"Es necesario un Pacto Ecosocial y Económico"



OPINIÓN / 5 DE JUNIO | DÍA DEL MEDIO AMBIENTE (2020) 

Maristella Svampa y Enrique Viale: "Es necesario un pacto ecosocial"


Maristella Svampa* Enrique Viale**


Fue en 1972 que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente, con el objeto de sensibilizar a la población mundial y, al mismo tiempo, impulsar acciones políticas proactivas en defensa del planeta. Sin embargo, casi cincuenta años después, de la mano de un modelo de globalización neoliberal y depredatorio, la humanidad se encuentra al borde del colapso ecosistémico y climático: calentamiento global, extractivismo y destrucción de territorios, extinción masiva de especies y pérdida de biodiversidad, aumento exponencial de la huella ecológica, entre otros problemas, ilustran la consolidación de modelos de (mal) desarrollo que amenazan la vida en el planeta. 

La gran pandemia mostró el fracaso de este modelo de globalización consolidado en los últimos treinta años, al calor de la Organización Mundial del Comercio y la apertura indiscriminada de los mercados. Por un lado, puso al desnudo y potenció las desigualdades sociales y económicas, haciéndolas más insoportables que nunca. Tal como señala el economista Thomas Piketty, los actuales niveles de concentración de la riqueza son equivalentes a aquellos de fines del siglo XIX, cuando no existía un Estado regulador y solo el mercado era el ordenador de las relaciones sociales. La pandemia de coronavirus evidenció también un retroceso social que abarca el sistema de salud (debilitado y privatizado), la producción de alimentos y la degradación del hábitat urbano, sobre todo en relación con los sectores más vulnerables. 

Oportunidad. Por otro lado, la pandemia tiene también orígenes socioambientales, aunque se tienda a invisibilizarlos. Como indican numerosos estudios, virus como el del ébola, la gripe aviar y la porcina, el SARS, encuentran múltiples causas ambientales, entre ellas la deforestación indiscriminada, el tráfico de animales silvestres y la cría de animales a gran escala. Estos son el caldo de cultivo de los llamados virus zoonóticos, que tienen un alto nivel de contagiosidad y saltan de los animales a los seres humanos. El Covid-19 no es seguramente una excepción. 

Con todo lo horroroso que trae la pandemia, la crisis abrió un portal desde el cual se tornó posible aquello que hace poco tiempo se consideraba inviable. En esta línea comenzaron a circular diferentes propuestas globales y nacionales, que en el Sur adoptaron el nombre de Pactos Ecosociales y Económicos y en el Norte, Green New Deal. Lo central es que no se trata exclusivamente de propuestas “verdes”, sino de agendas integrales que articulan justicia social con justicia ecológica, justicia étnica y de género.

En América Latina, desde hace unos días circula el Pacto Ecosocial, Económico e Intercultural y en Argentina, hace más de un mes hemos lanzado una propuesta firmada por más de 400 intelectuales, artistas y organizaciones sociales, que propone un Pacto Ecosocial y Económico con cinco puntos: ingreso universal, reforma tributaria progresiva, suspensión del pago y auditoría de la deuda externa, paradigma del cuidado y reforma socioecológica radical (energética, productiva, alimentaria y urbana).  Dicha agenda no se apoya en el vacío; remite a grandes debates globales, así como a luchas sociales que recorren el país y el continente.

Economía y ambiente. Por ejemplo, los debates sobre la necesidad de instalar un ingreso universal ciudadano, un impuesto a las grandes fortunas y suspender el pago de la deuda externa, están lejos de ser tópicos de alcance local. Son, como señalaba en una entrevista a pERFIL la analista Gillian Tett, “una tendencia global”. Atraviesan declaraciones de organismos internacionales como el FMI, la Unctad, la Cepal o incluso columnas de diarios hiperconservadores, como el Financial Times; todos los cuales coinciden en que la crisis exigirá un rol mayor del Estado y nuevos tiempos redistributivos.

Asimismo, el debate instalado por las feministas sobre el cuidado, definido como un derecho, cuenta con una larga historia. Esto aparece más relevante en el actual contexto de pandemia y exige un involucramiento mayor del Estado, a través de políticas públicas que desmercantilicen la salud y que conecten cuidado, salud y ambiente, para poder afrontar los desafíos del cambio climático y, muy probablemente, las pandemias que vendrán. También resulta fundamental visibilizar y revertir el brutal desequilibrio de género de quienes realizan las tareas de cuidado: las mujeres. El gran aporte de los feminismos, como el de los pueblos originarios, es su apuesta radical por colocar en el centro la sostenibilidad de la vida, hoy amenazada por la lógica destructiva del capital.

