma, ya cumplidos todos los requisitos exigidos por Chevron, se firmó el acuerdo, que dejó tras de sí a dos poderes del Estado que operaron en favor de la empresa y no del bien común nacional.
Este accionar, sin embargo, no es extraño para Chevron que, además de cargar con la mayor condena ambiental de la historia, ha dejado un legado de graves afectaciones ambientales y de permanentes violaciones a los derechos de las personas en los países donde ha operado. Es por eso que los afectados en todo el mundo han convocado al Día Internacional Anti Chevron hoy 21 de mayo. Durante esta jornada se realizarán acciones en más de 20 países para denunciar globalmente los impactos que ha generado esta compañía, producto de su manejo meramente economicista y falto de respeto por los derechos de los pueblos donde opera. Aquí en la Argentina, distintas organizaciones están convocando acciones en las oficinas de Chevron tanto en Neuquén como en Buenos Aires. Será una buena instancia para que todo el pueblo se pronuncie en contra de la impunidad con la que la llamada "peor empresa del mundo" opera en nuestro país.
(*) Investigadora del Conicet y escritora.
(**) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y promotor de la denuncia penal por la firma del decreto 929/13



“EL FRACKING ES CHUPARLE LOS ÚLTIMOS JUGOS A LA TIERRA”



Fracking
“El fracking es chuparle los últimos jugos a la tierra”
19 de agosto de 2013
Enrique Viale es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, miembro de Plataforma 2012 y defensor de la energías renovable. En esta entrevista a LBF aclara puntos oscuros detrás del fracking que se utilizará en Vaca Muerta.

Por Federico Millenaar y Alan Ulacia. Ilustraciones: Groger Gutierrez

Muchos dicen que la reconversión de la matriz energética hacia las energías renovables, desde el punto de vista económico, es una utopía. ¿Cuál es tu opinión?
No es cierto. Con la elección de los hidrocarburos “no convencionales” se consolida el peor de los caminos, sin posibilidad alguna de empezar a buscar opciones diferentes. Es posible ir saliendo gradualmente de los hidrocarburos pero hay que tomar la decisión política. Pero justamente lo que se está haciendo acá es lo contrario. No es cierto lo de los costos, ya que el de los hidrocarburos es enorme, por eso se necesitan inversiones tan grandes. Lo que las energías alternativas no tienen es la especulación financiera que hay detrás de los “no convencionales”. La energía alternativas también son menos concentradas, es decir, las ganancias están más dispersas, al contrario de los hidrocarburos. Por eso no tienen el lobby, tanto económico como científico, que tienen atrás los hidrocarburos y que mantiene la ilusión de que no existe otra salida, que cualquier otra cosa es imposible. Nosotros sabemos que es posible: con lo que cuesta un pozo de fracking se pueden poner seis aerogeneradores, los pozos proveen de energía por seis o siete años mientras que los otros por treinta. Hay un análisis del ingeniero en petróleo Eduardo D´Elía  que hizo un análisis comparativo.
Si es rentable, ¿por qué no lo implementan los países desarrollados?
Hay una visión economicista de que el mercado puede resolver todo, que si una cosa es rentable es mejor. Entonces, primero esto no es cierto. Segundo, tenemos que ver todo lo que hay detrás de los hidrocarburos, porque hay una especulación financiera enorme, que va más allá de lo que ganen con la extracción. La venta de activos, de acciones, etc, que generan ganancias millonarias para mucha gente antes de cavar 10 centímetros. Esto es defendido por grandes lobbystas que instalan mitos, uno de ellos es que no hay otra salida. También tienen sus científicos, que alimentan estos mitos.
El fracking es nocivo; podes poner mil expertos mirando y va a contaminar igual.
Uno de los argumentos para defender el acuerdo entre YPF y Chevron es que ayudaría a salir de la actual “crisis energética”
Nosotros decimos que es una visión “eldoradista”, por el famoso “El Dorado”, donde un hay un “descubrimiento” que nos va a salvar a todos. Pero esa es la típica historia de Latinoamérica, un capítulo más de “Las Venas Abiertas” (de Eduardo Galeano). Siempre la región ha vivido con esa ilusión de que un descubrimiento “nos va a salvar”. En Argentina ahora es Vaca Muerta, mientras que en otros países es otra cosa. Pero la verdad es que eso nunca llega y se consolida un esquema asimétrico donde seguimos siendo exportadores de naturaleza, con los costos sociales y ambientales afrontados por nosotros. Sin embargo, termina siendo un commodity más. Chevron no tiene como intención fomentar el desarrollo del país.
¿YPF no influiría en otra dirección?
Pareciera que no. Eligieron el peor camino con la peor empresa.
Chevron dice que el daño ambiental lo hizo Texaco, empresa a la cual compraron
Son personas jurídicas que tienen continuidad. Sería como decir que lo hicieron los operarios de antes pero los de ahora no lo harían. Además, decir eso es faltarle el respeto a la justicia de Ecuador, que la condenó a pagar 19 mil millones de dólares.
¿Cómo se enmarca el fallo favorable a Chevron de la Corte Suprema de Argentina?
Ese fallo en realidad lo que hace es rechazar una medida cautelar, es decir que la cuestión de fondo sigue. Yo lo cuestiono mucho ese fallo, pero no dice que Chevron no contaminó sino que se basa en rigorismos procesales para darle una mano al Gobierno. La cuestión de fondo no tiene discusión en la Justicia argentina porque es una sentencia firme sin más apelaciones después de un juicio de 16 años en Ecuador. Chevron es una empresa prófuga.
Hay quienes dicen que lo que hizo Texaco se relaciona con otro “clima de época” ya que en los `80 las empresas norteamericanas no rendían cuentas a nadie en Latinoamérica, pero ahora sí
Nosotros seguimos mucho el tema de la minería y eso también se dice mucho: “Esas cosas se hacían hace 30 años pero ahora ya no”. Dentro de 30 años nos van a decir lo mismo. Yo tengo miedo de que dentro de 30 años estemos buscando a Chevron en otros países. Nosotros elegimos a la empresa con la mayor condena ambiental de la historia para utilizar el peor método de extracción, que es el fracking. En Ecuador contaminó 500 mil hectáreas e hizo desaparecer a tres pueblos indígenas. Se podría encuadrar como un delito de lesa humanidad según el Tratado de Roma... (sigue)
Enrique Viale
Enrique Viale, abogado ambientalista





