Imputan al Secretario de Ambiente de la Nación Sergio Bergman



Imputan al Ministro Bergman por la acumulación de Mercurio en Veladero




Contenedores de mercurio de la Barrick, mostrados en en ADN Federal (programa de C5N)


El abogado ambientalista Enrique Viale informó en su cuenta de Twitter que la fiscal Alejandra Mángano solicitó la instrucción del Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la causa iniciada por la acumulación de 400 toneladas de mercurio en la mina Veladero, explotada por la multinacional Barrick Gold. El juez hizo lugar a la solicitud.
En septiembre pasado, el programa ADN Federal y el abogado Viale lo habían expuesto

Una buena:

La Fiscal Federal Mángano requirió la instrucción (y el Juez aceptó) de nuestra denuncia contra el Secretario de Ambiente @sergiobergman por las 400 toneladas de Mercurio almacenadas en la mina Veladero de Barrick.

Pronto nos constituiremos como querellantes



En el programa de ADN Federal emitido el 23 de septiembre pasado, se informó que la Barrick Gold “ha generado y almacena” 400 toneladas de mercurio cerca de ríos de donde toman agua potable varias provincias argentinas.


contenedores de mercurio
Contenedores de mercurio de la Barrick, mostrados en en ADN Federal (programa de C5N)

El informe recordó las gravísimas consecuencias de un derrame de mercurio en la localidad de Choropampa, Perú. El hecho ocurrió el 2 de junio de 2000, cuando un camión que transportaba ese material volcó, derramando 150 kilos de mercurio.
En el sitio del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), recuerdan que la empresa responsable de la explotación minera, Yanachocha, pagó a los pobladores de Choropampa entre 100 y 300 nuevos soles a los pobladores por cada Kg. de mineral recuperado; una semana después, cientos de pobladores asistieron a los centros de salud exhibiendo síntomas similares: ronchas en la piel, malestar del cuerpo, náuseas, vómitos, diarreas. El Ministerio de Salud peruano consignó en un informe que fueron 1.600 personas las que se expusieron al derrame de mercurio. Entre los habitantes que sufrieron los efectos de la interacción con el metal, algunos han sufrido lesiones cerebrales irreversibles, daños renales, pérdida de la visión, entre otras consecuencias graves.
Viale explicó que el mercurio surge del proceso de separación de minerales propio de la actividad extractiva, quedando como residuo. Luego exhibió documentación de la propia empresa en la que constan las cantidades de ese elemento que se generaban en las operaciones diarias.
El abogado señaló que la acumulación de una sustancia contaminante en zona periglaciar está prohibida por la Ley de Glaciares (Ley 26.639), por lo que consideró que la situación no sólo es peligrosa para el ambiente, sino que también es ilegal.
Viale advirtió que la ubicación donde se encuentra almacenado el mercurio es cercana a la naciente de ríos que van hacia la cuenca Desaguadero-Salado-Chedileuvú-Curacó, que desemboca en el Atlántico; el lugar, además, está en una zona altamente sísmica, lo que constituye otro factor de riesgo.
Veladero dejó de vender el mercurio desde el año 2014, debido a su escaso valor internacional. Este año, el Subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría que conduce Bergman, Juan Andrés Trebino, había prometido para el segundo semestre el inicio de la operación de traslado del material.
Ese proceso acarreará riesgos en todo el trayecto, por la cantidad de Mercurio en juego y la alta peligrosidad del material.

Denuncia Penal por Derrame Petrolero en Vaca Muerta




Mapuches y ambientalistas piden una investigación penal por el derrame

Se reunieron con el fiscal general de Neuquén, José Gerez, quien les anticipó que inició una actuación de oficio. Piden además que se indague si hubo abuso de autoridad. Desde la Subsecretaría de Ambiente difundieron el avance del plan de remediación. YPF trabaja en el área Bandurria Sur con más de 100 operarios.

