Por la minera Barrick, el Juez Casanello allanó los ministerios de Aranguren y Bergman


Por la minera Barrick, Casanello allanó los ministerios de Aranguren y Bergman

El juez federal pidió buscar información en Energía y Medio Ambiente sobre un decreto reglamentario que Macri estaría a punto de firmar para licuar los límites de la ley de Glaciares. Investiga incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad.

DIEGO GENOUD 

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy allanar los ministerios de Energía y Medio Ambiente en la causa en la que se investiga la violación de la ley de Glaciares por parte de la multinacional Barrick en la mina Veladero, de San Juan. 
Casanello pidió el allanamiento a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal a partir de una presentación de Diego Seguí y Enrique Viale, los abogados de la Asamblea "Jáchal No se Toca", que nuclea a los pobladores afectados por el derrame de un millón de litros de cianuro de setiembre de 2015.
Los abogados presentaron la semana pasada el borrador de un decreto de reglamentación que el presidente Mauricio Macriestaría a punto de firmar y y un Power Point con detalles del proyecto que echarían por tierra con gran parte de los límites que fija la Ley de Glaciares, 26.639, sancionada en 2010,
Con esa información, el magistrado requirió la presentación de personal policial en las oficinas del ministerio de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman (San Martín 451 de Capital Federal) y en el Ministerio de Energía y Minería que orienta Juan JoséAranguen (en Av. Paseo Colón 171) para que pongan a disposición "en forma inmediata" cualquier documento que guarde relación con la información que presentaron los querellantes.
"Ante el eventual caso de que los Ministros y/o funcionarios públicos que correspondan a dichos Ministerios no cumplieran la comanda judicial, la división Delitos Ambientales quedará automáticamente autorizada a PROCEDER AL ALLANAMIENTO EN EL DÍA DE LA FECHA Y CON HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA de los Ministerios", escribió Casanello.
Los allanamientos se cumplieron hoy en horas de la tarde.
Viale y Seguí presentaron un escrito en el que acompañaron copia de lo que -según manifestaron- sería un proyecto de decreto reglamentario de la ley 26.639 –o “ley de glaciares”- y un documento en power point ilustrativo. "Habrían sido elaborados por técnicos de los ministerios de Bergman y Aranguren con el objetivo de "alterar el espíritu de la ley 26.639 al adoptar un criterio mucho más laxo en cuanto a la protección de glaciares y ambiente periglacial y a la forma de inventariarlos por parte del IANIGLA (el organismo encargado de inventariar los Glaciares)". 
La causa judicial en la que Casanello interviene se inició después de los derrames de cianuro de Barrick en la mina Veladero de San Juan, en los días 12 y 13 de setiembre de 2015 y 8 de setiembre de 2016.
La querella reclamó desde el comienzo el cierre de la mina por haber incurrido en la violación de la Ley de Glaciares. Pero ademásapunta a los “diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y con los derrames producidos. 
Según Viale y Seguí, si la autoridad de aplicación de la ley 26.639 (Ministerio de Ambiente y ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y el organismo encargado del inventario y monitoreodel estado de glaciares y ambiente periglacial (IANIGLA) hubieran cumplido con las obligaciones dispuestas en la mencionada ley, los derrames no habrían sucedido. 
Los allanamientos en los ministerios de Begman y Aranguren se concretaron esta tarde, según confirmaron a BigBang desde el juzgado de Casanello.
En un operativo similar en el ministerio de Ambiente y el Ianigla, la Justicia encontró un documento oficial que demostraba que el gobierno nacional tenía previsto autorizar 40 proyectos mineros en zonas prohibidas. 
La decisión de Casanello de hoy puede anticipar nuevos movimientos que traigan dolores de cabeza a funcionarios delkirchnerismo (¿y también del macrismo?) en la causa caratulada “Ianigla y otros” según violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y averiguación de delito.
Los más comprometidos son los dos últimos secretarios de Medio Ambiente de Cristina Kirchner (Sergio Lorusso y Juan José Mussi), y el sanjuanino ex secretarío de Energía Jorge Mayoral.
Pero también puede complicar a las autoridades del Ianigla con su coordinador Gustavo Costas y al propio ministro Bergman, si se comprueba que trabajó en un proyecto para licuar los límites de la Ley de Glaciares, incluso después de producidos los derrames de milones de litros de cianuro. 

