Debate
"Trumpización"
de la política ambiental
Maristella Svampa y Enrique Viale
Es sabido que en sus primeros días de gobierno el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, encaró una espectacular flexibilización de la
normativa ambiental en dicho país. Colocó al frente de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, un connotado negacionista
del Cambio Climático y defensor de la industria petrolera. Además, la
Agencia se prepara para un recorte presupuestario de al menos un 25%,
a lo que se añade la orden ejecutiva que firmó Trump para revisar toda
la legislación sobre cuidado del agua a fin de “garantizar que no obstruya
el crecimiento económico”
Unidos, Donald Trump, encaró una espectacular flexibilización de la
normativa ambiental en dicho país. Colocó al frente de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, un connotado negacionista
del Cambio Climático y defensor de la industria petrolera. Además, la
Agencia se prepara para un recorte presupuestario de al menos un 25%,
a lo que se añade la orden ejecutiva que firmó Trump para revisar toda
la legislación sobre cuidado del agua a fin de “garantizar que no obstruya
el crecimiento económico”
No es tan sabido, sin embargo, que también en Argentina existe un plan
sistemático para flexibilizar la normativa de protección ambiental, lograda
gracias a movilizaciones populares y múltiples acciones de la sociedad
civil. Estamos asistiendo a una “trumpización” de la política ambiental,
pues no se trata de hechos aislados e inconexos, sino de procedimientos
metódicos y premeditados, de modo similar al de la actual gestión
norteamericana.
sistemático para flexibilizar la normativa de protección ambiental, lograda
gracias a movilizaciones populares y múltiples acciones de la sociedad
civil. Estamos asistiendo a una “trumpización” de la política ambiental,
pues no se trata de hechos aislados e inconexos, sino de procedimientos
metódicos y premeditados, de modo similar al de la actual gestión
norteamericana.
En este marco se inscribe el intento del Gobierno Nacional de una nueva
reglamentación –vía decreto- de la Ley Nacional de Glaciares, con el
objetivo de reducir notablemente las áreas protegidas. Una reforma a
medida de las compañías mineras que, como Barrick, realizan su actividad
sobre glaciares y periglaciales, algo explícitamente prohibido por la ley
sancionada en 2010. En sintonía con la quita total de las ya exiguas
retenciones mineras, el oficialismo promueve un Nuevo Acuerdo Federal
Minero, que apunta a debilitar las regulaciones ambientales en las
provincias donde existe resistencia social a dicha actividad. En el mismo
sentido, circuló un "folleto minero", que el gobierno argentino llevó a una
importante feria en Canadá, ofertando yacimientos situados en provincias
donde la megaminería está prohibida por leyes locales. Que la tarea no es
para tibios, lo muestra también la reciente eyección del Subsecretario de
Minería de la Nación, Santiago Dondo, por sugerir mínimos controles
ambientales, reemplazado por Juan Bisset, ex Jefe de Legales de la tan
cuestionada compañía minera Vale.
reglamentación –vía decreto- de la Ley Nacional de Glaciares, con el
objetivo de reducir notablemente las áreas protegidas. Una reforma a
medida de las compañías mineras que, como Barrick, realizan su actividad
sobre glaciares y periglaciales, algo explícitamente prohibido por la ley
sancionada en 2010. En sintonía con la quita total de las ya exiguas
retenciones mineras, el oficialismo promueve un Nuevo Acuerdo Federal
Minero, que apunta a debilitar las regulaciones ambientales en las
provincias donde existe resistencia social a dicha actividad. En el mismo
sentido, circuló un "folleto minero", que el gobierno argentino llevó a una
importante feria en Canadá, ofertando yacimientos situados en provincias
donde la megaminería está prohibida por leyes locales. Que la tarea no es
para tibios, lo muestra también la reciente eyección del Subsecretario de
Minería de la Nación, Santiago Dondo, por sugerir mínimos controles
ambientales, reemplazado por Juan Bisset, ex Jefe de Legales de la tan
cuestionada compañía minera Vale.
Iniciativas similares alcanzan la Ley Nacional de protección de los Bosques
Nativos. Así, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María
Eugenia Vidal logró sancionar una ley que “ordena” el bosque nativo
provincial, que encaja perfectamente con los intereses inmobiliarios y
el agronegocio (recordemos que el actual Secretario Provincial de
Agroindustria es un ex alto directivo de Monsanto). Una norma regresiva
que funcionó como termómetro en la ya inocultable intención del
gobierno de desvirtuar hasta aniquilar la Ley Nacional de Bosques.