08 NOV 2018 - 






Representantes de organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas y la Confederación Mapuche presentaron una denuncia con el fin de que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber, por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios. Mantuvieron una reunión con el fiscal general, José Gerez, quien les aseguró que se inició una investigación de oficio hace una semana.
La denuncia refiere al derrame del jueves 18 de octubre que afectó 46,7 hectáreas y que se extendió por 36 horas consecutivas. El gobierno provincial anunció la semana pasada que la multa será “la más alta” impuesta hasta el momento.
“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, afirmó Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
Agregó: “Acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. Esta debe ser por lo menos la cuarta denuncia penal que nosotros realizamos por distintos incidentes que han ocurrido”.
Nahuel indicó que no ven de parte de la justicia “un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control”.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, señaló los alcances de la presentación: “Lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.
Dijo que se ha “sobreactuado el tema de la multa, de los drones, para tratar de disipar lo que tiene consecuencias penales, contaminar es un delito”.
En la reunión que Viale y Nahuel, junto a otros referentes, tuvieron con Gerez se les informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio. Entre las medidas dispuestas se le solicitó a la subsecretaría de Ambiente de la provincia que remita los informes sobre el derrame petrolero.
Desde la subsecretaría que dirige Juan de Dios Lucchelli anticiparon que siguen de cerca el plan de remediación implementado por la operadora nacional.
Ya retiraron el 95% del hidrocarburo de las piletas

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“Queremos una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades penales de YPF, los funcionarios públicos”.
El senador Pino Solanas pidió acompañar la demanda presentada.
YPF informó un nuevo incidente
La petrolera nacional confirmó un nuevo incidente ambiental. En esta oportunidad se trató de una surgencia en el yacimiento Loma La Lata. La contratista Tacker realizaba tareas de terminación en un pozo convencional cuando se produjo una fuga de gas y lodos. Indicaron que en total se vertieron 0,6 metros cúbicos de hidrocarburos, equivalentes a 600 litros.
Desde YPF indicaron que se iniciaron investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido. Aseguraron que la surgencia fue rápidamente contenida y que no se registraron operarios heridos. Las tareas de remediación comenzaron de inmediato.  

Aclaraciones sobre el Inventario Nacional de Glaciares



¿POR QUÉ DECIMOS QUE EL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES ESTÁ INCOMPLETO?

Antes de contestar la pregunta principal es muy importante aclarar, como se dijo previamente, que no se juzgó al entonces presidente del IANIGLA por un "paper" o un trabajo científico sino en su carácter de funcionario público como máxima autoridad de dicho instituto hasta el 10 de diciembre de 2015 (por eso las imputaciones son "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad"). El IANIGLA, en este caso, está cumpliendo una función pública establecida especialmente por la Ley de Glaciares que señala -en su artículo 5°- que el Inventario Nacional de Glaciares "será realizado y de responsabilidad del IANIGLA". También están procesado, de forma inédita en la historia judicial ambiental de nuestro país, tres ex Secretarios de Ambiente de la Nación, máximas autoridades ambientales.

La responsabilidad penal de la minera Barrick y de los funcionarios provinciales quedó, por decisión de la CSJN, en competencia y manos de la complaciente justicia de San Juan, quién les garantizó impunidad.


EL INVENTARIO Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS POR LA LEY

También es importante aclarar previamente que el Inventario Nacional de Glaciares define las áreas protegidas por la norma. Es decir, que si algo queda fuera del inventario, no está protegido por esta ley.
Así lo ha señalado nuestro máximo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando señaló que una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares,  se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por la ley”. (fallo de la CSJN del 3 de julio de 2012, cuando levanta las medidas cautelares contra la norma que había interpuesto en San Juan la empresa Barrick)


EL UMBRAL MINIMO DE 1 HECTAREA y EL AMBIENTE PERIGLACIAR (de esto último casi no se habla)

El Inventario debe (debió) realizarse según las pautas, plazos y definiciones que la propia ley establece taxativamente. Justamente esas definiciones legales fueron el eje central de los intensos debates parlamentarios, el lobby minero quería más laxitud de las definiciones y plazos que finalmente quedaron.
Asimismo, la ley es clara y concisa en su artículo 2° cuando define los glaciares protegidos: "cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación." Es decir, no hay ninguna falta de claridad, por el contrario, la ley es expresa en establecer que están protegidos todos los glaciares, sin tamaño mínimo.


