Monsanto y la seguridad jurídica

OPINIÓN 

Monsanto y la seguridad jurídica

La instalación de Monsanto tiene una ilegalidad de origen que muchos buscan ocultar. La zonificación del predio elegido no permite la radicación de un establecimiento industrial.

Por Maristella Svampa y Enrique Viale*
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El pasado miércoles 11 de junio, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó la Ley de Política Ambiental Provincial número 10.208, en un contexto de violenta represión a integrantes de asambleas y organizaciones sociales, que terminó con la detención de 20 personas.
Sin entrar en un análisis valorativo sobre la ley en cuestión, destacamos una de sus disposiciones, que tiene directa aplicación en el conflicto eco-territorial que se suscitó a raíz de la intención de Monsanto de instalar una planta de acondicionamiento de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas.
El artículo 20 de dicha ley establece: “... Todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la autoridad de aplicación no puede presentarse nuevamente para su evaluación”.
El 10 de febrero del presente año, el secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba (autoridad de aplicación) resolvió desestimar el estudio de impacto ambiental de la pretendida planta presentado por Monsanto. En consecuencia, por aplicación del segundo párrafo del artículo antes citado, la multinacional ya no tiene caminos institucionales para obtener el certificado de aptitud ambiental de su proyecto, condición necesaria para el inicio de las obras y el funcionamiento de la actividad.
Está conclusión es obvia, no hay otra interpretación posible, y sólo alejándose expresamente de lo establecido por la ley la administración cordobesa podría dar paso al inicio de una nueva evaluación ambiental.
La instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas tiene además una ilegalidad de origen que muchos buscan ocultar. La zonificación del predio elegido no permite la instalación de un establecimiento industrial como la planta de acondicionamiento de semillas que se pretende poner en funcionamiento.
Debe entenderse que la seguridad jurídica –que tanto se declama– no corre sólo para las empresas, para los negocios o para los que ostentan el poder. También están los derechos de la ciudadanía en general, la que en este caso sólo demanda que se respete la legislación ambiental vigente, sin privilegios para nadie. En otras palabras, la verdadera seguridad jurídica es aquella que otorga certidumbre a todos los habitantes de que lo establecido en las leyes se aplicará a todos sin excepciones, aún a las corporaciones más poderosas.
Por su parte, la firme resistencia de los vecinos de Malvinas Argentinas que se oponen a que a metros de sus casas se manipulen toxinas y transgénicos, que no son de ningún modo inocuos para los seres humanos e impactan enormemente en el ambiente (el uso de plaguicidas treparía a 1.750.000 litros/año), evidencia la ausencia de licencia social del proyecto.
Recordemos que en octubre de 2013, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión sobre mil casos (de Córdoba capital y el resto de la provincia), de los cuales el 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento expresó su acuerdo con los vecinos que se oponen. También cuestionaron a la planta nada menos que las tres casas de altos estudios más importantes de la provincia: la Universidad Católica (UCC), la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Igualmente, la Justicia impugnó el emprendimiento cuando, en enero de este año, la sala segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó paralizar la obra, al dar lugar al amparo presentado por los vecinos de Malvinas Argentinas.
Pese a todo esto y a que por aplicación del artículo 20, antes citado, la discusión debiera ya estar cerrada, todo indica que Monsanto insistiría –ilegalmente– en su afán de instalarse, lo que pondría en vilo no sólo el ambiente y la salud de los habitantes de Malvinas Argentinas, sino también a la propia vida democrática, sus instituciones y leyes, que pasarían a ser manipuladas y violadas para garantizar el negocio de una gigantesca corporación.
*Socióloga, investigadora principal del Conicet, y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, respectivamente
EDICIÓN IMPRESA
El texto original de este artículo fue publicado el 03/08/2014 en la edición impresa.de La Voz del Interiori, ver en:  http://www.lavoz.com.ar/opinion/monsanto-y-la-seguridad-juridica

El avance del Consenso del Fracking


El avance del Consenso del Fracking

Por MARISTELLA SVAMPA y ENRIQUE VIALE (Junio 2014)