Petróleo. Por último, nuestra propuesta de Pacto Ecosocial y Económico coloca el acento en la transición socioecológica, en sus diferentes niveles. Por un lado, la gravedad de la situación requiere que avancemos en propuestas de transición de la mano de un paradigma energético renovable,  descentralizado, desmercantilizado y democrático. Aunque el recurso esté disponible (como es el caso de Vaca Muerta), los impactos de los combustibles fósiles ligados al cambio climático instalan un límite ecológico. A la par que se derrumba el precio del petróleo, crecen los movimientos globales de desinversión en combustibles fósiles, y estos se van convirtiendo en “activos varados u obsoletos”, al tiempo que se multiplican las experiencias locales en torno a la energía limpia y sustentable. Esta tendencia irá acelerándose: por ejemplo, esta semana fue el Parlamento el que rechazó por cuestiones ambientales el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea- Mercosur.

De igual modo sucede con el modelo alimentario. La Argentina debe promover desde el Estado y la sociedad una nueva ruralidad, basada en un paradigma agroecológico-biocéntrico y que promueva la soberanía alimentaria. El modelo de agronegocios imperante, que requiere poca mano de obra, depende de los agroquímicos, destruye bosque nativo y produce forraje para ganado, es cada vez más cuestionado por su concentración, insustentabilidad y sus impactos sobre la salud. Durante la cuarentena, se produjo la multiplicación del consumo de productos agroecológicos, sobre todo en las grandes ciudades. Pero debemos ir más allá. Necesitamos una agricultura con agricultores, que promueva el trabajo en el campo y que produzca alimentos sanos a precios justos: esa es la agricultura del futuro. No hay que olvidar que la agricultura familiar (campesina) produce el 70% de los alimentos del mundo, en el 25% de la tierra; mientras que el agronegocio, para producir el 25%, concentra el 75% de la tierra.

Vinculado con lo anterior, se torna necesario repensar el modelo urbano. Nuestras grandes ciudades se transformaron en una trampa mortal, sobre todo para las poblaciones vulnerables, hacinadas y privadas de los servicios básicos. Debemos repensar la relación entre lo rural y lo urbano, promoviendo el arraigo en las ciudades pequeñas y medianas, garantizando tierra para pequeños y medianos productores de alimentos con cordones verdes que provean alimentos frescos y baratos a toda la población, en sintonía con lo propuesto por más cien movimientos sociales con el “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”.

En suma, la pandemia abre grandes desafíos a nivel nacional, regional y global, lo que nos obliga a salir del sectarismo, de los lugares comunes y de las falsas soluciones. Sería un grave error que el gobierno de Alberto Fernández desaproveche esta oportunidad inmejorable para avanzar en un ingreso único que, de manera procesual, apunte a la universalidad –tal como lo indica la Cepal– y a una reforma impositiva que incluya impuestos a los que más tienen. Esa es la puerta de entrada para una serie de transformaciones de fondo, que deben abarcar necesariamente la transición socioecológica. No podemos caer en la tentación del progresismo selectivo buscando la reactivación económica de la mano de más extractivismo. Si con agronegocio, fracking (Vaca Muerta) y megaminería tenemos más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza y las “soluciones” que se proponen son profundizar más de lo mismo, ¿no será entonces que llegó el momento de debatir seriamente los modelos de (mal) desarrollo?

En el marco de la pandemia, los primeros aciertos de Alberto Fernández fueron valorados por el conjunto de la sociedad. Pero en un escenario de disputa pospandemia se requieren medidas económicas, sociales y ambientales estructurales. Aquí resulta crucial la posición que el Gobierno adopte en relación con las luchas sociales, esto es, si decide responder a las demandas que desde abajo apuntan a la construcción de lo común, en una clave igualitaria y sustentable, o bien cede a las presiones de los sectores económicos más concentrados, en defensa de sus privilegios.