CRITERIO CIENTÍFICO

En cuanto al debate sobre “el criterio científico” de utilizar –en contra de la ley- el piso de 1 hectárea, es importante traer los conceptos vertidos por Michael Zemp, Director del prestigioso World Glaciar Monitoring Service (WGMS), en una carta pública, ante el requerimiento de Ricardo Villalba por su situación.
Si bien allí dice que el tamaño mínimo de una hectárea “puede considerarse que está en línea con las buenas prácticas internacionales” (“can be considered to be in line with good international practices”) también señala que “si un inventario cumple con los requisitos de su autoridad nacional/patrocinadora necesita ser evaluado en vista del mandato original.” (“if an inventory fulfills the requirements of its national/sponsoring authority needs to be evaluated in view of the original mandate.”)
Además, el experto internacional establece que “el tamaño mínimo de un glaciar no es un criterio para su definición, sino una elección práctica de quienes implementan un inventario.” (“The minimum size of a glacier is no criteria for its definition but rather a practical choice of those implementing an inventory.”)  
Como señaló el embajador Raúl Estrada Oyuela, de la Academia Nacional de Ciencias del Ambiente, “en vista del texto expreso de la ley que se refiere a la totalidad de los glaciares, más la referencia expresa a la exposición y riesgo en que se encuentran algunos, en este caso no existía la posibilidad de una “practical choice” para quienes debían hacer el inventario.


TIEMPO Y FORMA

Por su parte, y también es determinante para las imputaciones penales, que el Inventario Nacional de Glaciares debe (y debió) realizarse en tiempo y forma.
Pues no solo se incumplió con la "forma" (es decir no se utilizaron las definiciones legales) sino tampoco con el "tiempo", atento que la propia Ley establecía 180 días (la ley es de septiembre de 2010) para realizar el inventario en las zonas prioritarias (áreas donde ya había actividad minera) y el IANIGLA y el Ministerio de Ambiente de la Nación recién publicaron el mapa de la zona Veladero-Lama en Septiembre de 2016, nueve meses después que Ricardo Villalba dejara su cargo como presidente del Instituto (10 de diciembre de 2015)  y más de un año después de ocurrido el peor derrame ambiental minero de la historia y a días de acaecido el segundo derrame (la presión mediática/social era ya insostenible)


AHORA BIEN, ¿QUÉ PASA AHORA?

Lo anticipamos, lo alertamos. Tal como lo expresó el ministro Sergio Bergman, al respaldar la metodología utilizada por el IANIGLA en la confección del Inventario, ahora van a recurrir al Congreso para modificar la Ley de Glaciares (vía el eufemismo “interpretación”) e incorporarle el umbral de 1 hectárea como mínimo para ser inventariado, que sólo se tomen en cuenta los "glaciares de escombro" como periglaciares y el requisito de "reserva hídrica estratégica".
Es decir, justamente quieren incorporar a la Ley la metodología cuestionada para reducir las áreas protegidas y que la causa del Juez Federal Sebastían Casanello "se torne abstracta" (-sic- ministro Bergman).
Esto, lisa y llanamente, significa un retroceso, una regresión ambiental porque reduce notablemente las áreas protegidas por la norma. No lo podemos permitir.


¿QUÉ SOLICITAMOS?

Hay que terminar el Inventario, el cual no está concluido, está incompleto. Queremos que se usen las definiciones legales ya discutidas y expresamente establecidas por la Ley. No es necesaria ninguna “aclaración” ni “interpretación. Ya está debatido, ya está escrito en la norma.

Asimismo queremos una aplicación real e inmediata de la Ley. Aún el actual inventario, incompleto, establece que tanto la mina Veladero como Pascua-Lama están asentadas sobre glaciares y ambiente periglacial, por lo que están alcanzadas por la prohibición de cualquier actividad extractiva estipulada en el artículo 6° de la Ley. 

No puede haber más dilaciones, no hay más excusas, es urgente su aplicación efectiva ya.