En el número anterior de La Vanguardia escribimos acerca de la peligrosa construcción de un relato mistificador sobre el fracking por parte del gobierno nacional, a través de YPF, y de los involucrados provinciales (sobre todo el gobierno neuquino). Hicimos hincapié en la intensa estrategia comunicacional, que busca transformar la “necesidad” en ”virtud”, rechazando de plano cualquier crítica o restando carácter controversial a la metodología de la fractura hidráulica. En rigor, el gobierno, los medios de comunicación y las operadoras petroleras han ido más lejos, pues hoy debemos hablar cada vez más de la instalación de un Consenso del fracking. Como afirma la periodista Laura Rocha, especializada en cuestiones ambientales, “el fracking se lleva todos los títulos cuando se habla de industria petrolera”, además de todos los suplementos económicos y de energía de los medios oficialistas, nacionales y provinciales, así como aquellos medios opositores. Detrás de Vaca Muerta se observa así un alineamiento que encuentra al gobierno y la oposición detrás de una visión “eldoradista”, que recrea la idea de la Argentina potencia, identificando sin más abastecimiento hidrocarburífero con soberanía energética y clausurando el camino hacia la búsqueda de otras energías, limpias y renovables.
El Consenso del fracking une en una misma visión a progresistas y neoliberales acerca de lo que debe ser YPF modelo 2012. A través de la figura de la sociedad mixta se colocó en el centro del nuevo paradigma la búsqueda y otorgamiento de grandes concesiones a los capitales extranjeros, tal como ya se hizo con Chevron. Esta vuelta de tuerca privatista dejó muy lejos el modelo nacional-estatal que fuera reivindicado –al menos retóricamente- a la hora de la intervención de Repsol-YPF.
El caso es que Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta. Éstos quedaron reflejados en el decreto 929 que creó un régimen especial de promoción hidrocarburífero para los no convencionales que beneficia a las compañías que inviertan más de mil millones de dólares. A la manera de la legislación minera de los 90, se estableció que, a partir del quinto año de comenzado el proyecto, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional (muy superior al precio local), sea para la exportación o para el mercado interno, si es que éste no se encuentra debidamente abastecido. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero (retenciones) y en ambos se permitirá la libre disponibilidad de las divisas obtenidas. Estas prerrogativas, violatorias de la ley nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la ley de Soberanía Energética al tiempo que contravienen la ley general del Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional. El Decreto Presidencial 929/13 fue publicado un día antes de que se firmara el acuerdo con Chevron. Lo que se dice “un traje a medida” que respondió a exigencias de la empresa norteamericana.
Pero este decreto no son las únicas liberalidades que posee Chevron en nuestro país. El Diario New York Times reveló parte de las cláusulas firmadas con YPF que increíblemente siguen siendo secretas. Chevron continuaría recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha aún si la empresa se retira del país, en concreto obtendría “los beneficios netos del 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad”. Asimismo la ley aplicable del Acuerdo, en caso de incumplimiento o disputas, no es la de Argentina sino la que rige en la ciudad de Nueva York y la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.
La reciente ratificación de la Cámara Federal porteña, que estableció que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del decreto 929/13, rompió el silencio y la aquiescencia en torno al pacto YPF-Chevron, sentando un nuevo llamado de atención sobre lo que puede deparar al elenco gubernamental la existencia de una Justicia independiente… Pero el impacto político y mediático que esto tuvo fue muy efímero. Incluso los medios considerados “opositores” encapsularon la problemática en la imputación a la Presidenta y trataron de evitar el debate sobre la cuestionada técnica de la fractura hidráulica.
En la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto) denunciábamos no sólo el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública y el abuso de autoridad en la firma de ese Decreto, publicado un día antes de que se rubricara el acuerdo entre YPF y Chevron, sino que también nos referíamos al daño ambiental que implica la utilización del fracking y la permanente violación del Derecho Indígena que supone el incontrolado avance de las petroleras sobre comunidades mapuches. Pero el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales también se realiza mediante una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, ratificado por leyes nacionales, que exige la consulta libre, previa e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.
Por otro lado, la influencia cada vez mayor de EE.UU. detrás del Consenso del fracking se torna cada vez más evidente. No olvidemos que es el país del norte el principal productor mundial de no convencionales y verdadero motor de su extracción. El pasado 22 de mayo, el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, estuvo en nuestro país. “Visita inédita”, titularon algunos medios. Visita proconsular, debería decirse en rigor… El emisario del gobierno estadounidense se reunió con todos; gobierno y oposición. Además de la propia Presidenta y el gobernador de Neuquén, agasajaron al emisario norteamericano Jorge Capitanich, Julio de Vido, Axel Kiciloff, Guillermo Pereyra y los opositores Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez. También el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, lo recibió junto a Miguel Angel Pichetto, los presidentes de las comisiones de Energía de las dos cámaras, el sindicalista neuquino Guillermo Pereyra y el santacruceño Mario Metaza y un grupo entre quienes estaban los diputados Omar Perotti, Mario Das Neves, Dante González, entre otros.
Ratificando esta nueva vuelta de tuerca del Colonialismo del Siglo XXI, el subsecretario de Energía de Estados Unidos exigió -sin tapujos- reglas claras, un régimen fiscal especial y “seguridad para los contratos, porque hay empresas que van a invertir miles de millones de dólares”. No está sóla Chevron, también tienen una fuerte presencia en Vaca Muerta otras petroleras norteamericanas como Exxon y EOG Resources.
En suma, el Consenso del Fracking reafirma la dependencia de los combustibles fósiles, pero también el de la dependencia con las grandes empresas trasnacionales, embarcándonos ciegamente en la explotación de hidrocarburos no convencionales, que no sólo requieren de zonas de sacrificio sino que presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías. Asimismo, el Consenso del fracking no permite las disidencias ni tolera tampoco el pensamiento crítico. No sólo clausura el camino para pensar en otras matrices energéticas, basadas en las energías limpias y renovables, sino también obtura el doble camino del debate societal y el de la democratización de las decisiones.