Por último, nuestra propuesta no es un “cuaderno de quejas” ni un listado de demandas dirigidas a los gobiernos de turno. Constituye, como afirmamos en el Pacto Ecosocial desde el Sur, junto con otras voces de América Latina, “un llamado a los diferentes movimientos sociales y ambientales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarios, magistrados o servidores públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada”.


*Socióloga **Abogado ambientalista

Pacto Ecosocial y Económico


Pacto Ecosocial y Económico

Nuestro Green New Deal


Por Maristella Svampa y Enrique Viale

Vivimos una encrucijada civilizatoria cuyo alcance y consecuencias todavía inciertas envuelven las diferentes esferas de la vida. La pandemia ha desnudado y agudizado las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más insoportables que nunca. Hoy se vuele necesario retomar aquellas alternativas que hace solo unos meses parecían inviables para encontrarle una salida diferente a esta crisis. Como pocas veces, la pandemia nos impulsa a dejar de mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad, con lagañas tradicionales. A la luz de nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, como seres inter y ecodependientes, debemos repensar en una reconfiguración integral, esto es, social, sanitaria, económica y ecológica, que tribute a la vida y a los pueblos.  

Así, la capacidad del Estado, que hoy aparece como fundamental para superar la crisis a nivel global y nacional, debe ser puesta al servicio de un gran Green New Deal o Gran Pacto Ecosocial y Económico para transformar la economía mediante un plan holístico que salve al planeta y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igualitaria. Lo peor que podría suceder es que, en su propósito de volver a crecer económicamente, el Estado apunte a legislar contra el ambiente, acentuando la crisis ambiental y climática, así como las desigualdades Norte-Sur y entre los diferentes grupos sociales. Hay que entender de una vez por todas que las Justicias Ecológica y Social van juntas, que no sirve una sin la otra. 

Desde nuestra perspectiva, cinco son los ejes fundamentales del Pacto Ecosocial y Económico a debatir: un Ingreso Universal Ciudadano, una Reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la Deuda Externa, un Sistema nacional de cuidados y una apuesta seria y radical a la Transición socioecológica. 

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1-La actual catástrofe pone en evidencia que todo ser humano debe tener garantizado un ingreso básico que le abra la posibilidad de una vida digna. Para acceder a este Ingreso universal o Renta básica, impulsado históricamente en nuestro país por el economista Rubén Lo Vuolo y ciertas organizaciones sociales, no se requiere ninguna otra condición personal que la de existir, y con ello, la de ser ciudadano. A diferencia de las políticas sociales focalizadas y fragmentarias que se han venido implementando en la región latinoamericana y en nuestro país en las últimas décadas, el Ingreso Universal Ciudadano está desvinculado del empleo asalariado, no exige contraprestación alguna, no refuerza la trampa de la pobreza (como sucede con los planes sociales focalizados) ni el clientelismo, y pretende garantizar un piso suficiente para el acceso a consumos básicos. Lejos de ser algo irrealizable, el Ingreso Universal hoy está en el centro de debate de la agenda global, así como lo está la propuesta de reducir la jornada de trabajo estableciendo un límite de, al menos, entre 30 y 36 horas semanales, sin disminución salarial. Entre otros beneficios, esto último no solo mejoraría la calidad de vida de los y las trabajadoras sino que permitiría la creación de nuevos puestos de empleos para cubrir las horas reducidas. Pero, además, una apuesta al reparto de tareas implicaría afrontar proactivamente la realidad de la automatización de los procesos de producción y el avance de la sociedad digital, sin tener que multiplicar por ello la desocupación y la precarización del empleo.

2- La implementación del Ingreso Universal no solo pone en el centro de la escena la cuestión de la ciudadanía sino también la necesidad de contar con sistemas impositivos progresivos, como base para su factibilidad y buen funcionamiento. No hay que olvidar que nuestro país cuenta con un sistema fiscal regresivo, basado en los impuestos indirectos o al consumo (como el IVA) y un impuesto a las ganancias (incluyendo el impuesto al salario) que golpean sobre todo a los sectores medios y bajos. Los grandes patrimonios, las herencias, los daños ambientales, las rentas financieras, son todas fuentes tributarias que tienen nula o muy baja presencia en el sistema impositivo del país. Como afirma José Nun, ex secretario de Cultura, quien hace tiempo viene tallando en estos temas, “esta vía exige una reforma impositiva profunda, cuyo significado e importancia deben instalarse en la conciencia colectiva para distinguirla de los parches y remiendos que hoy reciben ese nombre”. Así, el segundo eje del Pacto Ecosocial y económico no solo apunta a un necesario impuesto a las grandes fortunas que coadyuve a afrontar el costo de la crisis. También es imprescindible una Reforma Tributaria Progresiva que reconfigure desde la base el actual sistema fiscal en todas las jurisdicciones, en un sentido equitativo, y que incluya desde el impuesto a la herencia erradicado de un plumazo por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar, además de nuevos impuestos verdes a las actividades contaminantes. 