Lunes 12 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa  

Opinión
Una iniciativa que lastima a la naturaleza y marca la desigualdad

Al ritmo de una ciudad cada vez más excluyente, hemos naturalizado que nos privaticen los espacios públicos. La (poca) naturaleza y los sitios verdes hoy parecen completamente sacrificables; se consideran un vacío que debe llenarse con negocios. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza con irracionalidad y se avanza sobre las superficies verdes no planificadas por el interés general, sino por la especulación inmobiliaria.
Mientras nos transforman de ciudadanos en clientes, la ciudad se mercantiliza cada vez más. Debe entenderse que la lucha en los territorios urbanos es por sus codiciados espacios. Lo paradójico de esta ley es que prevé instalar bares en parques, pero al mismo tiempo se abandonan los cafés históricos notables, que van desapareciendo. Todo esto sin contar el impacto ambiental que significa seguir cementando la gran urbe.
Buenos Aires tiene un insoportable índice de 1,9 m2 de espacios verdes por habitante, muy por debajo de lo recomendado y de otras ciudades del mundo, como Nueva York (23,1 m2) o Santiago de Chile (10 m2). Incluso la atiborrada Ciudad de México casi duplica nuestro índice.
Pero las plazas no sólo cumplen un importantísimo papel ecológico, sino que son de los pocos lugares donde todos somos iguales. Donde todos -millonarios o no- nos sentamos en los mismos bancos; donde los chicos comparten los juegos y se entremezclan en un improvisado picado.
Esta ley viene a romper esta igualdad, al establecer un sector donde sólo quien pueda pagarlo podrá acceder a utilizar las mesas y sillas reservadas para los clientes. Viene a marcar un punto de inflexión que abre un futuro incierto sobre los espacios verdes públicos, que empiezan a transformarse en espacios semiprivados. Resulta insostenible pregonar la defensa de los bienes comunes y el medio ambiente y apoyar este proyecto que los privatiza y degrada.
En las plazas necesitamos más naturaleza; más árboles, más verde, más bancos, más interacción social fuera de lo comercial. No necesitamos cemento ni más negocios






PUBLICADO EN EDICIÓN IMPRESA DE PERFIL

ACUERDO YPF-CHEVRON  

Es el extractivismo, estúpido
































  • Por Enrique Viale | 19/07/2013 
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El actual modelo extractivista-financiero es un sistema que explota y lastima a los pueblos, que sobreexplota la naturaleza, expandiendo los límites productivos, imponiendo actividades no decididas por los habitantes de los territorios y creando enclaves financieros contrarios a las relaciones y prácticas de las economías locales preexistentes. Cree que la naturaleza es una fuente inagotable de recursos y no respeta las políticas de vida de comunidades indígenas, campesinas y poblaciones que sufren la segregación económica y espacial tras el velo del crecimiento económico. Un modelo que se impone por la fuerza, a espaldas de la sociedad, y con criminalización y represión del que piense distinto, abriendo así un nuevo capítulo de violación de derechos humanos básicos.
La técnica experimental de fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) es una de las caras extremas de este extractivismo que corre todo el tiempo sus fronteras, consolidando además una matriz energética basada en los hidrocarburos, postergando indefinidamente el desarrollo de energías alternativas y compatibles con los ciclos de la naturaleza.
Por estas razones el fracking ha sido prohibido en Francia, en Bulgaria, en Vermont (Estados Unidos) y en Québec (Canadá). Además, se han dictado moratorias (suspensiones) por el principio precautorio en el estado de Nueva York y diversas regiones de Europa. También fue prohibida en una decena de municipios de nuestro país.
Y la elegida en la Argentina para desarrollar a gran escala esta técnica tan cuestionada fue la corporación Chevron, quien cometió, en Ecuador, delitos que técnicamente pueden considerarse como de “lesa humanidad”. Allí arrasó durante treinta años con más de 500 mil hectáreas de la Amazonia ecuatoriana e hizo desaparecer comunidades y ecosistemas enteros. Por ello fue sentenciada a pagar, luego de 16 años de disputa judicial, la suma de 19 mil millones de dólares, la mayor condena ambiental de la historia.
Bajo el paradójico título de “Soberanía hidrocarburífera” y con la misma pluma que la leonina legislación minera de la década de los 90, la Presidenta de la Nación dictó el decreto 929/13 que otorgó una serie de beneficios impositivos, tributarios y financieros que serán una pesada carga difícil de desmontar en el futuro. Este decreto junto al acuerdo celebrado con Chevron para la explotación en Neuquén del yacimiento Vaca Muerta (el emprendimiento de hidrocarburos no convencionales más grande de la Argentina) se convertirán prontamente en los mayores símbolos de entrega de soberanía de la última década.
Pero la crítica no sólo debe estar posada sobre el Gobierno nacional. La denominada centroizquierda –u oposición mediática– hace alianzas con el radicalismo, que es uno de los mayores impulsores del fracking en Neuquén (y en provincias como Mendoza); la vieja izquierda sólo reclama “nacionalización” o “control obrero”; y otros piden simplemente “mayor control público”. Ninguna cuestiona el modelo de (mal) desarrollo que se esconde atrás del fracking, no se trata solamente de quién se apropia de la renta.
Con sus luchas, quienes nos están marcando un camino son las asambleas, comunidades indígenas y pueblos que defienden sus territorios. Ellos están reconstruyendo y resignificando conceptos elementales para saltear la encrucijada que nuevamente el capital transnacional puso sobre la región: derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, vivir bien, justicia ambiental, eco-socialismo, bienes comunes, alternativas al desarrollo. Estos lenguajes, que parecen tan ajenos a la agenda mediática/política de nuestro país, forman parte del diálogo cotidiano de estos pueblos.
Con esa inspiración resulta imperioso que promovamos un serio debate sobre la relación con la naturaleza (en realidad como parte de ella), que permita superar la concepción del desarrollo como crecimiento infinito y el modelo extractivista como si fuese un destino inevitable. ¿Estamos preparados para darlo?
*Ambientalista. Candidato a diputado nacional por Nueva Izquierda.





