Acuerdo con Chevron: entre la impunidad ambiental y la legislación "a medida"

Columnistas


El acuerdo con Chevron

Entre la impunidad ambiental y la legislación "a medida"

21/05/2014

MARISTELLA SVAMPA (*) Y ENRIQUE VIALE (**)
La reciente ratificación de la Cámara Federal porteña que establece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del decreto 929/13, publicado un día antes de que se rubricara el acuerdo entre YPF y Chevron, vuelve a poner en la arena pública la manera en que la petrolera norteamericana llegó a explotar Vaca Muerta. En la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto) denunciábamos el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, el abuso de autoridad y referíamos al daño ambiental en grado de tentativa que supone la utilización del fracking.
El fallo de la Cámara habilita la investigación de un hecho que ha sido denunciado desde antes de la firma del acuerdo: Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta. Éstos quedaron reflejados en el decreto 929 que creó un régimen de promoción hidrocarburífero para los no convencionales que beneficia a las compañías que inviertan más de mil millones de dólares. Allí se establece que, a partir del quinto año de comenzado el proyecto, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional (muy superior al precio local), sea para la exportación o para el mercado interno, si es que éste no se encuentra debidamente abastecido. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero y en ambos se permitirá la libre disponibilidad de las divisas obtenidas. Estas prerrogativas, violatorias de la ley nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la ley de Soberanía Energética y retrotraen la política petrolera a la de la infame década del 90, al tiempo que contravienen la ley general del Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional.
El pasado jueves, a través de una solicitada, el titular de YPF Miguel Galuccio alegó en favor del accionar presidencial esgrimiendo dos argumentaciones centrales. Por una parte, el texto señaló que los beneficios del decreto son generales y aplicables a cualquier proyecto hidrocarburífero que cumpla el mínimo de inversión estipulado. Si bien es cierto que cualquier petrolera puede acogerse a este régimen, el 929 fue publicado un día antes de que se firmara el acuerdo con Chevron. Lo que se dice "un traje a medida" que respondió a exigencias de la empresa norteamericana. El otro eje desarrollado por el titular de la parcialmente estatizada es la oportunidad: "Argentina es el segundo país que logra escala en la puesta en producción de no convencionales", sostiene. Sin embargo, Galuccio oculta que ese empuje productivo se ha dado a través de la cuestionada técnica de la fractura hidráulica, prohibida en varios países y cuestionada en todo el mundo, incluso en Estados Unidos (el principal productor de no convencionales y verdadero motor de su extracción), donde un reciente fallo judicial en el Estado de Texas obligó a la petrolera Aruba a indemnizar a una familia que vivía en las inmediaciones de sus pozos, debido a los problemas de salud ocasionados por la explotación.
También oculta YPF quién es su verdadero socio. Ya que este acuerdo no sólo introdujo una técnica altamente contaminante, sino que ese desarrollo es llevado adelante por una de las empresas con peores antecedentes ambientales del mundo. Chevron causó el mayor desastre petrolero de la historia en Ecuador y posteriormente negó la remediación, transformándose en prófuga de la Justicia de ese país.
La demanda de justicia llegó a nuestro país a través de un juicio por homologación de sentencia por el que se trabó un embargo sobre los activos de la empresa argentina. A través de un voto político, a comienzos de junio del 2013, la Corte Suprema revocó el embargo y 40 días después se publicó el cuestionado decreto 929. Al otro día de conocida esta nueva norma, ya cumplidos todos los requisitos exigidos por Chevron, se firmó el acuerdo, que dejó tras de sí a dos poderes del Estado que operaron en favor de la empresa y no del bien común nacional.
Este accionar, sin embargo, no es extraño para Chevron que, además de cargar con la mayor condena ambiental de la historia, ha dejado un legado de graves afectaciones ambientales y de permanentes violaciones a los derechos de las personas en los países donde ha operado. Es por eso que los afectados en todo el mundo han convocado al Día Internacional Anti Chevron hoy 21 de mayo. Durante esta jornada se realizarán acciones en más de 20 países para denunciar globalmente los impactos que ha generado esta compañía, producto de su manejo meramente economicista y falto de respeto por los derechos de los pueblos donde opera. Aquí en la Argentina, distintas organizaciones están convocando acciones en las oficinas de Chevron tanto en Neuquén como en Buenos Aires. Será una buena instancia para que todo el pueblo se pronuncie en contra de la impunidad con la que la llamada "peor empresa del mundo" opera en nuestro país.
(*) Investigadora del Conicet y escritora.
(**) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y promotor de la denuncia penal por la firma del decreto 929/13