No podemos tolerar que, tal como ya sucedió a nivel global con la crisis financiera de 2008, el Estado salga a socorrer a los bancos y entidades financieras y terminen siendo los más vulnerables quienes financien esta crisis. La concentración de la riqueza a la que asistimos en esta fase del capitalismo globalizado y neoliberal es solo comparable con aquella propia del capitalismo desregulado de fines del siglo XIX y principios del XX. Mientras tanto, aunque la pobreza haya disminuido, según los períodos y las sociedades, las desigualdades aumentaron, tanto en el Norte como en el Sur global. Según datos de la organización Oxfam, el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de riquezas que 6900 millones de personas: casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al día. En materia ecológica, los datos también escandalizan: solo 100 grandes empresas transnacionales son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero a nivel global. 

3- En momentos extraordinarios es cuando se justifican la suspensión de las grandes deudas de los Estados. No hay que ser radical ni heterodoxo en materia política y económica para darse cuenta de ello. En las economías desarrolladas la deuda total –hogares, empresas, gobierno- representa el 383% del PBI. En las economías emergentes, es del 168%. Ningún país puede pagar colosales montos de divisas sin antes garantizar a sus habitantes una vida digna, mucho menos en un contexto de inédita recesión económica global y nacional. Y mucho menos, tampoco, en una situación de casi default provocada principalmente por los préstamos contraídos por la gestión anterior, que solo sirvieron para fugar dinero y sostener déficits fiscales que no beneficiaron a los sectores más vulnerables. Hace unas semanas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) propuso un nuevo Plan Marshall que libere 2,5 billones de dólares de ayuda a los países emergentes, e implique el perdón de las deudas, un plan habitacional en servicios de salud, así como programas sociales. La necesidad de rehacer el orden económico mundial, que impulse incluso un jubileo de la deuda, hoy aparece como viable y plausible.

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4. La pandemia debe abrir paso a la construcción de sociedades ligadas al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia también en las políticas públicas. Así, es necesaria la implantación de un Sistema Nacional Público de Cuidados destinado a atender las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas. Una vez superada la pandemia, tanto a nivel global como nacional, la recuperación de la economía debería priorizar tanto el fortalecimiento de un sistema nacional de salud y de cuidados, que exige un abandono de la lógica mercantilista, clasista y concentradora, generadora de ganancias para los monopolios farmacéuticos, y un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado, así como el equilibrio y el cuidado de la Madre Tierra.

Vinculado con los problemas en la salud de la actual pandemia, recordemos que los virus más recientes–como el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y el Covid 19- están relacionados con la destrucción de hábitats de especies silvestres para plantar monocultivos a gran escala. Es necesario dejar el discurso bélico detrás, asumir las causas socioambientales de la pandemia y colocarlas en la agenda política-estatal para responder así a los nuevos desafíos. En esa línea, las voces y la experiencia del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la agenda pública la inextricable relación que existe entre cuidado, salud y ambiente, de cara al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y a la agravación de la crisis climática. 

5. No podemos invisibilizar más los debates sobre la crisis ecológica y el colapso climático. Es momento de que la Argentina comience una Transición Socioecológicauna salida ordenada y progresiva del modelo productivo netamente fosilista y extractivista. Transición y Transformación, pues se trata de avanzar en un cambio del sistema energético hacia una sociedad post-fósil basada en energías limpias y renovables. Algo que hasta ahora no ha sido posible ni pensable, en un contexto en el que la visión eldoradista asociada a Vaca Muerta obturó aún más la expansión de imaginarios energéticos alternativos y sustentables.

