"Trumpización" de la política ambiental


Debate

"Trumpización" 

de la política ambiental

Maristella Svampa y Enrique Viale

Es sabido que en sus primeros días de gobierno el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, encaró una espectacular flexibilización de la
normativa ambiental en dicho país. Colocó al frente de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, un connotado negacionista
del Cambio Climático y defensor de la industria petrolera. Además, la
Agencia se prepara para un recorte presupuestario de al menos un 25%,
a lo que se añade la orden ejecutiva que firmó Trump para revisar toda
la legislación sobre cuidado del agua a fin de “garantizar que no obstruya
el crecimiento económico”
No es tan sabido, sin embargo, que también en Argentina existe un plan 
sistemático para flexibilizar la normativa de protección ambiental, lograda 
gracias a movilizaciones populares y múltiples acciones de la sociedad 
civil. Estamos asistiendo a una “trumpización” de la política ambiental, 
pues no se trata de hechos aislados e inconexos, sino de procedimientos 
metódicos y premeditados, de modo similar al de la actual gestión 
norteamericana.
En este marco se inscribe el intento del Gobierno Nacional de una nueva 
reglamentación –vía decreto- de la Ley Nacional de Glaciares, con el 
objetivo de reducir notablemente las áreas protegidas. Una reforma a 
medida de las compañías mineras que, como Barrick, realizan su actividad 
sobre glaciares y periglaciales, algo explícitamente prohibido por la ley 
sancionada en 2010. En sintonía con la quita total de las ya exiguas 
retenciones mineras, el oficialismo promueve un Nuevo Acuerdo Federal 
Minero, que apunta a debilitar las regulaciones ambientales en las 
provincias donde existe resistencia social a dicha actividad. En el mismo 
sentido, circuló un "folleto minero", que el gobierno argentino llevó a una 
importante feria en Canadá, ofertando yacimientos situados en provincias 
donde la megaminería está prohibida por leyes locales. Que la tarea no es 
para tibios, lo muestra también la reciente eyección del Subsecretario de 
Minería de la Nación, Santiago Dondo, por sugerir mínimos controles 
ambientales, reemplazado por Juan Bisset, ex Jefe de Legales de la tan 
cuestionada compañía minera Vale. 
Iniciativas similares alcanzan la Ley Nacional de protección de los Bosques
 Nativos. Así, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María 
Eugenia Vidal logró sancionar una ley que “ordena” el bosque nativo 
provincial, que encaja perfectamente con los intereses inmobiliarios y 
el agronegocio (recordemos que el actual Secretario Provincial de 
Agroindustria es un ex alto directivo de Monsanto). Una norma regresiva
 que funcionó como termómetro en la ya inocultable intención del 
gobierno de desvirtuar hasta aniquilar la Ley Nacional de Bosques. 
La próxima en sufrir un (re)ordenamiento provincial a medida del 
agronegocio sería  la provincia de Córdoba, donde se han registrado 
masivas movilizaciones -de más de 30 mil personas-  para defender el 
limitado 3% de bosque nativo que dicha provincia conserva de sus 
formaciones originales.
Por la vía del decreto, fue modificada la Ley Nacional de Tierras Rurales 
que establecía limitaciones a la tenencia de tierras por parte de extranjeros, 
lo que favorece a amigos del Presidente, como el magnate inglés Joe 
Lewis, quien además de tener secuestrado un lago público, ahora pretende 
desarrollar un emprendimiento inmobiliario en áreas protegidas, pese a 
que la comunidad de El Bolsón y aledaños viene manifestando su rechazo 
con grandes movilizaciones.
Asimismo, el Gobierno Nacional anunció el relanzamiento de la explotación
 de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, que supone no sólo 
flexibilización ambiental sino también laboral, para hacer rentable la 
costosísima y tan controversial técnica de fractura hidráulica (fracking).  
Por otro lado, el Proyecto de Ley de Protección de Humedales, impulsado 
por el Senador Pino Solanas, cuenta con el boicot sistemático del 
oficialismo nacional, producto del lobby conjunto de sectores inmobiliarios,
 agronegocio y minería, a pesar de que las cada vez más recurrentes 
inundaciones muestran hasta qué punto los humedales son imprescindibles 
y estratégicos, en tanto ecosistemas, para la regulación hídrica. 
Por si esto fuera poco, recientemente nos enteramos de la decisión del 
gobierno nacional de modificar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 
(24.051), con la intención de quitarle uniformidad nacional, cambiar la 
estricta categorización y modificar sus tipos penales, los únicos puramente 
ambientales que existen en nuestro país.
En suma, si bien alguno podría argüir que, a diferencia de Trump, el 
discurso oficialista alude al cuidado del medio ambiente, los contundentes 
ejemplos que hemos citado evidencian todo lo contrario. Este es un 
gobierno que en nombre de la “modernización ecológica” apuesta a ampliar
 el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización 
ambiental, anticipando con ello un contexto de grave regresividad de 
derechos. Que esto se haga hablando de “cambio climático” no es un 
matiz, sino más bien una pantalla, con la cual se intenta cubrir el proceso 
de trumpización de la política ambiental en nuestro país. 
Maristella Svampa, socióloga, y Enrique Viale, abogado, 
son autores de “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo” 
(Katz editores)


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