20/07/13
La oposición endurece su posición frente al acuerdo de YPF con Chevron. Mientras el radicalismo pide que los funcionarios del área de Energía vayan al Congreso a explicar los alcances del convenio y analizan si acudir a la Justicia, la izquierda ya hizo una presentación en los Tribunales contra la Presidenta por este tema.
Ayer, el diputado Miguel Giubergia (UCR-Jujuy), solicitó a la titular de la Comisión de Energía de la Cámara Baja, Rosana Bertone, que cite al presidente de YPF, Miguel Galuccio, y al Secretario de Energía, Daniel Cameron, para queinformen los alcances del acuerdo petrolero. Giubergia, junto a los diputados Eduardo Costas y Hugo Maldonado, todos integrantes de la Comisión de Energía, en su pedido expresaron que Galuccio y Cameron concurran el próximo martes 23 de julio con la documentación pertinente al contrato firmado entre la compañía YPF y Chevron. “Este acuerdo debería pasar a través del Congreso con una ley, no como un decreto de la Presidente”, advirtió Giubergia y sentenció “Cristina Fernández de Kirchner nos acusa de gataflorismo, mientras que ella habla para los de la izquierda y acuerda con los de la derecha”.
En la misma línea actuó la UCR en el Senado. Allí, el jefe de la bancada radical, José Cano, presentó una iniciativa a través de la cual le solicita a la Secretaría de Energía información sobre los detalles del acuerdo entre YPF y Chevron. “Este es un contrato oscuro y poco transparente.
Si no tiene nada de malo, ¿a qué se debe el ocultamiento?”, se preguntó. Amparándose en el derecho de acceso de información pública, Cano solicitó que se le especifique la cantidad de gas oil, fuel oil y gas natural importado entre el 2009 y 2012 precisando su monto en dólares, así también como una copia de la totalidad de convenios y contratos suscriptos entre YPF y Chevron.
En tanto, el radicalismo podría ir a Tribunales reclamando la inconstitucionalidad del decreto presidencial que dio marco al acuerdo. Quien lo estudia es Ricardo Gil Lavedra, quien ya argumentó en ese sentido. Sin embargo, el legislador aclaró que el tema lo analizará recién luego de las internas del 11 de agosto. El planteo está en línea con el que ya presentara el diputado Claudio Lozano.
Ayer, otro sector de la oposición se sumó a las presentaciones judiciales por el acuerdo. En los Tribunales de Comodoro Py, el diputado Alejandro Bodart y el abogado ambientalista Enrique Viale -candidatos de Nueva Izquierda- denunciaron penalmente a la Presidenta por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público” por su decreto de nuevo régimen petrolero. Argumentaron que “se ha dictado un decreto en abierta violación a dos leyes nacionales sancionadas por el Congreso Nacional y asimismo a lo estipulado por el artículo 124 de nuestra Carta Magna”.
También hubo reclamos gremiales. Hugo Quintana, secretario de la Asociación de los organismos de Control reclamó por la falta de “publicidad de los actos de gobierno”. “En la presente circunstancia, la celebración del acuerdo y la definición de la oportunidad y alcance de su difusión han quedado en las manos de una inasible empresa estatal, a la que ni siquiera puede llegar el organismo constitucional de control externo”, señaló.