Por otro lado, la caída estrepitosa del valor del barril del petróleo pone fin a la apuesta por explotar combustibles fósiles no convencionales que se había instalado en nuestro país desde el descubrimiento del yacimiento Vaca Muerta, hace poco menos de una década. Lo cierto es que la inviabilidad económica de este proyecto se evidencia desde hace varios años en los millonarios subsidios que gozaban las compañías petroleras para sostener la producción, solventados por enormes aumentos de tarifas a los consumidores. El derrumbe histórico del precio del petróleo desbarata el “Consenso del fracking” que unía sectores del campo político y económico, y deja bajo tierra el mito eldoradista sobre este yacimiento -aquel que lo mostraba como “el salvador” de nuestro país-, al tiempo que abre también una oportunidad extraordinaria para repensar totalmente el sistema energético.

Tal vez sea utópico pensar que Argentina tenga el 100% de sus energías renovables en el año 2040, pero ésa es la dirección que el país debe encarar. Al mismo tiempo, se trata de avanzar también en términos de democratización, pues la energía es un derecho humano, y una de las principales tareas en un país como el nuestro es terminar con la pobreza energética que caracteriza a las barriadas populares. Así, la justicia social y la justicia ambiental deben ir articuladas. 

La otra cara de la transición es potenciar la Agroecología para transformar el sistema agroalimentario argentino. En este sentido, la creación y fomento de cinturones verdes de agricultura ecológica en ciudades y pueblos son claves para generar empleo y garantizar alimentos sanos, seguros y baratos. Estas iniciativas, además, promoverían la soberanía alimentaria con sistemas de producción y distribución dirigidos al desarrollo de mercados locales agroecológicos y solidarios de pequeños productores, enfocados en fomentar una cultura asociativa y comunitaria y una responsabilidad ciudadana en el consumo. Se puede comenzar con la obligatoriedad de compra por parte de los gobiernos a estos productores para escuelas, hospitales y demás organismos públicos. Esto fomentaría el arraigo en pequeñas y medianas ciudades semirurales si se complementa con acceso a la tierra, la vivienda, la salud (de calidad), la educación (en todos los niveles, desde jardines de infantes hasta la universidad) y los alimentos. 

El Antropoceno como crisis es también un Urbanoceno. Tengamos en cuenta que en Argentina el 92% de la población vive en ciudades (el promedio mundial es de 54%) concentrada en un 30,34% de nuestro territorio. Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 0,4% de la superficie total del país, vive el 31,9% de la población total. Habitamos ciudades planificadas por y para la especulación inmobiliaria (cuya contracara es la emergencia habitacional y la insuficiencia de espacios verdes) y dominadas por la dictadura del automóvil (con transportes públicos saturados). Esta característica puso bajo la lupa a las vidas urbanas en cuarentena y evidencia la necesidad de un cambio radical en la forma en que vivimos en las metrópolis. Debemos ruralizar la urbanidad, sobre todo en las grandes ciudades donde la relación con la Naturaleza es prácticamente nula. Debemos reparar la separación que tienen los habitantes urbanos respecto de la naturaleza, así como de las fuentes de nuestra alimentación y nuestra vida. 

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Por último, estamos convencidos que parte fundamental del Pacto Ecosocial y Económico es el reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza. En otras palabras, los seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derechos y no como un mero objeto. Debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. 

Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. Nadie dice que será fácil pero tampoco es imposible. Pero no nos engañemos: el “retorno a la normalidad” es el retorno a las falsas soluciones. Tampoco “volver a crecer como antes” es la salida. Solo podría conducir a más colapso ecosistémico, a más desigualdades, a más capitalismo del caos. Con todo lo horroroso que ha traído la pandemia, es cierto también que estamos ante un portal: el debate y la instalación de una agenda de transición justa por la vía de un Gran Pacto Ecosocial y Económico puede convertirse en una bandera para combatir el pensamiento neoliberal -hoy replegado-, neutralizar las visiones colapsistas y distópicas dominantes y vencer la persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas, que privilegian la lógica del crecimiento económico así como la explotación y mercantilización de los bienes naturales.

La apuesta es construir una verdadera agenda nacional y global con una batería de políticas públicas, orientadas hacia la transición justa, que requieren de la participación y la imaginación popular, así como de la interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas, sociales e interculturales, feministas y ecologistas. Esto plantea sin duda, no solo la profundización y debate sobre todos estos temas, que hemos intentado presentar de modo sumario aquí, sino también la construcción de un diálogo Norte-Sur; Centro/Periferia, sobre nuevas bases geopolíticas, con quienes están pensando en un Green New Deal, a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad. 