Presentación en Casa Rosada del Inventario Nacional de Glaciares



PDF- Gratis Libro - 20 Mitos y Realidades del Fracking



20 Mitos y realidades 

del Fracking



Pablo Bertinat, Eduardo D´Elia, Observatorio Petrolero Sur, Roberto Ochandio, Maristella Svampa y Enrique Viale


Prefacio
Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.
Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.
La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.
Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.
Así, el primer eje está vinculado a la multidisciplinariedad. Dada la complejidad del tema, así como el carácter controversial ya evocado, el debate sobre el fracking exige desarrollar un enfoque integral y multidisciplinario, que dé cuenta de las múltiples dimensiones que atraviesan la problemática, desde las más generales (la cuestión geopolítica, la cuestión de la matriz energética, la normativa especial que ésta genera, el rol de las empresas nacionales y las trasnacionales), pasando por aquellas estrictamente técnicas (si el fracking es una técnica segura o no; qué implicaciones puede tener en su carácter de técnica experimental, el impacto ambiental sobre el agua, sobre el territorio, sobre la salud de las personas y animales, sobre el cambio climático), hasta aquellas más políticas y sociales (qué sucede con las economías regionales; qué configuraciones urbanas y sociales aparecen asociadas a esta matriz, porqué se niega la participación de las poblaciones afectadas, qué cuestiones involucra la criminalización de las luchas, entre otros).
El segundo eje inserta esta discusión en un escenario de fuertes asimetrías de poder. Por un lado, es conocida la capacidad de lobby de las grandes corporaciones trasnacionales ligadas a la extracción de hidrocarburos, así como el lugar cada vez mayor que el fracking, de la mano de Estados Unidos, tiene en la agenda global. Por otro lado, hay que destacar el interés del gobierno argentino por identificar la explotación de hidrocarburos no convencionales con soberanía energética, en un contexto de fuerte déficit, lo cual lleva a descalificar o minimizar los diferentes argumentos que colocan el fracking en un campo de importantes riesgos e incertidumbres, negando así los impactos que este tipo de extracción pueda provocar en los ecosistemas y la salud de las poblaciones. A esto se suma que cualquier cuestionamiento sobre el fracking, conlleva también una discusión sobre la matriz energética, la cual en el caso argentino es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Y en este campo, antes que la apuesta por una transición en dirección hacia energías limpias y renovables, resulta claro que el gobierno nacional y los oficialismos provinciales han decidido profundizar la actual matriz energética, descalificando cualquier discusión o alternativa como “irrealista”, o producto de visiones “fundamentalistas”, ligadas a los movimientos y asambleas socioambientales y las organizaciones indígenas.
Todo ello torna aún más difícil y espinosa la cuestión, insertando el debate en una escena asimétrica, donde sólo unos pocos (los que avalan el fracking) tienen voz y difusión. En este sentido, es importante destacar que la aprobación del convenio entre YPF-Chevron-provincia del Neuquén (28 de agosto de 2013), habilitó el ingreso a gran escala del frackingen nuestro país. A través de una fuerte campaña publicitaria, que no ha escatimado medios económicos ni simbólicos, el gobierno nacional y sus socios provinciales han buscado establecer una suerte de consenso sobre el fracking, dando a entender que la discusión ya fue saldada y que las dudas han sido evacuadas. La defensa del frackingaparece, además, avalada por técnicos y expertos, mayormente ligados al mundo de las empresas petroleras, que creen detentar el monopolio del saber, y se escudan detrás de una concepción monolítica y cerrada de la ciencia. Muchas de esas voces expertas tienen intereses económicos claros o, en su defecto, han naturalizado la actual matriz energética y el desarrollo de la industria hidrocarburífera, a la cual aceptan sin cuestionamientos. Así, muchas de esas voces, interesadamente o no, piensan que no existe otra alternativa que la que propone el gobierno, a través de la YPF modelo 2012 y sus socios transnacionales, y tienden a acantonarse en una defensa acérrima del actual modelo energético.
Es por esta razón que en un contexto cada vez más unilateral –y monocromático– de avasallamiento y de cierre de los canales de discusión sobre el tema, la producción de un saber experto independiente tanto del poder económico como del poder político, se hace imprescindible. Se trata de producir y sistematizar información y conocimiento de manera clara, veraz y fundada, en gran medida muy poco accesible al público que está o puede estar interesado en el tema, así como a las comunidades que cuestionan el fracking y desconfían de las fórmulas triunfalistas de los gobiernos y empresas.