Impunidad ambiental, fracking y relato


PETROLEO Y GOBIERNO  

Impunidad ambiental, fracking y relato



Hay dos cuestiones muy preocupantes a la hora de analizar el tema de la indemnización a Repsol y el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, mediante el fracking, en nuestro país.
La primera se refiere a la impunidad ambiental. En 2012, poco después del anuncio de la expropiación a Repsol, el entonces subinterventor de YPF, Axel Kicillof, afirmó que el país no pagaría lo que la empresa española pretendía y que además se descontarían los pasivos ambientales. Desbordantes de entusiasmo, los gobernadores de las provincias petroleras comenzaron a hacer cálculos, prestos a competir en declaraciones impactantes: en Santa Cruz, Daniel Peralta estimó la existencia de un pasivo ambiental de US$ 3 mil millones. Martín Buzzi, de Chubut, consideró que “será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias”. Sólo en Comodoro Rivadavia, consignaba el intendente Néstor Di Pierro, Repsol mantiene “una deuda de casi $ 200 millones, y además hay un pasivo ambiental por el paso del oleoducto de casi 3 mil pozos”. El ministro de Energía y Ambiente de Neuquén estimó que las proyecciones alcanzarían los US$ 1.500 millones… Redoblando la apuesta, en noviembre de ese año Kicillof presentó el denominado Informe Mosconi en la Biblioteca Nacional, donde constaba el reconocimiento del daño ambiental realizado por Repsol.
Sin embargo, ante la urgencia de negociar con Chevron, el Gobierno fue moderando el tono de los reproches. Así, el concepto de pasivo ambiental, que tuvo una entrada sorpresiva y fulgurante, desapareció por completo del discurso gubernamental y a la hora de acordar la indemnización con Repsol, en el oficialismo nadie volvió a mencionarlo. Una vez más triunfa entonces la impunidad ambiental, aunque también el cinismo político. Con ello, como viene sucediendo desde siempre, los pasivos ambientales se terminan socializando y toca a la población pagar con su salud, sus ecosistemas y sus territorios.
La segunda cuestión preocupante se refiere a la intensa campaña comunicacional que el Gobierno viene realizando, a través de YPF, a favor del fracking, al identificar deliberadamente empresa nacional, soberanía energética y defensa del shale gas. No sólo en 2013 YPF financió un número completo de la revista National Geographic e hizo una vasta propaganda televisiva (que incluyó un personaje central en una telenovela), sino que también este verano colocó un simulador del fracking en Pinamar con el objeto de “desmitificar algunas de las ideas que giran en torno al procedimiento de estimulación hidráulica, como que se ponen en riesgo las napas de agua y se utilizan químicos peligrosos”.
La ofensiva comunicacional en clave nacionalista es tal, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para expresar sus posturas. Pareciera ser que el fracking, además de “necesario”, ahora es “bueno”… Una excepción en este escenario cada vez más monocorde es la del obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, quien hace unos días difundió una cartilla para advertir sobre los “temores” que suscita el fracking en muchos países, así como sobre la escasa credibilidad de las empresas y del gobierno neuquino en la explotación hidrocarburífera. Bressanelli colocó dudas y preguntas razonables, haciendo hincapié en el principio precautorio, la falta de licencia social de parte de las poblaciones y la criminalización de la protesta.
En suma, además de la “deuda buena” (por el pago de la indemnización a Repsol), pareciera ser que ahora tenemos también el “buen fracking”. En realidad, estamos frente a la construcción de un nuevo relato mistificador, a partir del cual el Gobierno busca trasmitir certezas y apunta a ahogar cualquier intento de crítica al fracking, en un campo donde, en rigor, hay muy malos antecedentes (en Estados Unidos) y una gran incertidumbre.
*Investigadora y escritora, Conicet. / **Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Indemnizar a Repsol, socializar los pasivos ambientales


