La Argentina está en emergencia ambiental? “Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida”. Así, duro y escéptico, arranca Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (Katz Editores) el libro en el que Maristella Svampa y Enrique Viale deconstruyen un país que presenta puntos críticos en su ecología política, en la explotación de recursos naturales y en el cuidado del medio ambiente. Muchos responsables, pocas soluciones y un futuro más que comprometido. De ello hablan en esta entrevista los autores de este libro preocupante.
–Si pudiéramos definir la crisis en relación a la situación ambiental de la Argentina, ¿cómo lo expresarían?Enrique Viale: – En todo el país se ha consolidado un modelo extractivista-exportador que sobreexplota a la naturaleza, donde son las corporaciones las que dominan los territorios; teniendo como paradigmas a la minera Barrick en la cordillera, Monsanto en el campo, IRSA en las ciudades y, ahora, Chevron en el subsuelo. A este control territorial hay que sumarle la extrema situación que se sufre en el ámbito metropolitano con la incontrolada contaminación de sus dos grandes cuencas, el Riachuelo y el Reconquista.
–El maldesarrollo es pura responsabilidad de las instancias gubernamentales? ¿Dónde se vuelve más visible?Maristella Svampa: – El maldesarrollo tiene que ver no sólo con modelos de producción sino también con modelos de consumo que prevalecen tanto en el norte como en el sur global, con lo cual estamos entonces frente a un problema de fondo, de orden civilizatorio. Esto no significa desresponsabilizar a los gobiernos, cuando vemos que éstos promueven activamente dichos modelos de maldesarrollo. Es lo que hizo el kirchnerismo a través del modelo sojero, el de megaminería y ahora con el de hidrocarburos. Tomemos el sojero: en vez de pensar en una transición y salida del monocultivo, el gobierno redobla la apuesta con el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que plantea un aumento del 60% de la producción de soja, con los efectos que esto tiene en términos de deforestación, corrimiento de la frontera agropecuaria y, por ende, de mayor criminalización y represión de campesinos e indígenas. A esto sumaría los nuevos convenios con Monsanto y los conflictos en Córdoba, que también ilustran la relación entre modelo sojero y regresión de la democracia; y el proyecto de la nueva Ley de semillas, que avanza en el sentido de la mercantilización. Así, la visibilidad del agronegocio como modelo de maldesarrollo es cada vez mayor.
–En los casos tratados se contraponen las acciones contaminantes con la defensa de la fuente laboral. ¿Cómo se sale de este callejón?Viale: – Es una falsa dicotomía. No hay región en el mundo que haya logrado un verdadero desarrollo socioeconómico con estas figuras extremas del extractivismo, a lo sumo puede generar “crecimiento económico” (aumento del PBI), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame”, sin auténtico progreso para la población y una alarmante reprimarización de la economía.
–¿Qué puntos evidencian la continuidad entre el Consenso de Washington y el de las commodities?Svampa:– Hay continuidades y rupturas. El Consenso de Washington puso en el centro la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, redefiniendo el rol del Estado, mientras que el de los commodities coloca en el centro la implementación masiva de grandes emprendimientos extractivos orientados a la exportación de materias primas, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo que permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas y conservadores o neoliberales. En ambos la noción de “consenso” es crucial, pues hay un acuerdo sobre el carácter irrevocable o irresistible de la dinámica propia del período: el neoliberalismo en los 90; el extractivismo en la actualidad. El discurso es que “no hay otra alternativa”, lo cual apunta a descalificar las resistencias colectivas y a instalar un lenguaje de la resignación, suturando la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo.