La próxima en sufrir un (re)ordenamiento provincial a medida del
agronegocio sería la provincia de Córdoba, donde se han registrado
masivas movilizaciones -de más de 30 mil personas- para defender el
limitado 3% de bosque nativo que dicha provincia conserva de sus
formaciones originales.
Nativos. Así, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María
Eugenia Vidal logró sancionar una ley que “ordena” el bosque nativo
provincial, que encaja perfectamente con los intereses inmobiliarios y
el agronegocio (recordemos que el actual Secretario Provincial de
Agroindustria es un ex alto directivo de Monsanto). Una norma regresiva
que funcionó como termómetro en la ya inocultable intención del
gobierno de desvirtuar hasta aniquilar la Ley Nacional de Bosques.
La próxima en sufrir un (re)ordenamiento provincial a medida del
agronegocio sería la provincia de Córdoba, donde se han registrado
masivas movilizaciones -de más de 30 mil personas- para defender el
limitado 3% de bosque nativo que dicha provincia conserva de sus
formaciones originales.
Por la vía del decreto, fue modificada la Ley Nacional de Tierras Rurales
que establecía limitaciones a la tenencia de tierras por parte de extranjeros,
lo que favorece a amigos del Presidente, como el magnate inglés Joe
Lewis, quien además de tener secuestrado un lago público, ahora pretende
desarrollar un emprendimiento inmobiliario en áreas protegidas, pese a
que la comunidad de El Bolsón y aledaños viene manifestando su rechazo
con grandes movilizaciones.
que establecía limitaciones a la tenencia de tierras por parte de extranjeros,
lo que favorece a amigos del Presidente, como el magnate inglés Joe
Lewis, quien además de tener secuestrado un lago público, ahora pretende
desarrollar un emprendimiento inmobiliario en áreas protegidas, pese a
que la comunidad de El Bolsón y aledaños viene manifestando su rechazo
con grandes movilizaciones.
Asimismo, el Gobierno Nacional anunció el relanzamiento de la explotación
de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, que supone no sólo
flexibilización ambiental sino también laboral, para hacer rentable la
costosísima y tan controversial técnica de fractura hidráulica (fracking).
de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, que supone no sólo
flexibilización ambiental sino también laboral, para hacer rentable la
costosísima y tan controversial técnica de fractura hidráulica (fracking).
Por otro lado, el Proyecto de Ley de Protección de Humedales, impulsado
por el Senador Pino Solanas, cuenta con el boicot sistemático del
oficialismo nacional, producto del lobby conjunto de sectores inmobiliarios,
agronegocio y minería, a pesar de que las cada vez más recurrentes
inundaciones muestran hasta qué punto los humedales son imprescindibles
y estratégicos, en tanto ecosistemas, para la regulación hídrica.
por el Senador Pino Solanas, cuenta con el boicot sistemático del
oficialismo nacional, producto del lobby conjunto de sectores inmobiliarios,
agronegocio y minería, a pesar de que las cada vez más recurrentes
inundaciones muestran hasta qué punto los humedales son imprescindibles
y estratégicos, en tanto ecosistemas, para la regulación hídrica.
Por si esto fuera poco, recientemente nos enteramos de la decisión del
gobierno nacional de modificar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos
(24.051), con la intención de quitarle uniformidad nacional, cambiar la
estricta categorización y modificar sus tipos penales, los únicos puramente
ambientales que existen en nuestro país.
gobierno nacional de modificar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos
(24.051), con la intención de quitarle uniformidad nacional, cambiar la
estricta categorización y modificar sus tipos penales, los únicos puramente
ambientales que existen en nuestro país.
En suma, si bien alguno podría argüir que, a diferencia de Trump, el
discurso oficialista alude al cuidado del medio ambiente, los contundentes
ejemplos que hemos citado evidencian todo lo contrario. Este es un
gobierno que en nombre de la “modernización ecológica” apuesta a ampliar
el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización
ambiental, anticipando con ello un contexto de grave regresividad de
derechos. Que esto se haga hablando de “cambio climático” no es un
matiz, sino más bien una pantalla, con la cual se intenta cubrir el proceso
de trumpización de la política ambiental en nuestro país.
discurso oficialista alude al cuidado del medio ambiente, los contundentes
ejemplos que hemos citado evidencian todo lo contrario. Este es un
gobierno que en nombre de la “modernización ecológica” apuesta a ampliar
el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización
ambiental, anticipando con ello un contexto de grave regresividad de
derechos. Que esto se haga hablando de “cambio climático” no es un
matiz, sino más bien una pantalla, con la cual se intenta cubrir el proceso
de trumpización de la política ambiental en nuestro país.
Maristella Svampa, socióloga, y Enrique Viale, abogado,
son autores de “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo”
(Katz editores)
son autores de “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo”
(Katz editores)
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