Entrevista - Huerquen



“Discutir sobre cambio climático sin discutir los modelos de maldesarrollo son sólo habladurías” – Enrique Viale



¿Cómo enfrentamos el cambio climático? Con sólo pensarlo nos vienen imágenes de grandes nubes, corrientes marinas, inundaciones, huracanes y sequías frente a los cuales lo que podamos hacer parece nulo. Frente a ellos no hay cartelitos con frases piolas, ni marchas que sirvan. El poder responsable de esta crisis también se ha encargado de eso: de ponernos la cancha lejos…
En Madrid empieza la 25° Conferencia de las Partes o COP25 que es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En ella, los gobiernos debaten y se plantean medidas para mitigar los efectos de la crisis climática derivados de la acción humana… y hasta ahora han fracasado rotundamente.
Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero no han parado de crecer, las lógicas que sustentan los modelos de “desarrollo económico” responsables de esta crisis gozan de buena salud. Aún más, las “soluciones” que se plantean “por arriba” parten de las mismas lógicas que nos llevan al abismo. Si “cada crisis es una oportunidad” el capital ha sabido aprovechar cada una, y en este caso no es distinto: geoingeniería, bonos de carbono, etc. Los nuevos negocios del capital con la crisis climática que generó.
Pero por abajo los pueblos no sólo somos los que sufrimos con más crudeza los efectos del cambio climático, sino que hemos ido instalando el debate sobre sus verdaderas causas y construimos alternativas que abren horizontes nuevos para todos y todas.
Aprovechando el inicio de la COP25 conversamos con compañeros y compañeras sobre distintos aspectos de un problema complejo, pero con causas y soluciones mucho más cerca de lo que parece.