Vamos por nuevos paradigmas

































Enrique Viale
Queremos incorporar al debate en el Congreso Nacional nuevos paradigmas, todos invisibilizados por la agenda mediática/política. Queremos construir otra cultura política, otra relación con la naturaleza (como parte de ella) y otro sentido de lo público.
Debemos reconocer los Derechos de la Naturaleza, que no supone una naturaleza virgen, sino el respeto integral por su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, la defensa de los sistemas de vida y de todos los seres vivos.
Dejar de comprender la naturaleza como una mera mercancía sino también únicamente como un recurso natural estratégico, como lo entiende la vieja izquierda. La transición del concepto de recursos naturales al de bienes comunes consiste en una radicalización de la democracia.
Por el contrario, en todo el país se ha consolidado un modelo extractivista-exportador que la sobreexplota, donde son las corporaciones las que dominan los territorios: la minera Barrick en la cordilleraMonsanto en el campo y, ahora, Chevron en el subsuelo.
Y la historia lo demuestra, por donde pasa el extractivismo sólo quedan transnacionales enriquecidassaqueo, contaminación y territorios devastados. Y va por nuevas fronteras, pretende mercantilizar todo, expulsando población y condenándola a las periferias de las ciudades, creando más exclusión. La crisis ecológica/ambiental y la crisis social están profundamente interrelacionadas y son producto de las mismas fuerzas estructurales.
El “extractivismo” también ha llegado a las grandes ciudades. Pero no son los terratenientes sojeros, ni la megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales generalizados y desafía a la naturaleza en el marco de una marcada degradación institucional y social. El éxito de la ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados, el aumento de la valuación de los inmuebles, lo cuantitativo por sobre los cualitativo.Cada vez más se profundiza la concentración de territorio. La entrega de bienes comunes como las tierras e inmuebles del Estado, los espacios verdes, para la especulación inmobiliaria no descansa. Los barrios pierden sus identidades y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. Se ha mercantilizado la vivienda hasta el paroxismo, convirtiendo a los inmuebles en una especie de commodity, una mera mercancía, mera especulación, un bien de cambio.
En la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 20 millones de m2 en los últimos 10 años y en el mismo período creció un 50% la población que vive en sus villasEl 50% de los inmuebles de Puerto Madero están vacíos.
¿Para quién se construye? ¿Para qué? Se impone así un sistema especulativo, que implica privatizar beneficios y socializar costos. La contracara de la especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional. La naturaleza y los espacios públicos es completamente sacrificable en pos del crecimiento de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza irracionalmente y se avanza sobre las superficies absorbentes en áreas urbanas y suburbanas que no las planifica el interés general, sino la especulación inmobiliaria a través de los privilegios que le conceden quienes ocupan cargos en los Estados. Un ejemplo de ello fue el resultado del Pacto PRO-K en la legislatura porteña -en noviembre del año pasado- que entregó casi 200 has de la Ciudad a la especulación inmobiliaria.
En definitiva, el Extractivismo Urbano está consolidando ciudades degradadas, violentas, insalubres, privatistas, exclusivas y antidemocráticas. Todos y todas, y no un pequeño grupo de corporaciones –ni tampoco una élite de funcionarios del Estado–, deben poder elegir –democráticamente- qué hacer en los territorios comunes, en los espacios públicos.
No le decimos a nadie que “camine distinto”, nosotros queremos caminar como ellos. Como los vecinos que se agrupan para defender la identidad de un barrio, contra las torres, las inundaciones, en defensa de sus plazas o parques, por su vivienda. Sin vanguardismos, debemos avanzar hacia la radicalización de la democracia en el Gobierno de nuestras ciudades y territorios, por allí está el camino.









EL PAIS › OPINION

Los derechos de la naturaleza







 Por Norma Giarracca y Enrique Viale
Socióloga (IIGG-UBA) y abogado ambientalista. 
Ambos integran el colectivo Voces de Alerta.
28/11/11
Un debate que circula por el mundo después de haber sido puesto en la agenda política por las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador arribó a los espacios públicos de nuestro país: los Derechos de la Naturaleza. Este debate tuvo lugar hace poco en un seminario en la Ciudad de Buenos Aires y no sólo abordó la temática del status legal de la naturaleza, sino cuestiones que integran también este nuevo pensamiento social que incluye la crítica al modelo “extractivista” de recursos naturales, las posibilidades de limitarlo o salir de él en un escenario donde la geopolítica internacional puso la mira en estos territorios; el respeto por las “políticas de vida” de comunidades indígenas, campesinas y también de poblaciones con arraigo en los territorios; o aquellos conceptos que hacen al respeto de la heterogeneidad cultural; la decolonialidad del saber, que significa desactivar la idea de que existe un único conocimiento al que se tienen que subordinar las múltiples formas de saber de los distintos sectores sociales y culturales.
Este espacio de discusión contó con la valiosa presencia de Eugenio Zaffaroni, quien nos recordó que veinte siglos para declarar “personas” al conjunto de los seres humanos, después de racismos y genocidios múltiples, ayudan a comprender las resistencias actuales para declarar que, además de nosotros, hay otros que tienen derechos. La historia de la problemática en Occidente depara escepticismo aun cuando muchos de los principios de la ecología y de la ecología profunda provienen de allí; no obstante, Zaffaroni pudo partir de la hipótesis Gaia para llegar a los debates actuales de América latina, herederos de pensamientos aymaras, quechuas, mayas, etc., donde, independientemente del nombre e imagen que asuma la Pacha o madre tierra, comportan un sentido profundo de unidad de los seres humanos con ella, sin la pretendida distancia y superioridad que impuso una determinada “ciencia moderna”. La Naturaleza, pese a que no es sujeto de responsabilidades y deberes, y a no estar habilitada para representarse a sí misma, puede tener derechos y no hay nada que impida que demos ese paso. Recuerda Eduardo Galeano: si el ordenamiento jurídico ha construido la ficción de que una empresa tenga derechos, ¿cómo no los va a tener la Naturaleza?