Columnistas


Indemnizar a Repsol, socializar los pasivos ambientales

22/03/2014



MARISTELLA SVAMPA (*) y ENRIQUE VIALE (**)
Cuando se anunció públicamente la expropiación del 51% de las acciones de YPF, desde Plataforma 2012 señalamos que no existía ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el precio de expropiación los daños terminarían siendo socializados, es decir, trasladados colectivamente a la sociedad.
En plena euforia estatizante, poco después del anuncio de la expropiación a Repsol, el entonces subinterventor de la compañía, Axel Kicillof, afirmó que el país no pagaría lo que la empresa española pretendía y que además se descontarían los pasivos ambientales. La noticia de que el gobierno planificaba auditar los pasivos ambientales dejados por Repsol causó un gran revuelo y no fueron pocos los voceros políticos y mediáticos del oficialismo que iniciaron una rápida recolección de datos a fin de cuantificar el "daño ambiental". "Actualmente, el rojo de Repsol en YPF asciende a cerca de u$s 15.000 millones, u$s 9.000 en concepto de pasivo financiero y el resto (más de u$s 6.000 millones) en daños al medioambiente en las principales provincias petroleras", escribía un columnista en un diario oficialista en abril de 2012.
Desbordantes de entusiasmo, los gobernadores de las provincias petroleras desempolvaron los informes ambientales y comenzaron a hacer los cálculos, prestos a competir en declaraciones impactantes: en Santa Cruz, Daniel Peralta estimó la existencia de un pasivo ambiental del orden de los u$s 3.000 millones. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, consideró que "será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias". Sólo en Comodoro Rivadavia, consignaba el intendente Néstor Di Pierro, Repsol mantiene "una deuda de casi $ 200 millones y además hay un pasivo ambiental por el paso del oleoducto de casi 3.000 pozos". En ese entonces, el ministro de Energía y Ambiente de Neuquén estimó que, si bien el pasivo aún no estaba monetarizado, las proyecciones indicaban que éste alcanzaría los u$s 1.500 millones. 
Claro que tanto entusiasmo resultaba paradójico, por no decir sobreactuado y falaz, habida cuenta de que, desde los 90, la mayor parte de las denuncias realizadas por comunidades afectadas, pueblos originarios y organizaciones ambientalistas fue sistemáticamente ignorada por los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, lo cual alcanza de pleno a la administración kirchnerista.
Así, el concepto de "pasivo ambiental" tuvo una entrada sorpresiva y fulgurante pero igualmente fugaz... Evidentemente el oficialismo encontró que no era conveniente seguir insistiendo en el tema debido a la existencia –real y potencial– de tantos reclamos de carácter socioambiental. A esto se sumó que el argumento pronto dejó de ser funcional en la puja con Repsol. Los tiempos fueron moderando el tono de los reproches ante la urgencia de negociar con otros operadores petroleros, como Chevron, para explotar Vaca Muerta.
En esta misma línea puede interpretarse la embestida del senador Miguel Ángel Pichetto a Gabriel Cherqui, representante de la comunidad mapuche Kaxipayin, durante el tratamiento en comisión del "Convenio de Solución Amigable" entre YPF-Repsol en el Congreso nacional. El senador le señaló que "su comunidad tiene acuerdos de trabajo con YPF", algo que Cherqui reconoció porque "no hay otra opción, no nos han dejado ninguna otra forma de vida". Recordamos entonces la conversación que tuvimos con un abogado de las comunidades, hace dos años, viajando por la estepa chubutense. Le preguntamos cómo veía la relación entre las empresas (petroleras, mineras) y las poblaciones indígenas. El abogado nos miró dos veces, respiró hondo y comenzó a hablar: "Las cosas son así. Las empresas llegan con todo el aval del gobierno, se presentan ante las comunidades indígenas y les dicen: 'Hola. Vamos a hacer el amor. Ustedes pueden elegir cómo y dónde: si quieren que sea en una pieza destartalada o en un hotel de lujo de cinco estrellas, si quieren que sea con la luz apagada o con la luz prendida, si quieren que sea de día o de noche. Pero que quede claro: vamos a hacer el amor'". Mientras lo observábamos, muy impresionados, él continuaba: "Lo dije en forma elegante, pero el verbo que se utiliza es otro, mucho más rudo...".
El breve pero contundente relato del abogado sirve para advertirnos acerca del violentamiento original que subyace en la relación empresas-comunidades indígenas, algo que incluye además al propio Estado y que seguramente está lejos de ser ignorado por el experimentado senador Pichetto.
En conclusión, triunfó una vez más la impunidad ambiental y también el cinismo político, pues las cláusulas de "desistimiento, renuncia e indemnidad" establecidas en el convenio entre YPF y Repsol no sólo eximen de responsabilidad a esta última sino que terminan socializando los pasivos ambientales y seremos el conjunto de los ciudadanos los que pagaremos entre todos, con nuestra salud, ecosistemas y territorios.
(*) Investigadora del Conicet y escritora. (*) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

http://www.rionegro.com.ar/diario/indemnizar-a-repsol-socializar-los-pasivos-ambientales-1923621-9539-nota.aspx

ALAI, América Latina en Movimiento

12-02-2014

Primer Tribunal para Defenderlos

La Madre Tierra tiene derechos

Enrique Viale,  et al.
Clasificado en:  Política: DerechosHumanos, |   Internacional: Internacional, |  Social: Social, MedioAmbiente, |
Disponible en:  Español       
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“Este Tribunal, como una semilla, ofrece un potencial para poder cambiar nuestros caminos. Como un proceso continuo para reflexionar, redefinir, cambiar los paradigmas. Porque el camino actual es, predeciblemente, el camino de la extinción. El Tribunal nos permite reflexionar sobre otras posibilidades de la supervivencia humana en este planeta”.
 