#COP25 | Conversamos con Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Mientras las evidencias del cambio climático son cada vez más contundentes y se reconocen niveles de emisiones que lejos de disminuir aumentan…
Huerquen: En pocos días arranca COP25 y la Contracumbre de los pueblos. Brevemente contanos ¿qué es COP25 y qué escenario se plantea?
Enrique Viale: Está por arrancar la COP25 que como se sabe, originariamente era en Chile, en el sur global, y por el estallido social en ese país fue trasladada a Madrid. Esto es muy preocupante y enmarca un poco también la tendencia de que el norte global termina monopolizando todos estos debates. Había mucha expectativa de que se iba a realizar en el sur, con una gran participación de organizaciones sociales y de la sociedad civil; incluso con la llegada de Greta Thumberg que generaba mucha expectativa. Así que por ese lado hay una decepción muy grande pero a la vez muchos y muchas hemos decidido mantener las actividades que se iban a realizar paralelamente a la cumbre del cambio climático. Es decir que vamos a estar en Santiago y, en los mismos días en que se iba a realizar la cumbre, vamos a hacer la cumbre de los pueblos como una convención paralela de la sociedad civil.
Hqn: ¿Por qué hay una contra cumbre de los pueblos? Y ¿qué se espera que suceda allí?
EV: En la contra cumbre vamos a desarrollar los temas que la mayoría de las veces no se tratan en la cumbre oficial. Era interesante que sea en el mismo espacio físico o ciudad y al mismo tiempo. Sin embargo vamos a continuar con eso, que es claramente debatir los modelos de desarrollo. No sólo debatir cómo bajar emisiones, como se plantea en las cumbres oficiales muchas veces con discursos vacíos, sino discutir realmente qué es lo que pasa en los territorios. Por eso era tan importante que se haga en el cono sur donde el extractivismo está generando grandes vulneraciones de derechos de la naturaleza y obviamente también derechos humanos con centenares de muertes anuales de líderes y lideresas protectoras de la naturaleza y sociales. Todos esos debates se van a mantener. Nosotros vamos a participar de varios de ellos y esperemos que pueda ser una caja de resonancia sobre todo esto.
Hqn: En Argentina se acaba de aprobar la llamada “Ley de Cambio Climático”. Contanos en qué consiste la norma y cómo fue la génesis de su redacción y aprobación.
EV: La Ley de Cambio Climático es una ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático, es un marco normativo básico en el contexto de las leyes de presupuestos mínimos que no es para nada menor, porque su existencia es a partir de la reforma de la constitución y hay pocas leyes de presupuestos mínimos. Es un marco básico para enfrentar a confrontar y enfrentar tanto las consecuencias como las causas del cambio climático en la Argentina. Como en toda ley de presupuestos mínimos no sólo obliga al Estado Nacional sino también a las provincias. Esto es muy importante porque hay muchas provincias que no tienen dentro de su políticas públicas ningún tipo de iniciativa relacionadas con este flagelo que es uno de los mayores desafíos de la humanidad. La ley es muy interesante en muchos aspectos, que quizá no han trascendido tanto; tiene el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas expresamente expuesto en el texto. Es decir que somos todos responsables del cambio climático
pero hay algunos que son más responsables de él. Y esto no sólo a nivel internacional, o sea norte y sur; los países del norte han contribuido de manera desproporcionada a generar las causas del cambio climático sino, también dentro del país: No es lo mismo una minera que consume la energía de una provincia entera como La Alumbrera que cualquier habitante de Catamarca donde está ubicada por ejemplo.
La ley tiene también otras cuestiones como el principio de prioridad de atender a los sectores más vulnerables con las políticas públicas de cambio climático. Sobre ellos se acentúan sus efectos; impactan con más fuerza lesionando derechos. Los sectores sociales más vulnerables de la sociedad sufren desproporcionadamente sus efectos.
Esta ley se trabajó muchos años. Fueron 5 años trabajando para lograr los consensos, con modificaciones etc, y por eso ha salido por unanimidad. En julio en el senado y ahora en diputados, sin votos en contra también. Es decir que ha tenido los consensos necesarios para que se convierta en una política de Estado y resulta fundamental también ante la posibilidad de que tengamos un futuro Bolsonaro o Trump, que son negacionistas del cambio climático, y en este caso hay una ley que obliga a tener políticas públicas sobre esto y no pueden ser desconocido por ningún funcionario.
Hqn: Alrededor de las leyes y su aplicación, y salvando distancias con antecedentes como bosques, glaciares, agricultura familiar o todo lo referente a los derechos de los pueblos originarios ¿estamos frente a una “declaración de buenas intenciones” o una herramienta concreta?
EV: Claramente yo soy de la teoría de que las leyes no son sólo “buenas intenciones”, y mucho menos la ley de glaciares o la de bosques, junto a esta ley de cambio climático. Siendo abogado siento que me da herramientas concretas para exigir políticas públicas o confrontar. Si bien en muchos casos no hemos logrado su plena aplicación, por ejemplo en glaciares o bosques (esta ley es nueva), pero no olvidemos que gracias a la Ley de Glaciares hay 44 proyectos mineros que no están avanzando. Esto es concreto y por eso tienen permanentemente una espada de Damocles sobre ella para modificarla y que puedan avanzar. Lo mismo la Ley de Bosques, si bien no logramos su plena aplicación sí ha otorgado herramientas concretas para enfrentar desmontes que antes estaban absolutamente legalizados, y más aún por las provincias no? Obviamente que las leyes no son la solución a todo, lo sabemos muy bien; en Argentina sobre todo en las luchas antiextractivistas hay una relación de ida y vuelta con la legislación. Por ejemplo provincias tienen prohibida la minería con sustancias tóxicas, y eso fue algo logrado a partir de movimientos ciudadanos. Es decir que esto se gana en las calles; en las calles confrontando, en las calles generando debates en la opinión pública no? Ese es el gran desafío del momento; las leyes no son la solución a todo pero sí son una herramienta para la lucha.
Hqn: En tu opinión ¿de qué depende que podamos revertir el rumbo de abismo que representa el aumento de la temperatura global?
EV: Cualquier discusión sobre el cambio climático, sus causas y consecuencias, sin abordar los modelos de maldesarrollo imperantes serán sólo habladurías. Nosotros creemos que es fundamental discutir a nivel nacional, regional y mundial los modelos de producción que existen y se imponen. La división internacional del trabajo, con América Latina como exportadora de naturaleza como si fuese un destino. Qué pasa con las economías regionales; qué pasa con el agronegocio que en nuestro caso ocupa 23 millones de hectáreas sólo de soja transgénica; el modelo de fracking en la Patagonia con Vaca Muerta; el modelo de megaminería en la cordillera. Si no discutimos eso serán sólo parches superficiales y me parece que por ahí pasan las discusiones del momento. La discusión sobre el cambio climático tiene que ir por ese lado.
Buenos Aires, noviembre de 2019

Habemus Ley Nacional de Cambio Climático

¡¡Argentina tiene Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático!! (ver al final)

La acaba de aprobar la Cámara de Diputados luego de la media sanción, en julio, por el Senado y se convierte así en política de Estado la lucha contra el Cambio Climático.