Ver en la web: http://www.bigbangnews.com/politica/Por-la-minera-Barrick-Casanello-allano-los-ministerios-de-Aranguren-y-Bergman--20161220-0056.html

- Ver también:

Cómo es el plan del Gobierno para habilitar la minería sobre glaciares

y La explotación codicia hielos eternos 

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Debate sobre las Retenciones Mineras (Mitos y Realidades)


En primer lugar, comparto un link a la entrevista con Marcelo Zlotogwiazda en Radio del Plata sobre el debate de la quita de retenciones a la minería para financiar la baja de ganancias y las falsedades del lobby minero:  


La falsedad de datos del lobby minero queda evidenciada en la solicitada que publicaron hoy las Cámaras Empresariales que nuclean a las transnacionales mineras. 
El siguiente cuadro, realizado con datos oficiales por el meticuloso geógrafo de la UNCuyo Marcelo Giraud, derriba todo el verdadero terrorismo estadístico que realizan los representantes de las grandes mineras: 

Extracción de minerales metalíferos: 10.484
Extracción de minerales no metalíferos: 12.617
Extracción de petróleo crudo y gas natural: 62.588
Resto de los empleos registrados: 11.864.052



Y abajo algunos de los mitos y falsedades que difunde el lobby minero confrontados con datos concretos reales:

"La minería genera muchos puestos de trabajo"
Lo cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería metalífera representa en empleo menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.
La minería metalífera actualmente emplea en San Juan, —elegida como modelo del lobby minero—, poco más de 2.500 personas en forma directa, menos del 1% del total del empleo en esa provincia.

"Son muy importante para San Juan los ingresos que da la minería" 
La empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia), paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$ 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del total de ingresos provinciales.

"San Juan ha crecido con la gran minería"
La pobreza y la indigencia en la provincia de San Juan, a pesar de tener en funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores emprendimientos mineros del país y de la transferencia del gobierno nacional durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la media nacional (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos), son las más altas de su región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias vecinas que no desarrollan la actividad.

"Catamarca vive gracias a la minería" 
Después de casi 20 años de explotación de la mina La Alumbrera (una de las más grandes de América Latina) y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de la provincia de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo).

"Pero estos minerales están en nuestra vida cotidiana"
América Latina extrae el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, extrae el 45,1% y consume el 6,1 por ciento. Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 por cuento. 
A esto hay que agregar que la minería aurífera (oro), muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.

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Sobre la Ley de Humedales


Quiero contar algunas cosas e impresiones relacionadas con la reciente media sanción en el Senado Nacional de la #LeyDeHumedales.










En primer lugar me parece que se ha dado un gran paso en un marco de fortísimas presiones y lobbies que no querían ninguna ley, que no querían que siquiera se debata sobre la temática, que su gran objetivo era que pierda nuevamente estado parlamentario y volver a fojas cero. No lo lograron, por eso ya fue un triunfo haber forzado a que se debata en el recinto del Senado sobre el tema.

La media sanción que quedó, aún con las modificaciones impuestas intempestivamente en pleno recinto, tiene importantísimas previsiones y herramientas para proteger a estas verdaderas esponjas naturales que cubren el 23% del territorio nacional.

Creo importante aclarar también que la ley, y sus disposiciones, serán de plena aplicación desde su sanción definitiva. No hay que esperar la culminación del Inventario ni de los Ordenamientos Territoriales para que se apliquen las limitaciones y obligaciones que surgen de la norma.