Desmercantilizar la naturaleza

Por Enrique Viale

23/09/12
Producto de luchas ciudadanas, la jurisprudencia y legislaciones locales utilizan el artículo 2369 del Código Civil actual como una norma que garantiza el acceso público a cursos de agua y que presta beneficios al mantenimiento de la biodiversidad. Es decir, este camino público cumple una misión clave para preservar ecosistemas costeros y garantizar la libre circulación y el acceso a bienes públicos como ríos y lagos.
En el nuevo proyecto sólo los dueños de terrenos colindantes podrán acceder y gozar de las costas. Porque no sólo se reduce de 35 a 15 metros esta restricción al dominio, sino que se suprime el carácter de “camino público” de la franja de tierra, lo que anularía la posibilidad de acceder.
El proceso de reforma del Código Civil debería estar impregnado por el derecho ambiental. No sólo en mayores restricciones al dominio, atento la función ambiental de la propiedad, sino con normas que lleven a la desmercantilización de la naturaleza.
Frente a la marcada tendencia de “privatizar” la naturaleza hasta lugares impensados, está tomando cada vez más fuerza la transición del concepto de “recursos naturales” al de “bienes comunes”. Si los bienes son considerados comunes no sólo se garantizará su real y pleno goce colectivo sino que ni los particulares ni los Estados tendrán jurisdicción plena sobre ellos.


OPINIÓN

Cuestión ambiental: punto ciego del Gobierno

POR MARISTELLA SVAMPA Y ENRIQUE VIALE

Cuestión ambiental: punto ciego del Gobierno

A ningún observador podrá escapársele que la cuestión socioambiental es un punto ciego del gobierno kirchnerisa.
Más allá del sorprendente “ambientalismo selectivo” -según la acertada expresión del periodista Darío Aranda-, que Cristina Fernández e intelectuales oficialistas expresaran en estos días, en nombre de los árboles arrancados de modo ilegal por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el caso es que el kirchnerismo nunca se interesó en incorporar a la agenda política dicha discusión.
Antes bien, de modo sistemático el gobierno nacional pretende obturar el debate negando las graves consecuencias ligadas, por ejemplo, a la expansión del agronegocio y de la megaminería. No hay más que evocar las eternas dificultades para una aplicación real y efectiva de las Leyes de Bosques y de Glaciares, logros vinculados a las luchas del movimiento socioambiental.
Por si esto fuera poco, bajo el influjo de una necia visión “eldoradista” se avanza ciega e imprudentemente -de la mano de la nueva YPF- en la explotación del gas no convencional (shale gas), con la controvertida metodología de la fractura hidráulica o fracking , técnica que consiste en inyectar grandes cantidades de agua, sustancias químicas tóxicas y arena, a elevada presión, a fin de producir micro-fracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos.
Las consecuencias ambientales son de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales y activación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos.
En función de la controversia que rodea esta técnica experimental, elfracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria, así como en Vermont (Estados Unidos) y Quebec (Canadá), mientras que en Nueva York y otras regiones de Europa se han aprobado moratorias (suspensión). El tema es de tal gravedad que en el país del norte se creó un movimiento cultural antifracking, con Yoko Ono, Robert de Niro y Salman Rusdhie entre sus firmantes.




Famatina y los nuevos espejitos de colores

Por Enrique Viale | 22/01/2012


La pueblada de Famatina está marcando un hito histórico en la defensa de los territorios en nuestro país y un punto de inflexión en el saqueo económico, devastación ambiental y degradación social, cultural e institucional que significa la figura extrema del extractivismo: la megaminería.
Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral. En nuestro libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional, presentamos distintos datos, aportados por las propias empresas, que nos sirven para comprender su real magnitud. Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado emplear más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojará durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Por estos motivos es que la gran minería se apropia de los territorios donde se desarrolla compitiendo –desproporcionamente– por los recursos con las actividades previamente establecidas. Así, las producciones agropecuarias de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.



Las Obras del Metrobus y la Inundación de la Av. 9 de Julio
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En diálogo con Mañana Sylvestre, el Dr. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de la Abogados Ambientalistas, culpó a las obras del Metrobús por la reciente subida de aguas sobre la tradicional avenida céntrica y explicó que al reemplazar plazoletas por asfalto “se ha impermeabilizado un suelo que antes era una superficie absorbente”. “En Curitiba, están sacando el Metrobús, y poniendo subterráneo, y nosotros hacemos al revés, donde hay subte ponemos Metrobús”, cuestionó.