Vandana Shiva
 

Por Enrique Viale, abogado ambientalista argentino; Horacio Machado, 
sociólogo argentino, y Alberto Acosta, economista ecuatoriano.



Hacia un cambio civilizatorio
 
El concepto jurídico de otorgar derechos a los seres humanos, en un momento de la historia, vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo. Un paso revolucionario para enfrentar los absolutismos. Era el individuo el sujeto de derechos. Sin embargo, esto condujo a despojar al individuo de su comunidad y de su entorno. Los seres humanos se colocaron -figurativamente hablando- al margen de la Naturaleza. Y desde esa posición asumieron el papel de conquistadores y dominadores de la Naturaleza. Los derechos sobre la propiedad privada completaron este proceso. Y con esta concepción se consolidó a la par el capitalismo.
 
Es por eso que el otorgar derechos a la Naturaleza no solo supone abandonar una idea de conquista, de colonización y de explotación de la Madre Tierra, sino que nos conmina a replantear el actual modelo de acumulación, que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida”, como nos recordaba el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Los Derechos de la Naturaleza, por lo tanto, nos plantean un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas antropocéntricas dominantes. Cuestiona el capitalismo que en esencia aceleró el divorcio de los seres humanos con la Naturaleza. Y nos obliga a pensar en otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo que se construyen democráticamente sociedades más humanas y sustentables.
 
En línea con la propuesta del buen vivir o sumak kawsay, que emerge desde los países andinos, se trata de construir una sociedad sustentada en la armonía de las relaciones de los seres humanos con la Naturaleza, de los seres humanos consigo mismos y de los seres humanos con los otros seres humanos. Eso no implica una visión milenarista de un paraíso armónico. Este proceso no excluye las luchas sociales. Luchas que son múltiples y diversas, como son múltiples y diversas las formas de explotación, dominación y exclusión provocadas por el capitalismo.
 
Lo que debe quedar claro es que la relación armoniosa con la Naturaleza es un aspecto clave en la construcción del buen vivir. Esta es una postura biocéntrica que se basa en una perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno. Todos los seres tienen un valor aún cuando no sean de utilidad para los humanos.
 
A lo largo de la historia del derecho, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos a los afros, a las mujeres y a los niños y niñas fueron una vez rechazadas por ser consideradas como un absurdo. Se ha requerido que a lo largo de la historia se reconozca “el derecho de tener derechos” y esto se ha conseguido siempre con un esfuerzo político para cambiar aquellas visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. Es curioso que muchas personas, que se han opuesto a la ampliación de estos derechos, no tienen empacho alguno en se entregue derechos casi humanos a las personas jurídicas… una de las mayores aberraciones del derecho.
 
Desde esa perspectiva, aceptar que la Naturaleza tenga derechos -propios, por lo demás- se enmarca en la lucha de la Humanidad por la ampliación permanente de los derechos. Por lo tanto no debería sonar extraño que los humanos busquemos garantizar nuestra existencia en el universo a partir de una legislación que empiece por favorecer a quien proporciona nuestro sustento, nuestra Madre Tierra o Pachamama.
 
Mirar al agua, a la tierra, a los ecosistemas, en suma a todos los seres vivos como sujetos de derechos, supone un cambio civilizatorio. Y ese cambio, en realidad, propugna un reencuentro de los seres humanos con la razón. Bien anotaba uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza (1632-1677), quien, en contraposición con la posición teórica sobre la racionalidad de la modernidad, reclamaba que“cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”.
 
Entre los Derechos de la Naturaleza consagrados tanto en la Constitución del Ecuador del año 2008, como en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada por 35.000 personas en la Conferencia Mundial en Cochabamba, el 20 de abril de 2010, se encuentran: el derecho de la Naturaleza a existir y ser respetada; a mantener sus ciclos vitales y procesos evolutivos; a la regeneración y restauración integral e inmediata; a que no se afecten sus estructuras genéticas, entre otros.
 
Para empezar a hacer realidad esos derechos, en el marco de un proceso de profundo cambio civilizatorio, el viernes 17 de enero del presente año, se instaló el primer Tribunal Ético Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra. Su sesión inaugural fue en Quito, en Ecuador, el país en el que se reconocieron por primera vez estos derechos a nivel Constitucional.
 