Si hay que destacar que resultó bastante escandaloso la forma en que “Cambiemos” con una parte importante del PJ (sobre todo, los que responden a gobernadores de provincias del norte) impusieron la excepción para los humedales en los salares de altura. Si leen la versión taquigráfica de la sesión verán que se pudo primeramente rechazar esta excepción en el tratamiento del artículo 1° pero luego la “metieron por la ventana” creando un nuevo artículo 14°. Esta excepción no fue producto de ningún consenso sino que fue forzada luego de frenéticos movimientos y arreglos en el mismo recinto entre “Cambiemos” y parte del PJ. Habrá que analizar si no resulta inconstitucional esta "excepción" atento que no hay razonabilidad alguna en la excepción.

Como dice la geógrafa Patricia Pintos, esta media sanción es un excelente paso… podría haber sido mejor pero es lo que se pudo en el marco de una generalizada indiferencia popular y mediática sobre la problemática (no había presiones de la sociedad sobre el Senado –salvo pequeñísimas excepciones-) que contrastaba con los poderosas lobbies del agronegocio y de la especulación inmobiliaria que se encargaron de presionar Senador por Senador.

Ahora queda todo el año 2017 para que la Cámara de Diputados de la Nación la convierta definitivamente en ley, un camino bastante difícil si no hay una verdadera presión popular sobre el Congreso…





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Alerta ambiental: hay más de 40 proyectos mineros sobre glaciares


Violan la Ley de Glaciares
Alerta ambiental: hay más de 40 proyectos mineros sobre glaciares
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016. Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que hay más de 40 proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares. 

Según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación existen en total trescientos veintidós proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales setenta y siete se encuentran en las cuencas inventariadas por el IANIGLA (1) en el relevamiento nacional de glaciares. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo, que deben estar protegidos. 

Gonzalo Strano, de Greenpeace, declaró: “Con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde ese tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo 6 de la Ley de Glaciares; seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan. Ni un sólo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se finalice el inventario de glaciares”. 

El documento (2) fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del abundante material que el Juez Federal Sebastián Casanellosecuestró en sus recientes requerimientos al Ministerio de Ambiente de la Nación dentro de la causa penal que investiga los derrames de solución cianurada en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en 2015 y 2016; y fue cedido a las organizaciones por parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, querellante en la causa. 

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y letrado de la Asamblea, señaló que “resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal encontramos importantísimo material que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial” 		El listado de los 77 proyectos evidencia la falta de controles del gobierno nacional hacia el sector minero y el desinterés por defender un elemento natural primordial como el agua. 
Desde FARN, Pía Marchegiani sostuvo: “esta información da cuenta de la gravedad de la situación de la protección de los glaciares en el país. Es fundamental que no se avance con ningún proyecto más; en particular aquellos próximos a iniciarse como Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan, hasta que el inventario se encuentre finalizado en todas sus etapas y se verifique que el proyecto no se realiza en zonas que deberían estar protegidas.” 



1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciares y Ciencias Ambientales, dependiente del CONICET. Organismo encargado de inventariar las áreas de glaciares y ambiente periglaciar protegidas por la Ley Nacional. 



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Megaminería: todo se repite y empeora