“Hay una situación de hecho que ha cambiado. Las obras del Metrobus han quitado, han eliminado las plazoletas centrales, sobre todo las que estaban en los dos extremos, tanto en el Sur por San Juan, como en el extremo norte a la altura de Arroyo. Habían extensas plazoletas que ya no existen más y se ha impermeabilizado un suelo que era una superficie absorbente, una especie de esponja que retardaba”, explicó el Dr. Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de la Abogados Ambientalistas, acerca de lo que fue la primera inundación de la avenida 9 de Julio desde su emplazamiento.
“Hemos llevado un problema a un lugar que no existía. Son consecuencias que nosotros hemos ido avisando, que había una cuestión paisajística pero también una cuestión ambiental que tenía que ver con esto. Las estaciones de subte de la Línea C y no casualmente, tuvieron agua como nunca, y eso lo dicen los propios metrodelegados. Es una situación muy compleja por una obra irracional”, cuestionó el abogado especialista en temas ambientales.
Sobre la polémica decisión del Gobierno porteño de complementar el subte superponiéndole un transporte terrestre, cuando se podía haber potenciado las frecuencias del mismo subterráneo, Viale indicó que “en todos lados es al revés. En Curitiba que es donde se inventó este tema del Metrobús en la década del 60, están sacando el Metrobús, y poniendo subterráneo, y nosotros hacemos al revés, donde hay subte ponemos Metrobús”.
Además, en Radio del Plata, cuestionó el alto presupuesto que tuvieron estas obras: “Esto tendrá un costo de casi $200 millones, nosotros decimos que es una especie de Yacyretá, porque cada vez hay más costos. Va a tener 5 estaciones, con 14 paradores, que fueron licitadas a principio de año, y fueron adjudicadas en $114 millones, y si uno divide cada parador va a costar $8 millones”.
“Se podría haber ahorrado ese dinero, y hacerlo por las calles laterales, o en la línea del subte invertir más y que pase cada 30 segundos”, agregó.
Las consecuencias de la eliminación de adoquines
“El adoquín tenía un efecto que era el de retardar la lluvia porque tiene una capa de absorción que no tiene el asfalto. Son todas medidas que en nombre de la modernidad están sacrificando a barrios enteros”, dijo Viale sobre el reemplazo de adoquines en barrios porteños y el asfaltado de calles..
Después viene la teoría del caño más grande que al final termina haciéndolo el primo de Mauricio que es (Ángel) Calcaterra. Parece un círculo vicioso porque en unos años nos van a proponer un caño para la 9 de Julio para sacar el agua. Estamos ante una situación de especulación inmobiliaria que se avanza sobre espacios verdes, el barrio de Saavedra es uno de ellos”, añadió.
La sobreedificación, y los espacios verdes
El ambientalista destacó que lo que ocurrió tiempo atrás con el Parque Sarmiento donde “hicimos el amparo que paró la construcción de una comisaría sobre el parque que iba a impermeabilizar decenas de miles de metros cuadrados, una situación que tiene consecuencias concretas”.
En este sentido, agregó que “en Palermo donde se había pensado un lago regulador en Puente Pacífico se está construyendo un shopping. Mientras que en Caballito donde iba a hacerse el Corredor Verde del Oeste y fue entregado por un acuerdo entre macrismo y kirchnerismo para la especulación inmobiliaria”.
“En los últimos años se construyeron 20 millones de metros cuadrados en la Ciudad. En el mismo periodo se pudo haber solucionado el déficit habitacional, pero no porque creció 50% la población en villas, de 110.000 habitantes a 180.000. El inmueble se está convirtiendo en un commoditie más en la Ciudad, porque acá no hay oro ni petróleo sino que hay tierras e inmuebles. El 25% de los departamentos están vacíos y en Puerto Madero eso sube a 50%, un boom inmobiliario que hubo en estos 10 años de construcción indiscriminada y los únicos que resistimos fuimos los vecinos”, cuestionó.
Audio completo de la entrevista
Miércoles 29 de mayo de 2013



El principio precautorio al revés

Por Norma Giarracca y Enrique Viale - 15/11/2010

Cuando el Congreso aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar estábamos convencidos de que, con voluntad política y ciudadana, con esfuerzo y trabajo, los argentinos podíamos expandir nuevos derechos, como son los civiles, los de la información o los nuevos derechos que atañen a la naturaleza –los “derechos de la naturaleza”, como dice la avanzada Constitución de Ecuador–. Sentíamos que habíamos “honrado la democracia” entre todos, en forma transversal, y que era el modo de avanzar. No obstante, desde algunas bancas se había advertido casi en tono de amenaza que de salir el proyecto de mayores recaudos (Bonasso-Filmus) la ley no se podría aplicar porque “la llenarían de juicios”. También había lanzado esta advertencia premonitoria el secretario de Ambiente de la Nación junto, claro está, al gobernador sanjuanino José Luis Gioja.
La estrategia judicial del lobby minero y sus gobernadores acerca de la Ley de Glaciares está clara y lleva a suponer que fue consensuada entre el mandatario sanjuanino y la empresa Barrick Gold. Así dispusieron que, primariamente, ataquen judicialmente la ley nacional los gremios, las empresas mineras y las cámaras empresariales acudiendo a juzgados federales peticionando “urgentes” medidas cautelares dentro de acciones declarativas de inconstitucionalidad. Decidieron que la acción no la realice directamente San Juan, porque al demandar una provincia a la Nación debe hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia (competencia originaria). En este supuesto, la Corte podría tener meses –y hasta años– la causa en estudio, sin resolver la petición de la medida cautelar. Del modo en que lo hicieron, en un Juzgado Federal de San Juan la consiguieron en apenas veinte horas. Es conocida por quienes seguimos los juicios emanados de reclamos por tierra, agua o minería, la connivencia de la Justicia local, aunque sean juzgados federales, con las corporaciones económicas que manejan presupuestos que a veces doblan el presupuesto provincial (véase “Cuando los ojos están demasiado vendados”, en Página/12, 02/11/10).

Continua en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-156905-2010-11-15.html



Opinión

Debate

Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema



La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .
Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.
Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.
La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.
En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.