–¿En qué se basa la existencia de una ilusión desarrollista en la región?Svampa: – Eso era en otras épocas, cuando la cuestión ambiental estaba ausente del problema y todo recaía en la incapacidad del estado de transformar sus recursos en materia de acumulación y desarrollo. Pero la ilusión desarrollista está conectada con un imaginario social muy arraigado sobre la naturaleza americana, considerada como extraordinariamente pródiga en recursos naturales. Esta idea de la abundancia genera una visión mágica, una fiebre eldoradista visible en la creencia de que, gracias a las oportunidades económicas actuales –los altos precios de las materias primas– y la creciente demanda de China, es posible acortar rápidamente la distancia con los países industrializados y alcanzar el desarrollo. Es lo que hoy vemos detrás del consenso sobre el fracking en Vaca Muerta, que une al gobierno con la oposición. Hay un rechazo a cualquier crítica; todos buscan creer; niegan o minimizan los graves impactos ambientales y sociosanitarios, pero también los costos políticos y económicos.
–¿Cuánto ha cambiado la noción de territorio en estas últimas décadas?Svampa: – En los 90, el territorio aparecía ligado al barrio y era la piedra de toque para la auto-organización comunitaria; el lugar privilegiado para la repolitización de las relaciones sociales, en el sentido de la lucha, la solidaridad y el trabajo. Eso sucedió con los movimientos de desocupados. Pero en los últimos años, frente a la expansión del extractivismo, el concepto de territorio se cargó de otras dimensiones. Hay que entender que modelos como el de agronegocio, la megaminería, los grandes emprendimientos turísticos y residenciales, el fracking, implican una ocupación intensiva del territorio, generan una colisión de territorialidades, y no permiten la coexistencia con otros modelos de desarrollo y otros estilos de vida. Así, los movimientos socio-territoriales que hoy emergen apuntan a la defensa de los bienes colectivos y vehiculizan otros lenguajes de valoración del territorio, por fuera del eficientismo dominante.
–¿Cómo han reaccionado las comunidades afectadas? ¿Pudieron sostener sus luchas? ¿Fueron escuchadas?Svampa: – En la Argentina son numerosas las resistencias, pero todo depende del modelo al que hagamos referencia y también de la escala en la que se sitúe la lucha. Por ejemplo, la megaminería suscitó resistencias desde temprano y creo que eso se debe a que en la Argentina no hay tradición de minería a gran escala. Y aunque las empresas nunca se van del todo, entre 2003 y 2010 siete provincias sancionaron leyes que prohíben este tipo de minería. Con respecto al fracking, unos 35 municipios ya cuentan con ordenanzas que prohíben esta técnica, pero la tendencia es que la Nación y las provincias no avalen estos procesos. Respecto de la soja, el modelo agrario está tan naturalizado y la tendencia a la sojización es tan alta, el patrón de dominación tan fuerte, que las medidas adoptadas por el Estado son irrisorias comparadas con los impactos.
Viale: – Estas luchas ciudadanas están dejando huellas históricas en la defensa de los territorios y una luz de reflexión sobre el saqueo económico, la devastación ambiental, social, cultural e institucional que significan las figuras extremas del extractivismo en la Argentina: la megaminería, el fracking, el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Esquel, Famatina, Loncopué, Malvinas Argentinas, entre otras localidades, son emblemas de lucha y perseverancia.
–¿El kirchnerismo tiene algún tipo de contradicción interna en el tratamiento de temas como fracking o megaminería, por ejemplo?Svampa: – El kirchnerismo comparte con las corporaciones transnacionales la visión del progreso y el desarrollo. Más allá de los discursos épicos, las alianzas con los sectores trasnacionales son estratégicas. La megaminería fue un punto ciego durante mucho tiempo, pero después de la pueblada de Famatina, en 2012, el kirchnerismo hizo explícito su apoyo al modelo y no dudó en estigmatizar a aquellos que se oponían. Para el caso del fracking, esto fue facilitado por la crisis energética y el discurso nacionalista que vino de la mano de la estatización parcial de YPF.
Viale: – Estos conflictos desenmascaran el pacto entre gobierno y corporaciones, lo que choca de frente con el relato de supuesto enfrentamiento. Por ello el gobierno se encargó de modo sistemático de obturar el debate negando las graves consecuencias ligadas a la expansión y consolidación del modelo extractivista.