La iniciativa surgió y fue la expresión de la acción coordinada de un amplio conjunto de movimientos y organizaciones sociales de distintos rincones del planeta, todos movilizados por la voluntad de hacerse eco de los Gritos de la Tierra ante las agresiones que la Madre Naturaleza viene sufriendo desde los últimos cinco siglos, sistemáticamente y cada vez con más intensidad, en nombre del “progreso”. Este Tribunal, pionero en la búsqueda de construir caminos de Justicia Global frente a los delitos contra la Vida en sus fuentes, se constituyó como una plataforma permanente para escuchar y juzgar casos de violación a los derechos de la Madre Tierra sucedidos alrededor del mundo.
 
Vandana Shiva, reconocida física, ecofeminista, activista ambiental y autora de un sinnúmero de publicaciones, presidió este histórico Tribunal junto con otros nueve jueces y juezas provenientes de siete países y cinco continentes. El Tribunal escuchó nueve casos contundentes que solicitaban su admisión debido a las violaciones a la mencionada Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Para los casos de Ecuador, los presentadores también resaltaron las violaciones a la Constitución del Ecuador; cabe señalar que la universalidad de los Derechos de la Naturaleza, tal como sucede con los Derechos Humanos, permite recuperar los derechos de la Constitución ecuatoriana para proyectarlos a nivel de todo el planeta.
 
Un proceso expedito y profundamente documentado
 
El fiscal especial de la Tierra, Ramiro Ávila, de Ecuador, dio inicio al Tribunal. Este se abrió convocando el testimonio de dos expertas sobre la importancia fundamental de los Derechos de la Naturaleza. Al estrado pasaron las indígenas del Abya-Yala: Casey Camp-Horinek, Ponca de Oklahoma, EEUU, y Patricia Gualinga, representante del pueblo indígena kichwa de Sarayaku de la Amazonía ecuatoriana. Sus alegatos ratificaron la necesidad del reencuentro de los seres humanos con la Naturaleza desde las vivencias y prácticas de las comunidades indígenas, que asumen cotidianamente su pertenencia con y en la Naturaleza, en suma que aceptan formar parte de ella.
 
A continuación, se avocó al tratamiento de casos considerados emblemáticos en la violación a los Derechos de la Naturaleza. Se presentaron seis casos puntuales: la contaminación del caso Chevron-Texaco (Ecuador); el derrame de la British Petroleum (BP) en la plataforma Deep Horizon (EEUU); el proyecto de extracción de petróleo en el Yasuní-ITT (Ecuador); la amenaza contra el Gran Arrecife de Coral debido a la minería de carbón (Australia); la minería metálica a cielo abierto en la cordillera del Cóndor, el caso del yacimiento Mirador (Ecuador); los casos de fractura hidráulica (EEUU). Se admitieron además dos casos de escala global que representan violaciones sistémicas de los Derechos de la Madre Tierra: la amenaza de los organismos genéticamente modificados o transgénicos y el cambio climático.
 
Como corolario de estas presentaciones, Pablo Solón, director ejecutivo de Focus on the Global South, que presentó magistralmente el caso del Cambio Climático Global destacó que éste está afectando prácticamente a todas las áreas de la vida en el planeta y que es preciso iniciar un proceso en contra de los principales responsables de tanta devastación ambiental y social, que afecta a los Derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos. Solón insistió en llevar a juicio a los gobiernos de los países industrializados, a las grandes corporaciones transnacionales, e inclusive a Naciones Unidas, como representantes del capitalismo tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.
 
Igualmente se conoció sobre la persecución contra los defensores de la Naturaleza en Ecuador, como un caso de preocupante actualidad en muchas partes del planeta.
 
Terminadas las presentaciones por parte de profundos conocedores de cada uno de los casos, el fiscal especial de la Tierra, Ramiro Ávila, nos recordó que los sistemas vivos de la Tierra, incluyendo a la Humanidad, estamos pasando crisis múltiples evidenciadas por el creciente cambio climático, la extinción masiva de especies, la deforestación, la desertificación, el colapso de la pesca, los contaminantes tóxicos, con consecuencias trágicas que afectan todas las formas de vida. Cambios que son atribuibles, como lo demostró el Panel de Cambio Climático, a la acción de los propios seres humanos, sobre todo organizados dentro de la civilización capitalista.
 