La Corte dio una gran señal sobre glaciares


POR MARISTELLA SVAMPA* Y ENRIQUE VIALE**

*Socióloga, investigadora del Conicet.  **Abogado ambientalista.
Ambos son miembros de Plataforma 2012.
La Corte dio una gran señal sobre glaciares

16/07/12
El reciente fallo de la Corte Suprema, que revoca aquellas medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan que suspendían los artículos medulares de la Ley de Glaciares, abre un nuevo capítulo en el interminable derrotero de esta norma , iniciado con el veto presidencial a fines de 2008. En un contexto político de gran desaliento para las luchas socioambientales , en el cual la ofensiva minera cuenta con el aval de gobernadores y Poder Ejecutivo Nacional, la resolución de la Corte Suprema es también una señal -la única buena señal institucional , junto con el reciente referendum de Loncopué, en estos últimos meses- para aquellos que hoy resisten en sus territorios el ingreso de la megaminería .
Ante tal resolución, la compañía Barrick Gold se apresuró en sacar un comunicado en el cual afirma que sus actividades no afectan los glaciares. Curioso modo de autoincriminarse, pues si los emprendimientos de Pascua Lama y Veladero no afectan a los glaciares, ¿por qué entonces cuestionar judicialmente la validez de la norma? Por otro lado, no es lo que señalan los propios Informes de Impacto Ambiental de la Barrick , donde se afirma que estos dos emprendimientos se desarrollan sobre glaciares y ambiente periglaciar . Y esto es algo difícil de negar, ya que los informes son anteriores a la presentación del proyecto de Ley de Glaciares, por parte de Marta Maffei.
Por ello la empecinada oposición de la Barrick Gold a esta Ley, pues es claramente comprobable que ésta está violando el artículo 6°, que prohíbe la actividad minera sobre glaciares y ambiente periglacial. Vale agregar que estos elementos, con una consustanciada prueba, están en poder de nuestro máximo Tribunal, el cual tiene en sus despachos dos causas judiciales -apoyadas por varias organizaciones ambientalistas- donde se solicita el cese inmediato de las actividades de Veladero y Pascua-Lama por la flagrante violación a la Ley de Glaciares.





Es la reprimarización, la 
dependencia y la democracia, 
estúpido 

Año 3. Edición número 146. Domingo 6 de marzo de 2011
En su artículo de la edición de Miradas al Sur del domingo pasado, Daniel Bosque, director de Mining Press, una de las revistas promineras más conspicuas, lejos de referirse a la discusión que planteamos en nuestro artículo (la aplicación efectiva ley de protección de los glaciares), corrió deliberadamente el eje, para hacer una defensa fervorosa de la megaminería a cielo abierto. En razón de ello, en este artículo quisiéramos responder desde una perspectiva más general los argumentos presentados por dicho periodista.

Es una falacia afirmar que América latina es mineral, ocultando los complejos procesos económicos y políticos que están detrás de ello. En términos geopolíticos, la opción “mineral” que hoy busca implantarse en la región latinoamericana, desde México a la Argentina, responde a una nueva división territorial y global del trabajo, basado en la apropiación irresponsable de los recursos naturales no renovables, que ha dado lugar a nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre el norte y el sur. Lo que sucede es que, más allá de las retóricas industrialistas y emancipatorias en boga, nuestros gobiernos tienden a aceptar como “destino” el “nuevo consenso internacional”, en nombre de las “ventajas comparativas” o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial, el cual históricamente ha reservado a América latina el rol de exportador de Naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población ni los efectos socioambientales.

En este sentido, el extractivismo resultante no es un destino, es una opción política y civilizatoria, asumida por los diferentes gobiernos, que va reconfigurando negativamente nuestros territorios y economías y genera una nueva dependencia: cada vez exportamos más materias primas, lo cual aparece reflejado en la concentración económica, en la especialización productiva, así como en la consolidación de enclaves de exportación, rasgos que históricamente fueron criticados tanto por el desarrollismo como el marxismo. Hoy el proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas es tal que, como informa la Cepal, en un solo año (2009), en la Comunidad Andina, el porcentaje de exportación de productos primarios pasó del 81% a 82,3%, y para el caso del Mercosur el crecimiento fue aún mayor, ya que éstas pasaron del 59,8% al 63,1%.

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Minería y medio ambiente: un debate entre la economía y la protesta popular

Un ingeniero en minas y un abogado ambientalista discuten sobre los emprendimientos.
Famatina. Las protestas pararon la instalación de la mina de oro en La Rioja.

05/02/12
Mientras hablan se miran poco. Cuando cruzan la mirada, es para levantar la voz. En más de una hora de charla se ponen de acuerdo en un único punto: el impacto de la megaminería a cielo abierto es brutal. Sólo que uno quiere decir que es brutalmente positivo y el otro, brutalmente negativo .
Mario Capello, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, y Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, fueron convocados por Clarín para debatir acerca del estado de un asunto que, parece, no admite medias tintas.
La semana pasada, el gobierno de La Rioja dio marcha atrás con el emprendimiento de la canadiense Osisko Mining en el cerro Famatina . Tanto el gobernador Beder Herrera como la empresa hablaron de la necesidad de conseguir una “licencia social” para avanzar con el proyecto.
Enrique Viale: En Famatina no existe esa licencia social y recién se dan cuenta ahora, cuando firmaron el convenio hace un año, a espaldas de la sociedad. Ha habido intentos por comprar voluntades, pero fracasaron. No hay licencia social y no la habrá nunca para la megaminería, porque es devastadora. Usa grandes cantidades de agua, energía y explosivos. No hay forma de control posible, es insustentable por definición. Eso la gente en La Rioja lo tiene claro.
Mario Capello: Todas las actividades necesitan licencia social. El problema es que en Argentina no hay tradición minera. Hay minería a cielo abierto en Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, los países de mejor gestión ambiental del mundo. Es necesaria una campaña de difusión desde la ciencia para informar.
Viale: Pero es tan insustentable este tipo de minería que nadie le da pólizas de seguro ambiental a estas empresas, exigidas por la Ley General de Medio Ambiente. ¿Por qué si no hay tantas poblaciones opuestas a la megaminería? Capello: Porque asustan a la gente, le dicen que la minería los va a dejar sin agua cuando la minería usa muy poca agua en comparación con otras actividades, como la agricultura. La mina de oro más grande del país, Veladero, en San Juan, usa 54 litros de agua por segundo. Es lo mismo que usa una finca de 108 hectáreas. En una provincia de 120 mil hectáreas, la proporción es ínfima.
Viale: La mina de La Alumbrera en Catamarca usa 800 litros por segundo. Y la comparación es errada. La mina usa agua las 24 horas, mientras que las autorizaciones de agua de las fincas son semanales o quincenales. La mayoría del agua que se usa en los cultivos vuelve al ciclo biológico; en la mina se usa y no sirve más. La prueba es que en el acuífero del que se saca el agua para la mina La Alumbrera, en Catamarca, hay grandes sequías.
Capello: Repito: la minería usa muy poca agua, y la usa en circuitos cerrados. Sólo se agrega la que se evapora en el proceso. Ningún emprendimiento del mundo está modificando los valores naturales que tienen los ríos antes de explotarse. Esto se puede medir y está prohibido por la ley de minería nacional.
Viale: ¿Pero qué región de Argentina se desarrolló gracias a estos proyectos? La Alumbrera existe hace 13 años y Catamarca sigue igual de pobre. ¿Qué opina de su resultado? 