Es por esta razón también que consideramos necesario incorporar los más diversos saberes y disciplinas científicas, a fin de problematizar aquello que algunos expertos y políticos buscan acotar y redefinir como una cuestión estrictamente técnica, como si la temática fuera monopolio exclusivo de los especialistas del campo del petróleo. Ante esa mirada acotada, proponemos la conjunción de diversos saberes y disciplinas científicas: el equipo así conformado para la elaboración de este libro está constituido por un ingeniero especialista en petróleo (Eduardo D´Elía), un geógrafo y técnico con trayectoria en el campo del petróleo (Roberto Ochandio), un ingeniero especialista en temas de energía (Pablo Bertinat), un abogado especialista en cuestiones ambientales (Enrique Viale), un periodista y un especialista en ciencias políticas (Hernán Scandizzo y Diego di Risio, de Observatorio Petrolero Sur) y una doctora en sociología (Maristella Svampa).
En tercer lugar, estamos convencidos que además de ser un debate colectivo, en el mismo tienen un rol fundamental las comunidades afectadas. En nuestro país, son cada vez más las voces de los pueblos originarios, organizaciones multisectoriales y asambleas ciudadanas, que reivindican su derecho a decidir respecto de la sustentabilidad o no de megaproyectos que ponen en vilo formas de vida y horizontes colectivos. Como hemos señalado en este prefacio, creemos que no sólo está en cuestión lo que entendemos por modelo de desarrollo y su relación con la problemática ambiental; sino también lo que entendemos por democracia, quiénes tienen derecho a decidir y porqué. Más simple, se trata de abrir la discusión sobre la cuestión de la democratización de las decisiones colectivas. Así, esta es una disputa que nos coloca en las fronteras mismas de la democracia, que habla acerca de su posibilidad y de su alcance.
20 mitos y realidades del fracking en Argentina tiene por objetivo proporcionar información veraz y documentada, apoyada en una argumentación pluridisciplinar, sobre este tema tan complejo y controversial.
Tal como lo habíamos hecho respecto de la megaminería, por esta vía, apuntamos a deconstruir el discurso hegemónico y los lugares comunes sobre el fracking, desmontando y desactivando los “mitos” que sobre la explotación de los hidrocarburos no convencionales y a gran escala repiten con total impunidad sus actuales defensores (corporaciones petroleras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias petroleras, voceros periodísticos y cierto saber experto, como institutos ligados a la industria petrolera), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.
Finalmente, el libro que presentamos aquí es tanto la conjunción de diferentes disciplinas como el producto de un intenso trabajo colectivo. Y aunque hayamos optado por señalar quienes han contribuido de modo fundamental en la elaboración de cada mito, cabe aclarar que el libro es producto del trabajo y la discusión colectiva, que ha llevado varios meses de reuniones y múltiples escrituras, hasta llegar a esta versión consensuada que hoy ofrecemos al público. Pero por sobre todas las cosas, es un libro que apunta a romper con la visión monolítica que hoy se impone sobre el fracking a partir de la producción de un saber experto independiente. Una tarea necesaria y cada vez más difícil en un contexto de invisibilización de las críticas y de los cuestionamientos que colectivos de ciudadanos y miembros de la comunidad científica hacen actualmente sobre el fracking.
Agradecemos a la editorial El Colectivo, vinculada al Frente Popular Darío Santillán, por el compromiso asumido con estos temas, no siempre visibles desde las grandes urbes. Asimismo, nuestro agradecimiento a la Fundación Rosa Luxemburgo por el apoyo económico en la coedición de este libro. Y nuestra dedicatoria a aquellos y aquellas personas que desde las asambleas, organizaciones mutisectoriales y pueblos originarios reclaman la necesidad de un debate acerca de los modelos de desarrollo, el respeto del ambiente y las formas de participación.
Aunque somos conscientes del debate desigual en el que se inserta este trabajo, esperamos poder contribuir a pensar una sociedad mejor, más respetuosa del futuro de las próximas generaciones, más crítica y plural en su concepción de la vida y la democracia.
Los autores, Julio del 2014.
Desde Buenos Aires, Esquel, Morón, Río Gallegos y Rosario.