Megaminería: todo se repite y empeora

Debate
Maristella Svampa y Enrique Viale

Horacio Cardo
Horacio Cardo

Aunque suelen señalarse las rupturas políticas y económicas del actual gobierno respecto del anterior, en no pocos campos priman las continuidades y aún peor, se apuesta al reforzamiento. Uno de ellos, que está tomando mayor estado de gravedad, se refiere a la megaminería. La quita de retenciones a las mineras auguró mayores exenciones a una actividad ya de por si favorecida por un generoso marco regulatorio. La apuesta por la profundización del modelo megaminero fue acompañada por la sorpresiva designación de Sergio Bergman como Ministro de Ambiente, cuya temprana confesión acerca de que “no tenía conocimiento técnico en el área ambiental”, parecía ser una mala broma.
A ocho meses de su designación, lo que podía ser leído como efecto de una política en línea con el histórico desprecio que por la problemática ambiental han venido mostrando los diferentes gobiernos, en realidad evidencia un hecho premeditado, una estrategia asentada en el rol de “dialogador” del ministro. Todo parece indicar que Bergman tiene a su cargo la tarea de hacer ingresar la megaminería, allí precisamente en las provincias donde hay resistencia social. En los hechos esto significa que el Ministro de Ambiente se convirtió en un virtual Ministro de Minería de la Nación. Así, promociona la actividad como “una política de Estado”, afirma “que hay que desplegar a la minería “ y que “hay que debatir” sobre el tema. Estas declaraciones fueron realizadas en Chubut, donde está prohibida la actividad por una norma provincial desde hace trece años.
Todos los gobiernos sostienen con ligereza que no ha habido debates sobre megaminería en el país. Hoy le toca al macrismo recurrir a la estrategia de la negación de la historia. En realidad, los debates acerca del carácter insustentable de este tipo de minería se vienen dando al compás de las luchas, a partir de 2003, con la lucha pionera de Esquel, y luego en diferentes territorios provinciales: en los lugares de trabajo, en la calle, en las escuelas, en las universidades públicas. Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar los procesos ciudadanos que desembocaron en la prohibición legal de este tipo de minería en siete provincias.
Por otro lado, preocupa el desdichado derrotero de la Ley de Glaciares (que empezó con un veto presidencial a pedido de la minera Barrick en 2008). Dicha ley, aprobada en 2010, prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciares y define legalmente ambos ecosistemas. En la actualidad, el IANIGLIA, organismo oficial encargado de hacer el inventario de glaciares, pretende sustituir las taxativas definiciones legales de “glaciares” y “ambiente periglacial” por nuevas definiciones, creadas en un “reglamento” que reduce notablemente las superficies a proteger. Dicha redefinición favorece a la minera Barrick al dejar fuera de la protección, por ejemplo, un glaciar (Toro 1), donde se haría el tajo del megaproyecto Pascua Lama. También quedaría fuera todo el ambiente periglacial de la mina Veladero, donde se produjo el brutal derrame de cianuro de septiembre pasado. Además de no resistir el mínimo examen de constitucionalidad (un “reglamento” no puede contradecir a una ley), de continuar con esta actitud, tanto el Ministro de Ambiente como los funcionarios del IANIGLA podrían incurrir en los delitos penales de “falsificación de documento público” (el inventario lo es) y de “falsedad ideológica”, entre otros.
Por último, vale la pena destacar la encerrona en la cual se encuentra la población de Jáchal, luego del derrame de cianuro. La vía judicial fue sellada luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desviara oportunamente la investigación penal hacia la complaciente justicia de San Juan, donde ahora duerme en un cajón del juzgado de Jáchal. Pese a ello, los jachalleros probaron otra vía institucional, la más democrática: impulsar una consulta popular para que el pueblo decida.
Tampoco se lo permitieron: por presiones de sectores mineros y del propio gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, la ordenanza fue sepultada en el Concejo Deliberante. Como aviso, el pasado 25 de mayo, al menos 20 vecinos que participaban de una manifestación, terminaron demorados en la comisaría local, acusados de diversas contravenciones. Garantizada la impunidad, no se puede votar ni protestar contra Barrick, la minera responsable del peor incidente ambiental que tenga registro la minería argentina.
En suma, el nuevo oficialismo repite y empeora la historia, cerrando las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.

Maristella Svampa es socióloga e investigadora del Conicet.
Enrique Viale es presidente de la Asociación de abogados ambientalistas


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No hay megaminería sin contaminación ni conflicto social