ECONOMIA › OPINION

La seguridad jurídica y la recuperación del predio de Palermo







 Por Norma Giarracca * y Enrique Viale **
De las entidades corporativas del agro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) es la que se ha ganado el peor prestigio por las conductas económicas y políticas que desarrolló a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos saben que sus fundadores tuvieron objetivos de tecnificación del ganado ovino, que se sentían productores de “punta” y que el primer socio honorario fue Domingo Faustino Sarmiento, quien profesaba una gran admiración por el espíritu “tecnológico emprendedor” de este grupo de ganaderos.
Por esta admiración que sentían los gobiernos liberales de la época, entre las presidencias de Sarmiento y Avellaneda se le entregó temporariamente el predio de Palermo –que era parte del Parque 3 de Febrero– para “celebrar exposiciones y ferias”, según enuncia el contrato de cesión temporaria. Las sucesivas prórrogas de esta cesión fueron llevadas a cabo por el Congreso de la Nación o por los gobiernos dictatoriales dando cumplimiento a la medida donde se subrayaba un lugar “situado en el parque de Palermo”.
El poder económico y político que fueron capaces de generar estas pocas miles de familias ganaderas, que obtuvieron fundacionalmente sus territorios de manera espuria en el saqueo iniciado por Julio A. Roca, se enfrentó con los gobiernos democráticos y terminaron culpando de su propia decadencia relativa a la intervención del Estado a partir de las primeras décadas del siglo XX. La agricultura había encontrado su lugar tanto en el mercado internacional como en el interno a medida que se lograba la industrialización sustitutiva de importaciones. Los ganaderos se comportaron siempre como una elite que podían marcar las políticas públicas mientras que los agricultores –inmigrantes y criollos– reclamaban por la tierra que les arrendaban.
La SRA mantuvo una conducta antidemocrática durante toda su existencia y eso queda registrado en su intervención en los grupos golpistas que derrocaron el gobierno del tercer peronismo, por ejemplo. Se habían sentido amenazados por las políticas del presidente Perón y el secretario de Agricultura ingeniero Giberti y prepararon la política para mantener sus privilegios con uno de sus mayores representantes, José Martínez de Hoz, como ministro de Economía en los primeros años de la ominosa dictadura militar de 1976-1983.





La efectiva aplicación de la Ley de Protección de Glaciares: Un mandato constitucional urgente (*)(1)(2)