En los sistemas legales mundiales, la Naturaleza es considerada un objeto, una cosa susceptible de propiedad, en la que se otorga a su dueño el derecho a destruirla para obtener ganancias económicas. Los Derechos de la Naturaleza reconocen que los animales, las plantas, el suelo y los ecosistemas no pueden ser simplemente objetos de propiedad sino que son seres con el derecho inherente a existir. Las personas, pueblos, comunidades y autoridades tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos en el nombre de la Naturaleza. Esta visión jurídica es consistente con los conceptos de los pueblos indígenas sobre las leyes naturales, las instrucciones originales, así como con reconocer que los seres humanos somos parte de la Naturaleza, y sobre todo somos uno en el ciclo de la vida. Otorgar derechos a la Naturaleza, como se anotó antes, supone garantizar nuestra propia existencia. El fiscal de la Tierra, al concluir su profunda y sentida intervención, argumentando sostenidamente en derecho, solicitó al Tribunal que se admitan estos casos en nombre de los ecosistemas afectados, así como de los pueblos que dependen de ellos.
 
Los primeros miembros del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra fueron: Alberto Acosta, economista y ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador; Blanca Chancoso, lideresa kichwa y educadora de Cotacachi, Ecuador; Cormac Cullinan, abogado y autor (Ley Salvaje, Wild Law), Earth Democracy Coop, Cape Town, South Africa; Tom Goldtooth, Dine’/Dakota director de Indigenous Environmental Network de Minnesota, EEUU; Julio César Trujillo, abogado constitucionalista representante de Yasunidos, Ecuador; Elsie Monge, activista de Derechos Humanos y Presidenta de CEDHU y FIDH, Ecuador; Atossa Soltani, fundadora y directora de Amazon Watch, EEUU; Enrique Viale, abogado ambientalista y activista de Argentina; y Tantoo Cardinal, actriz (Danza con Lobos) y activista contra las arenas bituminosas, Canadá.
 
En esta primera sesión del Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza participaron representantes de Australia, Suiza, Sudáfrica, Estados Unidos, España, Canadá, India, Rumania, Bolivia, Argentina e Inglaterra, Colombia, Alemania, Francia, así como de Ecuador.
 
Un reconocimiento oportuno
 
Resultó coherente que el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza se origine en Ecuador, primer país en reconocer estos derechos en su Constitución. Es irónico, sin embargo, que Ecuador haya abandonado su liderazgo y su compromiso de respetar los Derechos de la Naturaleza establecidos en su Constitución, que fuera aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas.
 
El Gobierno de Ecuador actualmente promueve la ampliación de la explotación petrolera y la minera a gran escala amenazando tres millones de hectáreas de sus bosques amazónicos remanentes, mientras activa una sistemática campaña contra aquellas personas y organizaciones que defienden los derechos de la Madre Tierra. La criminalización de la resistencia popular -derecho consagrado en la Constitución- es la herramienta gubernamental para seguir ampliando el extractivismo: megaminería, petróleo, agrocombustibles, etc.
 
Durante su sólida argumentación para admitir al caso Yasuní-ITT y debido a las amenazas urgentes, el Tribunal aceptó establecer una sala especial para procesar inmediatamente ese tema y el caso del hostigamiento a los defensores de la Naturaleza, incluyendo a los recolectores de firmas para la consulta popular, con la que se quiere frenar la explotación del crudo en el Yasuní-ITT. Adicionalmente habría que considerar la suspensión de las actividades extractivistas en el bloque 31 y en el 43 (ITT) y una auditoría general para todas las actividades en el Parque Nacional Yasuní.
 
Vandana Shiva, presidenta del Tribunal, recogiendo el sentir de todo el Tribunal, condenó las acciones de la empresa petrolera Chevron-Texaco y se solidarizó con las comunidades indígenas que ganaron el caso contra dicha transnacional; igualmente reitero su posición de apoyo a mantener el crudo en el subsuelo del Yasuni-ITT: “Todo el mundo puede explotar petróleo pero Ecuador puede soñar y ser más ambicioso al tener Derechos de la Naturaleza en la Constitución y crear la visión del Yasuní-ITT”, concluyó.
 
Al cerrar el Tribunal, la doctora Shiva pidió que todos los casos que fueron admitidos por el Tribunal se profundicen “hasta que los derechos de la madre tierra se conviertan en el marco que gobierne nuestras vidas.” Y para finalizar señaló que actualmente, en muchas partes, “quienes viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta”.
 
Después de todo un día de sesión, con presentaciones y deliberaciones, el Tribunal, que contó con una asistencia de más de 400 personas, tomó la decisión unánime de admitir los nueve casos. Además estableció la fecha para la siguiente sesión del Tribunal para diciembre de 2014 en Lima, Perú, en ocasión de la XX Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
 
De esta manera, con la puesta en marcha de este Tribunal se empieza a cambiar la historia.-

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Infografía: Miriam García Torres.
 

Febrero de 2014
Por Enrique Viale, abogado ambientalista argentino; Horacio Machado, sociólogo argentino, y Alberto Acosta, economista ecuatoriano.


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