DOSSIER MEDIO AMBIENTE // TRIBUNA ABIERTA

No hay megaminería sin contaminación ni conflicto social

En el Día Internacional contra la Megaminería el referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas analiza la situación actual y denuncia las consecuencias de la actividad en el país.
Viernes 22 de julio | Edición del día
En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ambiental. Esta se expande hoy en Argentina en una decena de provincias, que incluyen desde Salta y Jujuy hasta la patagónica Santa Cruz, pasando por la región cordillerana, la precordillera y las estribaciones.
Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los noventa —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).
Con estas características, en la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta; se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.
El emprendimiento minero Veladero, en San Juan, está operando sobre glaciares y ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte allí a la actividad en ilegal, al contradecir la Ley de Protección de Glaciares, que establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre esas superficies. Recordemos que fue este emprendimiento minero en San Juan el que provocó, en septiembre pasado, el peor incidente minero ambiental de la historia de nuestro país al contaminar con 5 millones de litros de solución cianurada la cuenca del río Jáchal. Hecho que, a pesar de su brutalidad y su flagrancia, aún permanece impune.
El destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, a su vez, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por ejemplo, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1% y consume el 6,1 por ciento. Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 por cuento. A esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.
Y en Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que posibilita que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En efecto, en las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo.
Después de casi 20 años de explotación de La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo).
Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan —elegida como modelo del lobby minero—, que, a pesar de tener en funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores emprendimientos mineros del país y de la transferencia de la nación durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la media nacional, la pobreza y la indigencia (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos) son las más altas de su región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias vecinas que no desarrollan la actividad.
En esta provincia, la empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia), paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$ 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del total de ingresos provinciales. La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500 personas en forma directa, sólo el 1% del total del empleo en esa provincia.
Lo cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.
Por su parte, no existe en el mundo ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, como tampoco hay lugar en el mundo donde se desarrollen (o intenten) proyectos de megaminería y no haya gran conflictividad social. Esto es algo que no puede ser negado o minimizado ni siquiera por el lobby minero, a lo largo de toda América Latina y de la geografía de los países del sur en general, a medida que se fue ampliando la frontera minera y que aumentó la cantidad de proyectos de extracción de oro, cobre y otros minerales, los conflictos territoriales y ambientales provocados por esta actividad también se multiplicaron. Cada proyecto minero desencadena, de por sí, un proceso conflictivo que no cesa ni aun cuando este es momentáneamente paralizado, ni cuando se hubiere agotado el ciclo de vida del yacimiento.
El sistemático ataque a las libertades individuales más básicas para imponer este modelo conlleva a un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en nuestro país que reduce al mínimo los alcances de la propia democracia.
En suma, esta actividad está concentrada en unas pocas empresas transnacionales, que generan una exigua mano de obra, cuya producción está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de minerales (sin valor agregado), con altísima conflictividad social. Dejan como herencia pasivos ambientales durante y tras el cierre de las minas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio) que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.
Con este contexto, resulta preocupante la obsesión del nuevo Gobierno Nacional en llevar la gran minería a las provincias en que la cual está expresamente prohibida por ley. En efecto, entre los años 2003 y 2011, gracias a la resistencia y movilización de las poblaciones afectadas, fueron varias las provincias que sancionaron leyes que prohíben la minería con uso de determinadas sustancias tóxicas. Van por las zonas donde hay resistencia social intentando “convencer” a las poblaciones. Los primeros objetivos parecen ser la meseta de la provincia de Chubut, Mendoza y La Rioja. Ese el rol asignado al ministro Sergio Bergman, que al principio parecía confuso, casi risueño al admitir su total desconocimiento de la materia ambiental.
Por otra parte, si el kirchnerismo tenía una relación connivencial con el lobby de la minería transnacional esta administración directamente los metió dentro del gobierno: Daniel Meilán fue designado como Secretario de Minería de la Nación. Su principal antecedente es como funcionario del área durante el gobierno menemista, que marcó el inicio del modelo megaminero vigente. Asimismo, nombró como Subsecretario de Minería de la Nación a Mario Capello, un reconocido lobbista de las transnacionales mineras y que actuó directamente contra la Ley de Protección de Glaciares.
En conclusión, resulta vital prestar especial atención a las largas luchas ciudadanas que están marcando huellas históricas en la defensa de los territorios en nuestro país y son las que vienen teniendo desde hace años un debate serio sobre la problemática a través del trabajo reflexivo de los compañeros en las manifestaciones, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades, en definitiva, marcando caminos alternativos.
*El autor es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, coautor del libro Maldesarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo, e impulsor de la Ley de Glaciares.




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