Esta ley, de autoría de Pino Solanas, la trabajamos por casi cinco años para poder conseguir los consensos necesarios.



En el último año fue clave el fenomenal impulso por parte de los Jovenes por el Clima y la Alianza por el Clima.

Esta ley establece herramientas concretas para que la Argentina se adapte al Cambio Climático y establece obligaciones, tambien concretas, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Consagra expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) en cuanto a los causantes del Cambio Climático y también el de prioridad, en las políticas públicas, hacia los sectores más vulnerables.

Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental (art 41 CN) es también  obligatoria para las provincias que van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático.

Por su parte, esta norma institucionaliza -por ley- el Gabinete Nacional Interministerial de Cambio Climático, actualmente vigente solamente por un decreto. Este organismo tendrá que diagramar un “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”.

Asimismo, la ley crea el "Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Cambio Climático", cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos y centros de investigación.

Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades provinciales de aportar y proveer de la información necesaria para la aplicación de la ley.

Durante la discusión parlamentaria de esta Ley de Cambio Climático participaron y aportaron muchos especialistas y organizaciones como Enrique Maurtua de FARN y el gran Raúl Estrada Oyuela, entre muchos otros.

LEY COMPLETA












The Guardian: Activistas argentinos solicitan a la Corte que se le otorguen derechos al Yaguareté








Give endangered jaguars legal rights, Argentina campaigners ask court

With fewer than 20 left in the South American country’s Gran Chaco forest – the big cats could be classed as a ‘non-human person’
A jaguar in the dwindling Gran Chaco forest of Argentina.
 A jaguar in the dwindling Gran Chaco forest of Argentina. Photograph: Pablo Petracci/Greenpeace Argentina

Argentina’s supreme court has been asked to recognize the legal rights of the South American jaguar, of which fewer than 20 individuals remain alive in the country’s Gran Chaco region.
The largest cat in the Americas once roamed the continent as far north as the Grand Canyon, but is now in decline across the entire western hemisphere.
In Argentina, the speckled feline has been driven to the brink of extinction by the destruction of habitat to make way for soy plantations and cattle ranches.


Argentina’s National Parks Administration estimates that fewer than 250 are left alive in the country, and only 20 in the Gran Chaco region, a forest that has lost some 12m hectares (an area larger than Denmark) in the last 35 years.

On Friday, lawyers representing Greenpeace Argentina argued in the supreme court that the country should recognize the rights of the entire species.
“If the legal rights of inanimate corporations are recognized, why not the legal rights of a species of nature, which is very much alive,” said the group’s lawyer Enrique Viale.

A strong legal precedent was set in Argentina in 2016 when Argentina’s courts recognized a 29-year-old Sumatran orangutan held at the Buenos Aires zoo, named Sandra, as a “non-human person”.

Greenpeace Argentina is now seeking a similar status for the remaining jaguars in the Gran Chaco. “We now want recognition of the rights of the entire species,” Viale told the Guardian.

A jaguar hunts in Argentina, where fewer than 250 are believed to survive.
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 A jaguar hunts in Argentina, where fewer than 250 are believed to survive. Photograph: Argentina National Parks

The case is being brought against four provinces of northern Argentina – Salta, Chaco, Santiago del Estero and Formosa – where deforestation has been rampant since the introduction of genetically modified soy two decades ago.


Argentina’s economy is heavily dependent on soybeans, which make up 31% of the country’s exports.
Despite a forestry law that divides Argentina’s forests into “red” (non-deforestable), “yellow” (mixed use) and “green” (deforestable) areas, provincial officials encourage soy production and livestock farming by illegally handing out permits to large landowners transforming “red” areas to “green”.
The Greenpeace lawsuit demands “zero deforestation” in Argentina’s portion of the Gran Chaco which also extends into neighbouring Paraguay, Bolivia and Brazil.
One recent study estimates that habitat loss will cause the extinction of 50% of birds and 30% of mammals in the Gran Chaco within 10-25 years.
“Nature’s species also have rights and the recognition of these rights is a step forward for humanity,” said the Greenpeace Argentina director, Natalia Machain.