Autor/es: Por Viale, Enrique.
EDLA.
Sumario: I. Introducción. – II. La influencia del derecho ambiental y su transformación. – III. Dominio de los recursos naturales: armonía constitucional de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. – IV.  Constitucionalidad de las prohibiciones de la norma: a) Objeto de protección; b) Principios ambientales: 1. Principio preventivo; 2. Principio precautorio; 3. Principio de sustentabilidad; 4. La aplicación de estos principios al caso en estudio; c) Razonabilidad de las prohibiciones; d) No existen derechos adquiridos a contaminar. – V. Obligación de cumplir con la legislación ambiental sobreviniente. – VI. Conclusión
I. Introducción
La ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, 26.639 (EDLA, boletín n° 21/2010-17), incorpora importantes conceptos en materia de derecho ambiental, que merecen un análisis pormenorizado para comprender acabadamente su alcance y tutela.
Respecto de la génesis que dio lugar a la sanción de la ley, cabe recordar, a modo de síntesis, que un proyecto similar fue aprobado en el año 2007 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad y sin debate. Posteriormente, en octubre de 2008, la Cámara de Senadores dio aprobación definitiva a la norma, por unanimidad en general y 3 votos en disidencia parcial. De esta forma, se sancionó la Ley 26.418. El 10 de noviembre de 2008, esta ley fue vetada por la Presidenta de la Nación(3), que hizo eco de las “inquietudes” de distintos gobernadores, del Secretario de Minería de la Nación, y de la Cancillería. Dos años después, luego de varias sesiones de la Cámara de Diputados sin quórum y una votación estrecha en la Cámara de Senadores, el 30 de septiembre de 2010, se sancionó la Ley  26.639, finalmente promulgada de hecho el 28 de octubre de 2010.
Está ley –impulsada por diversas y numerosas organizaciones socio-ambientales de todo el país– trajo la reacción corporativa de sectores extractivos que se oponían (y se oponen) a su existencia. En este artículo se exponen las mismas, y se intentará rebatir jurídicamente los principales argumentos esgrimidos por quienes discrepan con el articulado de la norma y pretenden tildarla de inconstitucional.
Una de las principales incorporaciones de la norma, en su art. 1º in fine, fue la inclusión de los glaciares como bienes de dominio público. Si bien estimamos correcto dicho establecimiento, los glaciares ya eran de dominio público en virtud del art. 2340 del Código Civil(4). En efecto, los glaciares, compuestos fundamentalmente por agua en estado sólido, satisfacen usos de interés general. En el mismo sentido, el agua que se encuentre en el ambiente periglacial, en tanto también tiende a satisfacer usos de interés general, es de dominio público, es decir, no es susceptible de apropiación privada.
Uno de los artículos más discutidos durante el trámite parlamentario fue el art. 2º de la ley, con relación a los alcances del concepto de ambiente periglacial, o sea, al ámbito de aplicación de la norma. Este debate fue, quizás, el más significativo, puesto que, en definitiva, este artículo establece el bien jurídico tutelado por la ley, es decir, las áreas, zonas y geoformas alcanzadas por las disposiciones, limitaciones y prohibiciones de la norma. La presión ejercida durante el trámite parlamentario para “achicar” los alcances de la norma se encontraba relacionada, justamente, con los ambientes periglaciales, donde los grandes emprendimientos mineros pretenden operar: sea estableciendo allí sus emprendimientos o para la utilización de sus recursos hídricos para los millones de litros diarios que necesitan en sus tareas extractivas. Para ello, durante las reuniones de Comisión en el Senado Nacional, se llegó a afirmar maliciosamente que la definición de ambiente periglacial de la ley abarcaba la mayor parte de nuestro territorio(5). De esta manera, si se achicaba el ámbito de aplicación de la ley, también se reducía el área de acción, estudio e intervención de Inventario Nacional de Glaciares que establece el art. 3º de la ley y, así, quedaba excluida del Inventario la identificación e individualización de los ambientes periglaciales.
También generó infundada controversia lo establecido en el art. 5º de la norma que dispone: “El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley”. Resulta fundamental que el inventario nacional sea realizado por un solo organismo, atento la unicidad de criterio con la que debe ser llevado dicho estudio y que los glaciares y ambientes periglaciales no reconocen fronteras administrativas. Debe desarrollarse una actividad integradora que contemple a la Cordillera como un ecosistema que trasciende los límites artificialmente impuestos por las fronteras provinciales. Tampoco encuentra reparos constitucionales la responsabilidad centralizada sobre un ente nacional (IANIGLA) para la confección del Inventario Nacional de Glaciares que establece la ley sancionada, dado que estos cuerpos y sus ecosistemas trascienden los contornos jurisdiccionales y su correcto estudio, metodología e identificación deben realizarse de manera uniforme, integral y sistémica, sin perjuicio de la facultad de cada provincia para producir los estudios que crea convenientes.
Otro de los artículos que generó un gran debate fue el art. 6º de la ley, que establece las “Actividades prohibidas” en los glaciares. El debate se planteó alrededor del inc. b) del citado artículo, que prohíbe en los glaciares “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera…”, y establece que “se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial”. El debate tuvo intrínseca relación con la controversia generada sobre el art. 2º de la norma, que es aquel que define el objeto tutelado, es decir, que precisa, a los efectos de la ley, los conceptos de glaciares y ambiente periglacial. La discusión estaba centrada en la protección o no del bien común agua. Para quienes criticaban la inclusión de dicho inciso, la definición de ambiente periglacial establecida en el art. 2º de la ley era imprecisa, y debía ser eliminada. Se trataba, según nuestro entender, de una estrategia deliberada de quienes consideran que la megaminería debe desarrollarse aun cuando afecte irremediablemente el ambiente o el bien común agua(6). El debate, que estuvo signado por definiciones de glaciólogos y especialistas en la materia, puso en evidencia los poderosos intereses económicos que afectaban la sanción de esta ley, que lejos de pretender ser prohibicionista de actividades, es proteccionista del agua y del ambiente, en cumplimiento de la manda constitucional establecida por el art. 41 de la Carta Magna.
Sin perjuicio de que no tuvo grandes críticas, el art. 7º resulta de gran importancia, porque establece la obligación de realizar una evaluación estratégica del impacto ambiental. Este tipo de evaluación agrega en su estudio los efectos acumulativos y regionales de los emprendimientos a realizarse, es decir, analiza las relaciones de diversos proyectos entre sí y entre ellos y sus contextos sistémicos (estructurales o funcionales)(7). La evaluación de impacto ambiental no puede tener un enfoque individual que ignore intereses regionales, de otras provincias o de la Nación, y es por ello que es uno de los aspectos relevantes de la ley sancionada.
Por su parte, el art. 15 también fue otro de los más cuestionados por quienes criticaban la ley en su conjunto. Este artículo establece un plazo máximo de 180 días para realizar la Auditoría Ambiental sobre los emprendimientos “actualmente en ejecución”, que empezó a correr a partir de la sanción de la ley. Además, este artículo establece plazos determinados y concretos, también de 180 días, para la realización del Inventario Nacional de Glaciares en las zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el art. 6° (“Actividades prohibidas”) se consideren prioritarias.
No resulta casual que este artículo establezca plazos concretos para la realización de actividades, ya que intenta superar la problemática acaecida con otras normas ambientales. Un ejemplo de ello es el caso de la Ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331 [EDLA, 2008-A-29]) que, a pesar de encontrarse en vigencia desde el año 2007, continúa actualmente el proceso de desmonte incontrolado de miles de hectáreas, debido a que muchas provincias no han realizado aún el “ordenamiento de los bosques nativos existentes en sus territorios” que dispone expresamente dicha norma nacional.
Otro de los artículos más conflictivos de la ley, incorporado por la Cámara de Diputados y eliminado en el Senado nacional, era el art. 17, que establecía:
En las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, elIANIGLA priorizará la realización del inventario en el área en cuestión.
Este artículo pretendía, simplemente, implantar positivamente el Principio Precautorio(8), que ya se encuentra establecido en el art. 4º de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675 [EDLA, 2002-B-165]). Este principio señala que, en caso de ausencia de información (como ocurre en las áreas donde el inventario de glaciares aún no ha sido realizado), debe actuarse preventivamente cuando haya peligro de daño grave o irreversible. En consecuencia, sin perjuicio de la eliminación del art. 17 de la ley, la obligación de actuar preventivamente persiste en los lugares donde no esté realizado el inventario de glaciares y ambiente periglacial, sin que pueda autorizarse, entonces, hasta tanto ello suceda, el inicio de nuevas actividades: existe una obligación legal de actuar (no permitiendo nuevas actividades) frente a la posibilidad de un daño grave o irreversible en el ambiente, incluso ante la duda respecto de la posibilidad de que las actividades prohibidas puedan afectar a los glaciares(9).



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