–¿Y cómo actúa el gobierno de la Ciudad con la edificación ilimitada, por ejemplo?Viale: – El gobierno macrista utiliza la cuestión ambiental a través de la entelequia “Ciudad Verde”, símbolo del marketing verde. En la ciudad se consolidó un modelo donde la (poca) naturaleza urbana y los espacios públicos son completamente sacrificables en pos del “crecimiento” de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza irracionalmente y se avanza sobre las superficies absorbentes en áreas urbanas que no las planifica el interés general, sino la especulación inmobiliaria a través de los privilegios que le conceden los poderes del Estado. Un ejemplo de ello fue el resultado del Pacto PRO-K en la legislatura porteña –noviembre de 2012– que entregó casi 200 hectáreas de tierra pública de la Ciudad a la especulación inmobiliaria y los centros comerciales.
–¿Los movimientos sociales pueden pensar políticamente más allá de la problemática que los convocó?Svampa: – A los movimientos hay que comprenderlos en un sentido dinámico: nacen con una reivindicación puntual, acotada, pero en el proceso de movilización, muchos incorporan temas más amplios a su plataforma discursiva y representativa. Gran parte de esta comprensión global se debe a su inserción en un campo de lucha más amplio que los conecta con otras organizaciones sociales, y las opone a toda suerte de poderes (empresas transnacionales y gobiernos).
–El papel de la Corte llamando a una solución conjunta en el caso Riachuelo, ¿puede replicarse en otras cuestiones ambientales?Viale: – Esa actuación generó expectativas prontamente disipadas cuando la Corte eludió pronunciarse en otras causas, como la problemática de los agroquímicos. O, cuando actuó con una llamativa celeridad para levantarle el embargo judicial a Chevron (que habilitó el acuerdo con YPF), lo que contrasta con la causa por contaminación sobre los glaciares contra la minera Barrick en Pascua-Lama, que duerme hace más de 6 años en un cajón. Por su parte, la situación de la Justicia en las provincias también es preocupante. Es conocida por quienes seguimos los juicios emanados de reclamos por tierra, agua o minería, la connivencia de la Justicia local, aunque sean juzgados federales, con las corporaciones económicas.
–¿Cuándo se identifica al extractivismo urbano como problemática ambiental?Viale: – El extractivismo también llegó a las grandes ciudades con la especulación inmobiliaria que expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales. El éxito de la ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento del valor de los inmuebles. Los barrios pierden identidad y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. Los inmuebles se convierten en una especie de commodity, mercancía, pura especulación. En la Ciudad en los últimos diez años se construyeron 20 millones de m2 y creció un 50% la población de sus villas. La mitad de los inmuebles de Puerto Madero están vacíos. La contracara de esta especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional de todo el país.
–¿Cómo los encuentra posicionados el futuro argentino? ¿Son optimistas?Svampa: – No soy optimista. Y no sólo porque creo que el kirchnerismo nos deja una década hipotecada, lo cual no se reduce a la cuestión socioambiental y sanitaria, sino porque su abandono cada vez más explícito del llamado “espacio progresista” tiene también una contracara oscura: me refiero a la derechización de las fuerzas políticas, hasta hace poco pertenecientes al campo de la centro-izquierda, como sucede en UNEN. La oferta electoral de 2015 nos encontrará divididos entre una mayoría que abarca posiciones de derecha dura y centroderecha (Macri, Massa, Unen, peronistas variopintos), y una izquierda, la alianza trotskista, minoritaria, cuyas dificultades de aglutinamiento político son muy persistentes.
Viale: – Más allá del escenario electoral pesimista que hace Maristella, con el cual coincido, me parece importante resaltar que se están reconstruyendo y resignificando conceptos elementales para saltear la encrucijada que el capital transnacional puso sobre la región: derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, vivir bien, justicia ambiental, derecho a la ciudad, eco-socialismo, bienes comunes, alternativas al desarrollo, entre otros. Estos lenguajes forman parte del diálogo cotidiano de los pueblos que están defendiendo sus territorios, de estas nuevas formas de resistencia y alternativas al sistema, que dejan ver, al menos de manera incipiente, síntomas e indicios para construir un nuevo paradigma civilizatorio.
